Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en ContraRéplica.

Arrancan las campañas electorales en medio de una de las coyunturas más criticas que vive el país en materia de seguridad y en los cambios en el régimen que se podrían dar a partir del resultado de la elección. El proceso inicia marcado por el desafío por parte de los actores políticos a las reglas electorales, acompañado de una actuación cuestionable de las autoridades electorales que han sido incapaces de detener las conductas contrarias a la norma tanto de gobernantes como de las personas que son candidatas.

El primer riesgo que plantea la elección presidencial es la violencia política, que amenaza con convertir a este proceso electoral en el más sangriento de la historia, hasta el momento han asesinado a 19 candidatos sin que las autoridades hayan dado con los responsables.

El mayor peligro, como ya lo han expresado diversos estudios como el de Integralia, es que el crimen organizado termine capturando importantes posiciones de poder, imponga candidatos, financie campañas y tenga un control absoluto sobre el territorio de municipios y gubernaturas, todo ante la mirada indolente de las autoridades.

Muchos cuestionamientos se han hecho al plan de seguridad para proteger a los candidatos, los mejor blindados son las personas que contenderán por la presidencia de la República, pero en el caso de los municipios, que son el eslabón más débil del Estado mexicano, la situación es distinta ya que son los más expuestos y los que mayor riesgo corren al hacer campaña.

Pero no son los únicos que están en riesgo, durante las campañas miles de capacitadoras y capacitadoras del INE y de los órganos electorales recorrerán el país buscando a los ciudadanos que salieron sorteados para participar como funcionarios de casilla, el riesgo que correrán estas personas también será enorme, por lo que convendría que las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinen de manera adecuada para cuidar el desarrollo del proceso electoral en su conjunto.

El segundo riesgo se encuentra en la actuación de las autoridades electorales, en los últimos meses hemos sido testigos de como tanto en el INE como en el Tribunal Electoral se han dado divisiones al interior de dichos organismos, si bien las diferencias son naturales en cualquier institución, lo que no es natural es que las autoridades actúen de forma parcial, lo que está en juego es mucho y una elección cuestionada provocará serios problemas de cara al futuro.

Además, estas instituciones se encuentran sujetas a los cuestionamientos de las principales fuerzas políticas, para el oficialismo son instituciones onerosas, que es necesario reducirlas o transformarlas desde la raíz; para la oposición, a partir de los cambios en las presidencias tanto del INE como del Tribunal Electoral, el principal cuestionamiento, se encuentra en la imparcialidad de las personas que se encuentran al frente de estos organismos, la inconformidad con la actuación del arbitro electoral podría llevar a cambios inciertos.

El tercer riesgo se encuentra en la actuación de los actores políticos durante el proceso electoral, al menos en 30 ocasiones el presidente de la República ha sido sancionado por la Sala Superior del Tribunal Electoral por violaciones a la ley electoral, por hacer promoción de la candidata de su partido o referirse a la candidata del bloque opositor. Mucho se ha cuestionado si esta será una elección de Estado, pero el principal riesgo que se corre es que esta sea una elección inequitativa por la promoción que se pueda hacer en las conferencias mañaneras o en los medios públicos a favor de la candidata del oficialismo.

En este escenario parece configurársela la tormenta perfecta, un proceso que en condiciones normales debería de concluir con el cambio de poder de manera pacífica y ordenada, podría convertirse en el proceso más cuestionado de la historia por las evidentes violaciones a la ley electoral que se han dado en las etapas previas, inclusive los magistrados del Tribunal Electoral han mencionado que las elecciones se podrían anular por la participación de grupos de la delincuencia organizada.

En estas condiciones el escenario se vuelve sumamente complejo, a partir de 2018 se dio uno de los cambios más importantes en el país, que trajo un proceso de alternancia en el poder sin cuestionamientos por parte de los actores políticos y con unas elecciones catalogadas como limpias, en tan solo seis años el país parece haber experimentando un retroceso en materia democrática, sería importante para todos los actores políticos que por el bien de la nación el proceso electoral se desarrolle de manera pacífica y dentro de la legalidad, de lo contrario es posible que México tome un camino sin retorno al autoritarismo.

Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC

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