Por: Iván Arrazola. Publicado en ContraRéplica
Lo ocurrido en Ecuador esta semana puede ser el preludio de lo que ocurra en el futuro en el resto de los países de la región. El problema de seguridad que vive la nación andina es producto de muchas malas decisiones gubernamentales que han llevado a este momento de crisis.
La crisis estalló el 7 de enero cuando el presidente Daniel Noboa ordenó un operativo en la cárcel regional de Guayaquil para incautar armas, municiones y explosivos. Previo a la intervención, escapó de prisión el líder de la banda de Los Choneros, José Adolfo Macías, alias el Fito, como consecuencia del operativo en la cárcel de Guayaquil, se registraron 6 motines más y la fuga de uno de los líderes del segundo grupo criminal más grande de Ecuador, miembro de la organización de Los Lobos.
La gota que derramó el vaso fue la irrupción de un grupo de la delincuencia organizada en las instalaciones del canal TC Televisión que tomó como rehenes a las personas que en ese momento se encontraban laborando en la televisora, la ola de violencia que se desató a lo largo de todo el país llevó al presidente Noboa a declarar la existencia de un conflicto armado interno, lo que llevó a declarar un toque de queda nocturno, la suspensión de las clases presenciales y el despliegue de las fuerzas armadas a lo largo de todo el país.
El presidente Noboa ha señalado que la fuga de los reos ocurrió porque las autoridades penitenciarias ayudaron a los reos a fugarse, también señaló a los jueces y fiscales que apoyan a los miembros de estos grupos y que los liberan, por lo que también deben de ser considerados terroristas, la corrupción gubernamental es uno de los principales elementos que puede explicar esta crisis, pero hay otros elementos que se deben tomar en cuenta.
Una de las causas de lo ocurrido en Ecuador es indudablemente la debilidad del sistema penitenciario, pero a lo largo de los últimos años se han tomado una serie de decisiones que han abonado a esta crisis.
La reforma Judicial de Rafael Correa en el 2010 disminuyó rápidamente el número de homicidios, de los 20 homicidios por cada cien mil habitantes que había a inicios del año 2000, se redujeron a 5.6 homicidios por cada cien mil habitantes al final de la administración de Correa, pero la población carcelaria pasó de 10 mil a 40 mil presos.
Los cambios que se dieron entre la administración de Correa y la de Lenin Moreno, su sucesor, generaron el empoderamiento de estructuras criminales en las cárceles que rebasaron a las autoridades penitenciarias. La política de mano dura implementada por Correa generó un código penal más severo, se invirtió en fortalecer a los cuerpos policiacos y en premiar a las autoridades por capturar a los criminales más buscados, pero en las cárceles se estaba gestando una crisis de mayor violencia que la que se vivía en las calles.
A partir de 2019 comienza la crisis en las cárceles de Ecuador, desde ese año a la fecha ha habido varios motines y han asesinado a casi 500 reos en las revueltas. El número de asesinatos se disparó, pasó de una tasa de 6 homicidios en 2019 a una de 45 por cada cien mil habitantes en el 2023.
Pero no todo el problema de violencia se debe atribuir a factores internos, Ecuador ha funcionado como una plataforma para la distribución de droga proveniente de Colombia y Perú, como síntoma de la descomposición, el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado días previos a la elección presidencial, dicho candidato había denunciado amenazas del líder de Los Choneros, que se presume es socio de uno de los carteles mexicanos más poderosos que tiene su base en Sinaloa.
Paradójicamente para reestablecer el orden se ha apostado por una estrategia centrada en la fuerza, basada en detener a los miembros de las 22 organizaciones que han sido catalogadas como grupos terroristas por el gobierno ecuatoriano, si bien es necesario imponer el orden, el nuevo gobierno tendrá que pensar en una solución integral que no solo haga frente a la crisis penitenciaria.
La tentación de construir más cárceles o de imponer sanciones más severas a los delincuentes siempre estará presente, también se puede pensar en estrategias como la mano dura implementada en El Salvador, pero a la larga ese tipo de medidas sólo funciona de manera temporal
Paradójicamente la región de América Latina se sigue implementado como política penitenciaria, la formula favorita, endurecer las penas, incrementar el catálogo de delitos, meter a las personas a cárceles que ya se encuentran sobrepobladas, plagadas de corrupción y muchas de ellas con autogobiernos. La crisis de seguridad se pretende enfrentar con más cárceles, lo que lleva a que tarde o temprano estalle una crisis mayor como ocurre enEcuador.
La pregunta que se debe hacer es hasta dónde se piensa seguir con las fórmulas de siempre, pensando que con cárcel se solucionan los problemas de seguridad. Lo que ocurre en Ecuador es el espejo de algo más grave que se está gestando a nivel regional, la crisis de seguridad que se está generando en las cárceles puede desencadenar una crisis generalizada en la que el Estado es incapaz de controlar a los grupos del crimen organizado aunque estén presos, estos grupos actúan como una estructura estatal alterna que es capaz de actuar con mayor eficacia que el propio estado, si éste claudica es posible que terminemos regresando a la condición descrita por Hobbes como Estado de naturaleza, o lo más grave es que ya estamos en dicha condición y no nos queremos dar cuenta.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC