Por Manuel Cifuentes Vargas. Publicado en Integridad Ciudadana.
La Constitución no tiene ideología, partido político, preferencias ni sesgos políticos, como tampoco obsequiosidades o predilecciones por determinados gobiernos. En la Constitución solo hay libertad, institucionalidad, dirección, conservación de la integridad del país, democracia, rectitud, objetividad, imparcialidad, transparencia y sentido patrio en su observancia, interpretación y aplicación, como forma y estilo de vida en un Estado republicano democrático. Es el alma del país. Como dijera el ínclito e inmortal Morelos, en ella están representados y vivos los genuinos “Sentimientos de la Nación.”
Por eso, como emanación auténtica del pueblo soberano originario, con la instalación, consolidación y duradera estructura y organización del Estado y del gobierno con mentalidad progresiva, nunca regresiva, su compromiso primordial progresivo es con la población. De ahí el constitucional principio fundamental clásico, a manera de clausula pétrea, de que la gente siempre esté en completa libertad de hacer todo lo que no esté prohibido en la norma, mientras que la autoridad solo podrá hacer lo que le permite la normativa.
Su paradigma, puesto que para eso fue proyectada, promulgada y puesta en vigencia, es la salud, vigor, bienestar y desarrollo integral progresivo del país entero y de toda su población. Esa es su esencia, razón y misión. Es una Constitución de todos y para todos; no solo de unos cuantos y para otros tantos.
Y para hacer posible esta vertebral garantía, necesariamente se requiere contar con un verdadero Estado Constitucional de Derecho Democrático, así como con un probado órgano judicial independiente y autónomo. Esto es, con un auténtico árbitro judicial y, por lo tanto, ajeno a preferencias y sentimientos políticos o de congraciarse con otros Poderes. Obediente solo a la Constitución, y no a otros poderes. Para tal fin, se requieren jueces constitucionales con indiscutible espíritu profesional; cultos y experimentados en la ciencia jurídica; entregados, éticos y con total sentido patrio. En suma, con fidedigna vocación judicial. El país, la patria, la Constitución y la normativa que formal y legítimamente de ella deriva, ante todo y sobre todo, siempre es primero. El país, la patria y la Constitución están por encima de todo. Esta es la genuina y verdadera supremacía constitucional del Estado Mexicano.
Los Poderes Legislativo y Ejecutivo son los poderes políticos; mientras que el Judicial, ajeno al ejercicio político, es el que vela que se observe y aplique correctamente la Constitución, la ley y que se procure e imparta pronta y completa justicia. Por eso es necesario un Poder Judicial completamente independiente, autónomo, sólido e impenetrable a elementos contaminantes y nocivos exógenos, para en ejercicio de sus funciones constitucionales, y en particular la Suprema Corte, como Tribunal Constitucional que es, con total objetividad e imparcialidad vigile que todos los Poder Constituidos, entre ellos el Constituyente Permanente, se ajusten estrictamente a las facultades que tienen encomendadas, y sin que este último invada las que son propias del Poder Constituyente Originario.
Esa es su razón como Poder Judicial, y más específicamente en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional. Un Poder Judicial y una Corte Suprema que no se doble; que no se achique ni amilane ante los otros Poderes, incluido el Constituyente Permanente, porque ninguno de ellos le dió esta potestad, sino que se la encomendó la nación; la soberanía nacional al través del Poder Constituyente Originario, colocándolo en ese plano de igualdad a los tres Poderes Públicos, con las funciones específicas de cada uno que quedaron plasmadas en la Constitución.
Bendita División de Poderes, pero hay que hacerla valer día a día; hacerla toda una realidad permanente y plena, para que, como pregona el dicho popular, “no se pasen de la raya” ni uno ni otro. Ni que algunos se quieran erigir en Poderes iluminados y majestuosos, al grado que no solo quieran estar por encima del Poder Judicial y mandar en él, sino hasta por encima del Constituyente Originario. En sus manos está restaurar la Constitución maltrecha, vapuleada, lastimada y pisoteada.
