Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en Etcétera.
Con el inicio del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados se reiniciará no el debate sino la imposición del Plan B, una reforma que pretende eliminar la estructura permanente en la que el INE se apoya para organizar las elecciones y disminuir el personal del Servicio profesional Electoral, con esta reforma se abre la puerta para crear incertidumbre en la organización y realización de las elecciones.
Poco a poco ha ido quedando claro cuál es la verdadera naturaleza de la llamada Cuarta Transformación, lo que en un inicio se vendió a la ciudadanía como un movimiento contra la corrupción y los privilegios, hoy queda claro que se trata de un movimiento antidemocrático, que en su base tiene la voluntad de un solo hombre, el presidente de la República, que todos los días sale a decirle a la ciudadanía que él encarna la voluntad del pueblo y que encabeza una transformación, transformación que en realidad tiene como fin primordial crear un sistema político inequitativo, en el que se imponga quien tenga el control del poder.
La gente más cercana que acompaña al presidente en esta aparente transformación, es en realidad gente con escasa trayectoria, pero que se benefician del poder, repiten las mismas frases que el presidente, tergiversan, manipulan y tratan de manejar la verdad a su conveniencia.
Adán Augusto López, un político con escasa trayectoria pero que es amigo del presidente, es el flamante secretario de Gobernación que ordenó a los legisladores de Morena “destazar” al INE y lo hizo porque temen perder el poder político en algún momento, por eso todos los días sale a decir que el INE es una institución cara, que no se necesita una institución fuerte para organizar las elecciones porque el pueblo es el que se encarga de cuidar las elecciones.
El Plan B aprobado por Morena, es un plan a modo, que ayuda de dos formas al grupo político en el poder, al funcionario o funcionaria que haga campaña de forma anticipada, no se le podrá sancionar inhabilitándola para participar en una contienda electoral, cuando mucho se le podrá sancionar económicamente.
Un claro ejemplo de esto, es la felicitación por parte de un grupo de deportistas que aprovecharon la ocasión para enviar un saludo a Adán Augusto por redes sociales y que el secretario de Gobernación cobre notoriedad al frente de una secretaria en la que es evidente su falta de logros, no busca consensos, prefiere la polarización como su jefe.
El hacer campaña permanente sin sufrir ninguna sanción es una de las modificaciones centrales del Plan B y es una excelente noticia para todas las corcholatas de Morena, que con toda libertad pueden descuidar las funciones para las cuales fueron designados o elegidos y que en todo caso si se les debe sancionar no pasará de una simple multa económica, decisión que inclusive podrán impugnar.
Pero si el hacer campaña estando en funciones no es suficiente, el régimen pretende que la propaganda gubernamental si no está etiquetada presupuestalmente no sea considerada como tal. En tiempos de campañas, la propaganda gubernamental debe suspenderse, pero con la reforma esto ya no será necesario, en aras de proteger la “libertad de expresión” de los funcionarios públicos, estos podrán expresarse libremente y aprovechar los espacios y los recursos públicos para apoyar a sus candidatos favoritos o hacer campaña a favor de ellos mismos.
La aparente necesidad de tener procesos electorales más baratos es en realidad una fachada que pretende aprovechar el régimen para que desde las instancias oficiales de poder se puedan financiar las campañas políticas y atacar a los adversarios.
Un buen ejemplo es el de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, otro flamante miembro de la 4T, que utiliza los espacios de poder para espiar a sus adversarios y difundirlo semanalmente, al igual que Alito Moreno piensa que la prensa es un estorbo pero que se le puede controlar a cambio de prebendas, ella prefiere llamarle “dulces”. Sansores en días recientes fue espiada y lo que se reveló fue cómo la propia Layda operó junto con familiares para desviar recursos de la administración de Alito Moreno que fueron a parar a su campaña electoral, otro símbolo de “honestidad valiente”.
El régimen utiliza como pretexto el alto sueldo de los consejeros y el costo de las elecciones, pero la reforma que proponen no dice nada sobre el finaciamiento de campañas con recursos ilegales, eso se mantendrá como está porque cómo se ha visto beneficia a todos los funcionarios del régimen actual.
El momento que actualmente vive el país es delicado porque la reforma pretende debilitar la democracia en el país, de forma sarcástica el secretario de Gobernación dice que los únicos que perderán sus empleos son los consejeros salientes pero la afectación institucional y laboral será enorme, pero nada de eso es tomado en cuenta por la nueva clase política proveniente de la 4T que actúa sin ningún pudor. El papel que jugará la Corte en los próximos meses será vital para evitar que la organización y realización de las elecciones se vea amenazada por un grupo que ve en la competencia política la principal amenaza. La supuesta transformación lo que en realidad pretende es una apropiación del poder político.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana. @ivarrcor