Por Magdiel Gómez Muñiz. Publicado en ContraRéplica.
Juan “ciudadano” padece la ciudad, camina con miedo, lo vulnera el deterioro de espacios públicos; se duele por la pésima infraestructura básica; el mal servicio en la recolección de la basura; el rezago en materia de transporte urbano; la imparable ola de inseguridad y el deterioro del medio ambiente. En pocas palabras, se vulnera el derecho a la ciudad y la protección social integral.
Huelga decir que el derecho a la ciudad es un concepto cada vez más relevante en un mundo en rápida urbanización. Fue introducido por el sociólogo francés Henri Lefebvre en la década de 1960 y se ha convertido en un enfoque importante para analizar y abordar los desafíos urbanos y sociales que enfrentan las comunidades en todo el mundo. En esencia, el derecho a la ciudad se refiere al derecho de todas las personas a participar en la vida y gestión de la ciudad, y a disfrutar de los beneficios de una urbe inclusiva, justa y sostenible.
En las últimas dos décadas, el crecimiento de las ciudades ha sido impresionante. Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas, y se espera que esta cifra aumente en 2030. Sin embargo, este rápido crecimiento también ha traído consigo una serie de desafíos y problemas. Muchas ciudades enfrentan problemas como la falta de vivienda asequible, la segregación espacial, el precario acceso a servicios básicos y la ausencia de oportunidades para ciertos grupos de población.
Bajo un enfoque sistémico, el derecho a la ciudad aborda la necesidad de crear ciudades más inclusivas y justas, donde todos tengamos igualdad de oportunidades para participar en la vida urbana y beneficiarnos de los recursos y servicios disponibles; al final para eso tributamos puntualmente. Esto implica abogar por políticas y prácticas urbanas que promuevan la igualdad de derechos, así como la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones sobre el desarrollo urbano.
Una ciudad que respeta y garantiza este derecho es una metrópoli que valora la diversidad y la inclusión. Es donde se fomenta la participación ciudadana en la planificación y toma de decisiones, también prioriza la sostenibilidad ambiental, reduciendo la huella ecológica.
Además, el derecho a la ciudad reconoce la importancia de proteger a los grupos vulnerables, como los migrantes, indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes a menudo enfrentan dificultades adicionales para acceder a servicios y oportunidades. Garantizar sus derechos en la ciudad es esencial para construir una sociedad más justa e inclusiva.
El derecho a la ciudad también va más allá de lo físico y lo material. También se refiere a la dimensión cultural y social, reconociendo la importancia de la vida comunitaria, la interacción social y la diversidad cultural. Una ciudad que valora y protege la identidad y las tradiciones de sus habitantes es una ciudad más rica además de propiciar un enfoque holístico y colaborativo. Esto implica la cooperación entre los gobiernos locales, la sociedad civil, el sector privado y otros actores relevantes.
En un análisis general, las Zonas Metropolitanas de Jalisco (Guadalajara, Ocotlán y Puerto Vallarta) tienen asignaturas pendientes, el problema consiste en que la mayoría de sus Presidentes Municipales, están con un pie en la siguiente campaña electoral, dejando de lado su función sustantiva de gobernar para los ciudadanos que viven en las ciudades que hoy se padecen. Al tiempo.