Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en El Novedades.
Algo está pasando con las instituciones electorales en México, tanto el INE como el Tribunal Electoral parecen haber entrado a un letargo en el que son incapaces de actuar e imponer medidas y castigos más estrictos a los actores políticos que reiteradamente violan las reglas del juego, hoy ante la simulación que constituyen los procesos internos en Morena y el Frente, la autoridad electoral parece estar ausente y es incapaz de actuar y frenar la ilegalidad.
El acoso ejercido por el poder presidencial a las autoridades electorales ha generado desgaste, un debate en el que lejos de encontrar puntos de acuerdo ha generado mayor polarización, desde la puesta en marcha de las figuras de democracia directa a nivel federal ha quedado claro que la ciudadanía no necesariamente está interesada en participar en ejercicios confusos como las consultas sobre los expresidentes, o en ejercicios como la revocación de mandato, una figura sin sustancia, promovida desde las instancias gubernamentales, ante la escasa participación en estos dos ejercicios el presidente López Obrador inició una ofensiva en contra de las instancias electorales a las que acusó de sabotear los procesos.
Una de las certezas con las que la ciudadanía creía contar es que en el momento preciso las instituciones electorales actuarían con firmeza para detener las irregularidades, así lo hicieron al negar el registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Gurrero o de Raúl Morón por el mismo partido en Michoacán, en un momento en el que el oficialismo contaba con todo el poder y el apoyo popular.
En el momento de mayor acoso al INE, durante la discusión del Plan B en el que el oficialismo pretendió desaparecer al INE, la ciudadanía salió a marchar en la defensa del INE, al grito del INE no se toca, miles de ciudadanos marcharon en todo el país para exigir que se respetará la independencia y la estructura de uno de los actores más importantes en materia electoral.
Pero bastó el cambio de cuatro integrantes del Consejo General del INE, entre ellos la presidencia de dicho Consejo, para que la dinámica cambiara, hoy no se sabe con certeza si hay un árbitro que pueda establecer el orden entre los actores de la futura contienda electoral, lo que es un hecho es que con las señalas que se envían con sus decisiones definitivamente afectarán la contienda electoral.
En principio el Instituto Electoral ha dado luz verde para que los partidos continúen con sus procesos internos para elegir al coordinador de la defensa de la transformación y al representante del Frente Amplio. La decisión en días pasados fue ratificada por el Tribunal Electoral, no por unanimidad, la magistrada Janine Otálora propuso frenar dichos procesos ya que constituyen un “intento de fraude a la ley”, pero la mayoría de los magistrados rechazaron dicha propuesta.
En días reciente la Comisión de Quejas rechazó imponer medidas cautelares por violencia de género al presidente López Obrador, una de las aspirantes por el Frente, Xóchitl Gálvez, denunció que el presidente en sus conferencias mañaneras la ha llamado “títere” y que ella obedece a “un grupo de hombres”, pero los consejeros de dicha comisión con excepción de la consejera Claudia Zavala, consideran que las expresiones de López Obrador forman parte de un “debate político duro”.
En el caso del Tribunal pidió al INE que dicte medidas para regular el proceso que establezca reglas para fiscalizar los procesos en Morena y el Frente, una medida tardía si se toma en cuenta el dispendio en recursos por parte del oficialismo en la organización de eventos y en la colocación de espectaculares por todo el país.
Lo que hoy parece quedar claro es que el árbitro electoral no está actuando y cuando lo hace lo hace tarde, el árbitro tiene dos opciones: aplicar la ley de forma literal y muchos consejeros y magistrados han tomado ese camino señalando que no se puede sancionar a ningún actor porque no se está dentro de los tiempos para hacer campañas; el otro camino consiste en hacer una interpretación amplia de la ley y pensar en el daño que se le puede generar a la aún joven democracia mexicana, ese segundo camino sería el más benéfico para demostrar que nadie puede estar por encima de la ley, pero ni en el INE ni el Tribunal muchos de sus integrantes parecen dispuestos a interpretar la ley.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana. @ivarrcor