Por Andrés Chiriboga. Publicado en La Silla Rota.

Desde hace casi dos años, el Ecuador vive un proceso de inesperada transición. Luego de una década de la denominada “Revolución Ciudadana” liderada por el presidente Rafael Correa; el proceso electoral de 2017 parecía abrir la puerta a una suerte de continuidad con ciertos cambios. El candidato ganador fue el oficialista Lenín Moreno quien fue el primer vicepresidente de Correa.

Desde la campaña presidencial, Moreno había hablado ya de un cambio de estilo (menos confrontador y más propenso al diálogo), y habiendo ganado las elecciones con un apretado margen era de esperarse un llamado a la reconciliación política.

Sin embargo, el nuevo régimen enrareció el ambiente político mediante el discurso anticorrupción para justificar la persecución política, sus decisiones en beneficio de las élites, el endoso de la política económica al Fondo Monetario Internacional, desviar la atención sobre las decisiones tomadas en el plano de lo económico y social y, finalmente, al desgaste del Estado de Derecho que en Ecuador parecería ser ya solo un recuerdo.

Así por ejemplo, en la Proforma Presupuestaria para el año 2019, el gobierno incluyó importantes recortes a programas sociales prioritarios. En educación, por ejemplo, y a pesar de que la Constitución Ecuatoriana (vigente desde 2008) establece que el presupuesto para este sector deberá incrementarse anualmente en 0,5%, este fue disminuido dramáticamente.

Así mismo, durante 2018, el gobierno de Moreno puso en marcha la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, también conocida como “Ley Trole 3” pues conecta en una sola vía varias temáticas neoliberales para facilitar la liberalización de la economía y poner en marcha el régimen monetario dolarizado.

La “Ley Trole 3” busca posicionar, mediante el discurso de anticorrupción, el regreso del Fondo Monetario Internacional para “auxiliar” al Ecuador con sus préstamos en severas condiciones en pos de la “austeridad”.

La “cruzada anti-corrupción” del gobierno en turno empieza a mostrar bríos  de venganza y extorsión contra el ex presidente Correa y sus ex colaboradores. Esta herramienta, que cuenta con el apoyo casi unánime de los grandes medios de comunicación, también ha servido para desviar la atención de escándalos del gobierno de Moreno: semanas atrás, Moreno fue denunciado por una posible vinculación con una empresa offshore que en Ecuador es sumamente penado sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación creíble que aclara tal situación.

Ante ello, Moreno respondió que su gobierno ha creado una Comisión Internacional de Combate a la Corrupción. En tanto que el Contralor General se ha concentrado en una persecución contra el régimen anterior.


Andrés Chiriboga Tejada. Doctorando en Sociología por el Instituto de Estudios Política de Paris (IEP – SciencesPo). Colaborador de Integridad Ciudadana A.C., con posgrado en Sociología Económica en la London School of Economics (LSE) y en Finanzas en el TEC de Monterrey. Se desempeña como Investigador asociado al Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies (MaxPo) y el Observatoire Sociologique du Changement (OSC). Fue como Miembro de la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera del Ecuador en representación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo entre 2015 y 2016 @AndresChiriEc www.andreschiriboga.com

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