Por Manuel Cifuentes Vargas. Publicado en Etcétera.
En forma reiterada la sociedad ha exigido a sus representantes en la Cámara de Senadores la designación de los comisionados vacantes en el INAI para no dejarlo manco. Pero la mayoría de estos legisladores han hecho caso omiso. Ni la ven ni la escuchan. La ignoran por completo, no obstante que, gracias a su voto, son legisladores. Por lo visto, pareciera que solo teóricamente son representantes de la población, aunque la arquitectura político jurídica los consideren de las entidades federativas, porque en la práctica solo obedecen a otro Poder. Como dicen en el barrio, tal parece que “les vale gorro”. Luego entonces, la pregunta es: ¿y quién manda?; ¿qué no es el pueblo que los eligió para que lo representen en ese órgano legislativo?
El Senado está en falta constitucional, pues ha omitido su obligación constitucional durante mucho tiempo; casi medio año en retardar, manipular y boicotear las designaciones de los comisionados, solo por servir a otro Poder, haciendo de la División de Poderes una simulación, y provocando que en los últimos meses el pleno del INAI no estuviera en condiciones de sesionar por no contar con el quorum mínimo legal requerido para tal fin. Por omisión de este órgano legislativo constituido para hacer el nombramiento de los comisionados, dejaron inhabilitado al INAI que, como ente constitucional autónomo, es una institución de la misma naturaleza constitucional que los otros órganos constituidos.
Lo que han hecho conscientemente durante largo tiempo, es asfixiar al INAI. Tal parece que, al dejarlo disfuncional, lo querían matar “a fuego lento” hasta que se consumiera totalmente y, con esto,matar al Estado de Derecho a la información y la rendición de cuentas a la ciudadanía. ¿Y por qué y para qué? Pues no hay otra explicación, de no ser, a pesar de que es una obligación constitucional y legal, para no dar información ni rendir cuentas, y de esta manera evitar que la gente esté informada y sepa la verdad sobre el estado de la cosa pública.
Pero ahora el Senado se podrá tardar lo que quiera en designar a los comisionados faltantes, que de todos modos no es lo correcto, saludable ni profesional, ya que todavía va más en desdoro de esa institución legislativa, porque en este momento lo verdaderamente importante, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya misión es proteger y blindar el Estado de Derecho, como Tribunal Constitucional responsable de cuidar el equilibrio de poderes, así como el respeto entre ellos y a la Constitución,le dió una buena bocanada de oxígeno para sacarlo de la inmovilidad en que lo había sumido el Senado, reviviéndolo al determinar que pueda sesionar provisionalmente, en tanto la Cámara de Senadores, aunque no son todos sus integrantes, realmente piensa en el país y nombra a los comisionados que le faltan para completar el pleno.
Bien dice la comisionada ciudadana del INFOCDMX, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, en su video columna publicada en el Diario ContraReplica el 29 de agosto pasado, que “lograr el equilibrio de poderes en una democracia moderna como la que pretendemos ser, no debe ser un tema que esté sujeto a la voluntad, ni tampoco un elemento prescindible o discutible; por lo contrario, un sistema de pesos y de contrapesos se debe defender como principio, si nos encontramos verdaderamente comprometidos con la prevalencia de un Estado de Derecho.” Mas adelante agrega que “esta resolución de la Suprema Corte solo es provisional, porque aún queda pendiente desde la trinchera legislativa, que se hagan los nombramientos que corresponden conforme nos dicta la constitución. Ahora en el juego de la balanza de poderes, la pelota se encuentra otra vez en la cancha del Senado.”
Los gobiernos no obstante que cuentan con la información, que debe estar basada en realidades, muchas veces no la entregan tal cual; esto es, que a la hora de facilitarla no lo hacen con verdad. No dicen la verdad, sino únicamente lo que quieren informar, porque así les conviene, les es más útil y les es más cómodo transitar por esta ruta opaca. Es una pena decirlo, pero los gobiernos son dados a ocultar información y están desacreditados, por lo que la gente no cree ni confía totalmente en ellos. La gente sabe que no siempre se la proporcionan por sí mismos, y menos la real y completa, sino “a medias” y, a veces forzados y “a regañadientes” como dice el refrán popular, pues sabe que no acostumbran a hablarle con la verdad. Se les olvida que es un Imperturbable derecho humano saber la verdad sobre lo que se hace o deja de hacer. Tan fácil como proporcionarla, si no se esconde nada.
Se considera que el gobierno prácticamente no debe reservarse mayor información; sino por el contrario, darle la máxima publicidad como lo mandata la Constitución y la legislación de la materia, porque siendo los ciudadanos los contribuyentes, tienen todo el derecho a saber el destino que se le da a sus recursos, salvo casos verdadera y estrictamente de alta seguridad nacional; de protección de datos personales y los judiciales en proceso. Valga la perogrullada; el gobierno es público y los recursos son públicos; no propiedad del gobernante en turno, sino siempre del pueblo, por lo que tiene todo el derecho invariable a saber.
