La brecha política de los derechos digitales

Publicada en Publicada en Desarrollo comunitario

Por: Gustavo Montaño @Gustavoma85 Publicado en Contra Réplica


A medida del avance tecnológico de los medios de comunicación e información, la sociedad encuentra la necesidad de estar más informada, comunicada y participativa en acontecimientos de su interés, con el objetivo de ejercer de forma efectiva sus derechos.

Derivado de ello, el Estado mexicano ha tenido a bien publicar información que puede ser de utilidad para la ciudadanía. Asimismo, en el último sexenio el Gobierno intentó dar un impulso a la gestión de trámites en internet; sin embargo, su enfoque sólo fue para aquellos considerados como básicos, lo que no permitió una evolución plena en el ejercicio de los derechos. Así, se ha observado que las necesidades de la población y el actuar del Gobierno se encuentran distanciados por una brecha de omisiones bien intencionadas.

Sin embargo, en noviembre de 2018, se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley que tiene por objeto establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos que gozan los ciudadanos, lo que representa un avance significativo en el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales.

Lo anterior no significa que, con la sola promulgación de Ley General de Ciudadanía Digital, de inmediato la población tenga al alcance de su dispositivo móvil los mecanismos que garanticen el ejercicio de sus derechos. Para ello, el Gobierno debe ejecutar todos los mecanismos necesarios, tanto tecnológicos, administrativos y políticos. Sin duda, algunos de los retos con mayor labor es acercar la tecnología a toda la población y la superación de la actual desconfianza al Gobierno.

No obstante, uno de los retos más difíciles de las últimas administraciones consiste en la voluntad política, la cual debe ser clara y decidida, que haga del gobierno digital un eje central de acción del Gobierno y no una mera operación circense, dejando claro que este tipo de políticas públicas no es una más, ni debe ser tratada como tal, sino que es el mecanismo para cambiar la forma de hacer política, y esto no es posible sin una voluntad decidida que luche contra la inercia existente, especialmente contra la opacidad y la corrupción.

No hay duda que los países más avanzados en materia de gobierno digital son aquellos que cuentan con un compromiso político del más alto nivel; sin embargo, la gran duda a la que nos enfrentamos es: ¿el actual Gobierno de México puede afrontar este reto?


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