Los pueblos y barrios originarios de la CDMX son sujetos de derecho

Publicada en Publicada en Desarrollo comunitario

Por: Manuel Bazan @bazancruzz Publicado en Mexican Times


Las personas que integran los pueblos y barrios originarios tienen derechos individuales y colectivos reconocidos en la Ciudad de México, dentro de los que se encuentra el de ser consultados cuando el gobierno pretenda implementar acciones o políticas que modifiquen o afecten su entorno.     

¿Quiénes son los pueblos y barrios originarios?

De conformidad con la Constitución Política de la CDMX, son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de nuestra ciudad desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas. 

Fuente: nosotros-metropolitana.blogspot.com
Fuente: nosotros-metropolitana.blogspot.com

En la capital de la república mexicana, existen 141 pueblos originarios distribuidos de la siguiente manera: 19 en Iztapalapa; 19 en Azcapotzalco; 15 en Xochimilco; 12 en Gustavo A. Madero; 12 en Milpa Alta; 12 en Tlalpan; 10 en Benito Juárez; 8 en Álvaro Obregón; 7 en CoyoacánTláhuac y Miguel Hidalgo, respectivamente; 4 en Magdalena Contreras y Cuajimalpa, respectivamente; 2 en Venustiano Carranza; 2 en Iztacalco, y únicamente 1 en Cuauhtémoc.

¿Cuáles son sus derechos?

Las comunidades cuentan con una amplia gama de derechos, dentro de los que se encuentra: la libre asociación, la libre determinación a través de la autonomía para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias para desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, educativas, judiciales, culturales, así como de manejo de los recursos naturales y del medio ambiente. Asimismo, se contempla la autonomía conforme a sus sistemas normativos internos y formas de organización en la ciudad, incluyendo las autoridades tradicionales y representantes, derecho a la consulta, administración de justicia, administración de bienes comunitarios, establecer sus propios medios de comunicación, el derecho a preservar su lengua, cultura, cosmovisión, educación y salud. 

Por lo tanto, ninguna autoridad podrá decidir las formas internas de convivencia y organización económica, política y cultural de los pueblos y comunidades indígenas, ni en sus formas de organización política y administrativa que se den de acuerdo a sus tradiciones. Asimismo, las autoridades tienen prohibido autorizar alguna obra que afecte el suelo de conservación y que contravenga las disposiciones contenidas en la mencionada ley.

¿Qué significado tiene el reconocimiento constitucional? 

El trabajo de las y los legisladores que integraron la Asamblea Constituyente de la CDMX materializó una acción afirmativa a través de la ley suprema, a efecto de favorecer el respeto a las diferencias y a la cultura ancestral, la preservación de los usos y costumbres, así como las tradiciones. Poro más aún, implica incentivar la participación ciudadana y visibilizar las zonas rurales de la capital.

Sin embargo, las autoridades capitalinas deben lograr una amplía garantía de los derechos colectivos, de lo contrario, las disposiciones constitucionales quedarán en un simple acto de buena fe.    

Por lo tanto, la aplicabilidad de la Constitución local a favor de esa parte de la población requiere de un compromiso serio, de tal forma que se generen mecanismos de consulta amplios e integrales, donde las personas sientan protección y respeto sobre su forma de entender o concebir la vida. Pero también, implica que el gobierno deje a un lado el paternalismo con que se ha caracterizado, así como la indiferencia en cuanto a la percepción de los habitantes sobre las decisiones adoptadas.   

Luego entonces, ya no tiene cabida la obstaculización del desarrollo de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, ni tampoco la insensibilidad en torno a su cosmovisión y formas de organización políticas y sociales, mucho menos cabe la intromisión de las autoridades a través del avance desmedido de la urbe, sin que se respeten las decisiones de la colectividad.   

No cabe duda que el reconocimiento de los pueblos y barrios originarios conlleva a reconocer a la CDMX como una ciudad multicultural y garantista de los derechos humanos.


Manuel Bazan Cruz, colaborador de Integridad Ciudadana, A.C., especialización en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO). Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales (mención especial UDG), especialista en Derecho de la Información (mención honorífica UNAM). Licenciado en Derecho (UNAM). Temas de interés: derechos humanos, democracia, América Latina y El Caribe, grupos vulnerables, desigualdad, derecho a la información, transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, libertad de expresión, datos personales, etc. Twitter: @bazancruzz Facebook: Manuel Bazancruz

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