Por Francisco Javier Acuña Llamas. Publicado en El Heraldo de México.
La salud como derecho es un bien impredecible, aleatorio, volátil, escurridizo; pero debe haber elementos científicos para su protección efectiva y, para en su caso, hacer posible la defensa de las víctimas de una omisión médica directa e indirecta
El Estado debe asegurar que en su espacio exista la factibilidad para que haya un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para las enfermedades y un esquema funcional para la atención de las emergencias médicas por causas naturales o por algún incidente o accidente que pongan en peligro la vida de cualquiera.
Apenas comenzamos a dimensionar los efectos colaterales de la pandemia por covid19 (2020-2022). La tragedia tuvo causas eminentemente científicas y efectos destructivos de muy diversa índole. ¿Quién o quiénes no hicieron lo indicado? ¿Quién o quiénes mintieron? ¿Eso es intrascendente? O simplemente ¿borrón y cuenta nueva? Cabe establecer responsabilidades por aquello que pudiendo evitarse no se hizo por conveniencia inmediata o política.
Ligado al origen del virus y sus poderosas características y luego las mutaciones del mismo en cepas más o menos mortíferas, el primer factor de la desgracia es aquel que se calcula en perdidas de vidas humanas (que es el aspecto irreversible); en la otra cara del problema, los daños materiales.
La cuestión es despejar la duda razonable: si durante casi dos años de pandemia por covid 19, hubo o no estrategia para alumbrar el camino en medio de las tinieblas y para poner a salvo a los más posibles. Ahí está buena parte de la respuesta al dilema. ¿Hubo acciones inmediatas para asegurar hábitos ciudadanos consecuentes como el aislamiento, la higiene constante de manos y el uso de cubrebocas? ¿Hubo certidumbre social a partir de indicaciones científicamente responsables? ¿Existe según los saldos de muertes una proporción calculada de intervenciones adecuadas en otros entornos?
POR FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS
ANALISTA Y CATEDRÁTICO DE LA UNAM
@F_JAVIER_ACUNA