Si por algo debe caracterizarse este Tribunal Constitucional, es por su razonamiento jurídico profundamente meditado, sereno y templado en sus resoluciones. Debe estar blindado contra cualquier interés e interferencia política. Aquí no debe haber cabida para las inclinaciones, complacencias, ni para los sentimientos políticos. Con la Constitución en la mano y como ferviente guardián del dogma de la Constitución, en este alto órgano judicial se debe resolver en favor del país, no de sus gobernantes. México no es sus gobernantes, ni sus gobernantes son México.
En la independencia y autonomía, conciencia, sabiduría jurídica, inteligencia, reflexión, integridad, eticidad, madurez, responsabilidad, reputación, pulcra interpretación y respeto a la Constitución y patriotismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está la sobrevivencia y potencialidad de la constitucionalidad y de la democracia en México.
Sus integrantes juraron respetar la Constitución y en el frontispicio del Salón del Pleno del más alto Tribunal del Derecho y de la justicia del país, está cincelado el apotegma sempiterno de “La Patria es Primero”, como norma y máxima recordatoria perpetua, inquebrantable e invariable, para la inmaculada conducta y cristalina guía de sus miembros en sus resoluciones. México es primero; no sus gobernantes, partidos políticos, ni poderes facticos. Nadie por poderoso que sea en los hechos, puede estar por encima de la Constitución. En este sacrosanto recinto de la Constitución, de la Ley, del Derecho y de la justicia, no deben tener cabida los llamados poderes metaconstitucionales. Debe estar blindada contra ellos. Debe ser impermeable a ellos. La Constitución es primero.
En estos tiempos difíciles por los que está pasado el Poder Judicial, veo que no está solo. La percepción que yo tengo es que la generalidad de la gente está con él, que lo apoya y lo defiende, aunque no se perciba permanentemente de manera tumultuaria. Lo ven como el Poder que asegura y garantiza la auténtica División de Poderes, del Estado de Derecho, de la justicia y de la democracia. Es por eso que, ante los fuertes embates que ha tenido de parte de los otros Poderes, los ciudadanos de a deveras; responsables; con conciencia política y cívica; de espíritu democrático y con sentido de amor a la patria, sienten que es su obligación defender al Poder Judicial entero. Lo hacen por México, por la libertad, por la Constitución y por la democracia.
Y es que ahora que el Poder Judicial está haciendo valer su independencia y la autonomía que la soberanía nacional le otorga al través de la figura política de la División de Poderes establecida en la Constitución, lo han tratado de manchar ante la opinión pública, por lo que en todos los ciudadanos, pero también en todos sus propios integrantes, está la obligación de reivindicarlo y restañarlo del daño que le han hecho varios actores políticos, que pareciera que de lo que se trata es de destruir a las instituciones.
Llegó el momento de demostrarle a la gente de que están hechos. Que sí son un verdadero Poder independiente, autónomo, profesional, recto, respetable y ético. Que el Poder Judicial verdaderamente es el templo de la ley y de la justicia, donde celosamente están seguros y garantizados los más puros fundamentos de la Constitución y del Derecho, y que se conduce conforme a los más pulcros cánones que regulan la organización y funcionamiento del Poder Judicial, y particularmente los que normalizan la vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Estado de Derecho y la democracia están ya prácticamente en sus últimos estertores. Están en la sala de sus probables últimos suspiros. Solo hay un halo de luz. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el último reducto de la vida o muerte del Estado de Derecho y de la democracia.
Aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la civilizada batalla decisiva por el respeto y valor de la Constitución. La madre de todas las batallas notablemente constitucional, porque será la batalla concluyente y definitoria del destino del país, a través de la resolución que emita en sus tres veredas judiciales: de las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos.
La Corte Suprema es y siempre debe caracterizarse por ser pausada, serena y juiciosa en sus trascendentales decisiones. Su autoridad y legitimidad está en la fuerza y autoridad de la Constitución. Siempre obediente a la Constitución. En su libertad e independencia para estudiar, analizar, reflexionar y decidir conforme a la Constitución. Es la fiel intérprete y resguardadora de la Constitución.
A este propósito, por su profundo y sentido contenido y mensaje, vale traer a estas páginas el pensamiento de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, Patrick Henry, el cual dice que: “La Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar el gobierno”. Esto siempre lo debemos tener presente, y nunca olvidarlo los ciudadanos ni los gobernantes.
Manuel Cifuentes Vargas
Doctorante en Derecho por la UNAM.