Ha empezado a circular el libro El rey de cash (Grijalbo, 2022) en el que la escritora Elena Chávez relata lo que hasta el momento ha sido un secreto que el presidente López Obrador no ha querido revelar, la forma en que financió su movimiento político durante los 12 años que transcurrieron entre que dejó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y ganó la presidencia de la República.

El libro fue escrito por la expareja del actual subsecretario de Gobernación, César Yáñez, una de las personas más cercanas a López Obrador durante buena parte de su trayectoria política. El libro no ofrece pruebas documentales, solo el testimonio de una persona que vivió de cerca junto a un incondicional del presidente el ascenso de éste al poder.

Entre los detalles reveladores del libro, la escritora explica el mecanismo de financiamiento del movimiento de López Obrador, las actividades políticas del presidente fueron financiadas con recursos públicos provenientes del gobierno de la Ciudad de México y de políticos de izquierda, todos los recursos públicos fueron entregados en efectivo, de ahí el nombre de “cash”.

Evidentemente el presidente ha desacreditado la publicación y lejos de desmentir lo dicho en el libro, ha señalado que “no hay pruebas”, que el libro “es un acto de deshonestidad intelectual” y que nada lo daña porque “yo tengo pues un escudo protector, que es mi honestidad».

Ante lo acontecido en este episodio se podría hacer un ejercicio de retrospectiva y preguntarse ¿Qué habría pasado sí López Obrador no hubiera ganado la elección presidencial de 2018 y la gana alguno de sus contrincantes? ¿Cuál habría sido la reacción del grupo que actualmente está en el poder ante la publicación de un libro en el que se denuncia una red de desvío de recursos públicos para apoyar a ese contrincante?

¿Qué habría pasado en el Congreso? seguramente el grupo parlamentario de legisladores de Morena, iracundos, tomarían la tribuna y denunciarían al gobierno espurio y el saqueo a la nación, en voz de una de sus lideres, Citlalli Hernández, exigiría juicio político al presidente en turno y la instalación una comisión especial para investigar el caso. También pediría que la contraloría de la Ciudad de México investigue el caso y encarcele a los funcionarios responsables.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se sumaría a las protestas, instalando un plantón en el Zócalo e iniciaría una huelga de hambre hasta que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables. Mientras Epigmenio Ibarra denunciaría en redes sociales cómo el aparato de Estado utiliza todos los recursos a su alcance para detener el ascenso de López Obrador.

En la FGR, Gerardo Fernández Noroña armaría un zafarrancho por no ser atendido por el fiscal general, se encadenaría a la puerta de la entrada principal en Avenida Insurgentes y sus huestes bloquearían los accesos a las instalaciones por varias semanas, hasta que no se hagan las investigaciones correspondientes y se giren ordenes de aprehensión.

Marcelo Ebrard viajaría a Nueva York para denunciar ante la Secretaría General de la ONU la rampante corrupción que hay en México y exigiría a la ONU un posicionamiento para condenar el caso de corrupción más grande que se haya registrado en México en tiempos recientes. Al reclamo de Ebrard se sumarian la solidaridad de Evo Morales y Nicolas Maduro.

Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, reclamaría a la institución su pasividad ante el caso y exigiría a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE que haga su trabajo e investigue el desfalco a la nación, mientras que al Tribunal Electoral le exigiría castigar a los responsables ejemplarmente, con la mayor sanción, quitar el registro a los partidos políticos que estuvieron involucrados.

El acto final sería la convocatoria a una gran concentración nacional en el centro de la Ciudad de México, en la que el eterno candidato López Obrador llamaría a la formación de un Frente cívico de resistencia ante la descomposición del régimen, culparía al INE, a la Suprema Corte de Justicia, a la FGR y al Tribunal Electoral de estar coludidos con la mafia del poder y emplazaría a dichas instituciones a dar una respuesta inmediata antes de iniciar un paro nacional.

Afortunadamente para el oficialismo nada de esto va a ocurrir, en el pasado no necesitaban de “pruebas” para denunciar una irregularidad del sistema, hoy el grupo en el poder actúa sin el menor pudor, lo que ayer condenaban hoy lo aplauden, no les interesa ni aclarar ni dar explicaciones, retan a sus adversarios a que muestren pruebas de lo que se dice en el libro.

Las instituciones encargadas de impartir justicia en el país se encuentran doblegadas ante el poder presidencial, prácticamente ninguna de ellas actuará en contra del presidente a pesar de las revelaciones del libro, el oficialismo luce altanero y soberbio porque sabe que saldrá impune. No hay interés por parte de los implicados en romper el pacto de silencio, ya sea por temor o conveniencia, aderezado por la complicidad de funcionarios y supuestos intelectuales que señalan que todo se trata de un ataque sin fundamento contra su líder.

El libro explica en parte lo que el presidente no puede, el origen de sus ingresos en su época como opositor, la honestidad valiente es en realidad falaz, todo lo juzga y justifica a través de un doble rasero, si el desvío de recursos públicos es para la transformación del país, son “donativos”, si el desvío es para la oposición, es un delito que hay castigar concluye el mandatario. El escudo del presidente a pesar de lo que diga se encuentra abollado y la verdad tarde o temprano caerá por su propio peso.

Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana. @ivarrcor @Integridad_AC

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