Sin embargo, importa resaltar, que no es suficiente con el simple derecho a saber; sino el derecho a saber la verdad, porque la información puede ser incompleta o, como luego se dice, “a medias”, o peor aún, tergiversada. No es solo lo que quieran decir los gobiernos; no es solo lo que los gobiernos quieren que sepamos. Es humano, constitucional, legal, legítimo y un justo derecho saber la verdad. Ocultar información, darla incompleta o amañada, violenta la Constitución, la ley y demás disposiciones normativas del país, así como la normativa internacional.
Es un derecho político y jurídico que se tiene en nuestro carácter de pueblo soberano. Es un derecho humano reconocido en el ámbito internacional y nacional el que se tiene a saber la verdad. Y para que éste no tenga ningún sesgo o manejo, se necesita tener un órgano que le garantice a la población que se le proporcione suficiente, completa, objetiva y oportuna, para que el ciudadano esté en condiciones de saber en qué, cuánto, con quiénes, cómo y en dónde se está invirtiendo su dinero. Esto es parte esencial de las verdaderas democracias constitucionales modernas.
Aunque es de mal gusto citarse uno mismo, permítaseme señalar que en un artículo que publiqué en el año 2009, titulado “Ética política y verdad, derechos de la humanidad”, decía, y hoy lo reitero, que el buen entendimiento entre ciudadanos y autoridades presupone, como condición indispensable, una verdadera comunicación informativa, constructiva y formativa en toda reciprocidad, basada en la verdad ética o moral, que no es otra cosa sino la concordancia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, y cuyo término opuesto es la mentira, que conlleva al engaño, lo cual es reprobable, toda vez que atenta contra la fidelidad y el crédito en la vida comunitaria, imposibilitando su avance y bienestar; de donde se infiere que de no estar instituida y llevada a la práctica la verdad, como valor fundamental de la vida en sociedad, se torna materialmente imposible la participación ciudadana genuinamente democrática.
De lo antes dicho, se desprende que la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobernantes; de partidos políticos, sindicatos y de todas aquellas organizaciones públicas y privadas que usan recursos públicos, así como el derecho a la información suficiente, oportuna, objetiva y veraz por parte de los gobernados, hoy son condicionantes imprescindibles de la democracia moderna. Sin embargo, hay que hacer notar que, con una mirada retrospectiva, por lo que hace solo al servicio público, dichas particularidades fueron ideadas y delineadas en las primeras declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano francesas de 1789 y de 1793, en las cuales se empezó a vislumbrar la luz sobre estas orbitas, y que curiosa e inexplicablemente no fueron contempladas en el texto original de la declaración universal de los derechos del hombre de la ONU en 1948.
Ahora bien, desde el terreno filosófico, ya Sócrates decía que “las mentiras son las mayores asesinas, pues matan la verdad”, y lo mataron a él, condenándolo con mentiras sus juzgadores; a él que siempre andaba en busca de la verdad.
En este mismo terreno del pensamiento, Peter Haberle, en su opúsculo “Verdad y Estado Constitucional”, es incisivo al apunta que es indebido mentir, apoyándose para tal fin en Emmanuel Kant, cuando afirma que “… es el clásico autor para el Estado Constitucional que sostiene la estricta prohibición de mentir. Para él no hay caso alguno imaginable en donde la mentira (incluso mentir por necesidad) tenga disculpa. Para Kant es un ‘imperativo de la razón, sin condición ni vinculado a conveniencia alguna, sagrado: ser veraz (honesto) en toda toma de decisión.’ Kant considera al hombre mendaz como indigno e ímprobo.” Y por lo que hace a la esfera política, el mismo autor afirma que Vaclav Havel fue el primero en exigir un “derecho a la verdad.”
No es usual que los gobernantes le hablen con la verdad a la gente; por lo general siempre dicen lo que les conviene, por lo que la gente siempre está con la permanente duda si será del todo cierto lo que de ellos reciben y escuchan. Por eso, a la manera de Diógenes de Sinope, que en la claridad del día con una lampara buscaba a un hombre, también con lampara en mano en plena luz del día habría que buscar la verdad en el desarrollo de la política práctica.
A través de todos los tiempos, la verdad siempre ha remado contracorriente de la mentira. Por lo visto, siempre ha sido la lucha permanente por la verdad. La política tiene una deuda histórica pendiente con la verdad, que mientras sea ideologizante, doctrinante y manipulante, no la podrá saldar. El camino de la verdad contra la mentira, ha sido perenemente sinuoso y muchas veces menospreciada, pues, aunque no lo pareciera así, siempre despierta mayor atracción y simpatía la mentira camuflada de verdad; y este fenómeno se refleja más en la política.
Es por eso que aún en nuestro tiempo, realmente la verdad navega por un túnel de obscuridad y sin que se le voltee a ver; mientras que la mentira vuela a sus anchas, frondosa, regocijante y alegre en la resplandeciente claridad del día, y hasta se le aplaude, venera y la gente se le somete, víctima de la ignorancia, del adoctrinamiento y del fanatismo. Hablar con la verdad a los fanáticos les molesta, enardece y lastima, porque el razonamiento y la lucidez no es lo suyo; pero oxigena y tonifica a los espíritus de mentalidad abierta, y los hace más y mejores pensantes, templados, prudentes, talentosos y competentes; pero sobre todo, libres y demócratas.
Hablar e informar con verdad, como servidores públicos, es un deber y obligación constitucional, legal, institucional, ética, profesional y político social.