Desarrollo comunitario

Nuevos datos sobre la corrupción: avances, retos y responsabilidades


Por: Stephen D. Morris @sdmorris4 Publicado en La Silla Rota


La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG-2019) del INEGI arroja nuevas apreciaciones sobre la corrupción en el país porque ofrece un panorama general basado en la opinión pública y porque diferencia los niveles de corrupción según los trámites, instituciones y niveles de gobierno. La ENCIG-2019 arroja datos de suma importancia para evaluar la situación actual, los avances, retos y responsabilidades. Sin embargo, no es tan fácil interpretar los datos y tendencias. Hay cuestiones sobre qué formas de corrupción están midiendo, la relación entre percepción y conducta, qué implica sobre el gobierno y su lucha contra la corrupción, entre otras. En este espacio, ofrezco tres puntos para facilitar su interpretación.

Primero, en su sección dedicada a la corrupción, la ENCIG-2019 calcula la corrupción de dos maneras: por percepciones y por experiencia. Si bien es cierto que hay cierta relación entre ambas, no son lo mismo, ni iluminan las mismas formas de corrupción. Las percepciones siempre vislumbran más corrupción que la propia experiencia detecta. Las percepciones abarcan todas las formas de corrupción (gran corrupción, pequeña corrupción) – y tal vez puntos de vista más allá de la corrupción – mientras que las experiencias solo se concentran en la corrupción administrativa: el mundo de la implementación de las leyes y normas, la procuración de justicia, las solicitudes de servicios y trámites, etcétera. Por eso, mientras 87% de los encuestados tuvo la percepción que la corrupción es muy frecuente o frecuente, solo 15.7% experimentaron un acto de corrupción en los trámites, pagos, solicitudes de servicios y contacto con autoridades. Una muestra de la diferencia y ligera relación entre percepción y experiencia, en comparación a 2017, la percepción de corrupción en 2019 bajo ligeramente de 91% a 87%, pero aumentó el número de actos de corrupción de 14.6% a 15.7%.

Segundo, los resultados muestran una gran heterogeneidad de la corrupción administrativa en México. Hay corrupción en todos partes, pero mucho más en algunas que otras. Por ejemplo, mientras el contacto ciudadano con autoridades de seguridad publica presentó el mayor nivel de experiencia en actos de corrupción con 59.2%; hubo muchos otros trámites o servicios con menos de 3%. Esta heterogeneidad se extiende también a los tres órdenes de gobierno: La tasa de prevalencia de actos de corrupción en trámites es mucho mayor al nivel estatal (22.7%), seguido por el municipal (15.6%), que en el gobierno federal (2.2%). La variación en el nivel de experimentar actos de corrupción en los estados extiende de Durango (55.2%) a Colima (9.9%).

De ahí que, es importante plantear los resultados dentro de la nueva realidad de la lucha contra la corrupción en México. Por un lado, los resultados muestran que la percepción y, particularmente, la experiencia de la corrupción son problemas mucho más pronunciados a nivel estatal y municipal que a nivel federal, y en ciertas instituciones y trámites. De hecho, la percepción de la corrupción en el gobierno federal es inferior a los gobiernos estatal y municipal; la cual – cabe decir – bajó más en los últimos dos años que en cualquier otra institución. Al mismo tiempo, subió la confianza en el gobierno federal de 25.5% a 51.2% desde 2017. Luego entonces, gran parte del problema de la corrupción administrativa se ubica en los gobiernos estatal y municipal, lo que implica la necesidad de enfocar los programas e iniciativas contra la corrupción en estos niveles.

Esta claro que el gobierno de López Obrador tiene un papel importante en dirigir los esfuerzos de abatir este flagelo, pero la lucha contra la corrupción ya no es de solo una persona o un gobierno. En un sistema federal, y ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la responsabilidad de enfrentar lo que 52.8% de los mexicanos considera el problema más importante   – solo atrás la inseguridad – es ampliamente compartida entre las instituciones, niveles de gobierno y sociedad.

Al nivel federal, el gobierno de la 4T es solo uno de varios actores dentro del Comité Coordinador del SNA que representan entidades autónomas (INAI, ASF, Fiscalía, Judicatura), la sociedad civil (Comité de Participación Ciudadana) y un secretariado técnico (SESNA); fungiendo como entidades federales que guían y ayudan – en cierta medida – a los estados a través de los sistemas nacionales de archivos, de fiscalización (SNF), de transparencia (SNT). Sin embargo, para el caso del combate a la corrupción, cada estado tiene su sistema estatal anticorrupción (SEA) – similar al SNA – con la responsabilidad de coordinar, promover, vigilar y dar seguimiento a las políticas de anticorrupción al nivel estatal y municipal.

Concluyendo, desde esta perspectiva, los resultados sugieren que no hay que culpar a una persona o un gobierno, sino reconocer que hay muchos que tienen la responsabilidad y el reto de reducir la corrupción – la percepción y la experiencia –. La ENCIG-2019 nos muestra que algunos gobiernos si han registrado logros en los últimos años, mientras que otros no. Pero al final de cuentas, todos tenemos un papel – incluso los ciudadanos –. El hecho de que 81% de la gente que experimentó la corrupción no hizo una denuncia – porque es inútil, no le darían seguimiento (28.8%) o por ser una pérdida de tiempo (18.6%) – sugiere que el ciudadano tampoco toma en serio su responsabilidad. Este es parte de su reto.

Dr. Stephen D. Morris

Investigador y Coordinador del Laboratorio de la Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, UNAM, y Colaborador de Integridad Ciudadana A.C.

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