Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en El Novedades.

El anuncio del inicio de la contienda interna en Morena ha generado distintas reacciones en la opinión pública, pero un elemento que sigue quedando claro es que quien toma las decisiones y tiene el control sobre el proceso sucesorio es el presidente López Obrador. Aunque López Obrador ha señalado que no meterá las manos en el proceso sucesorio y el líder de su partido anuncia que ha terminado el “dedazo”, es indudable que el presidente no ha terminado con el dedazo simplemente lo está transformando.

En política la forma es fondo, el arranque “oficial” del proceso sucesorio se dio de manera informal en una cena entre aspirantes a la presidencia por Morena y el mandatario, pero en la que el presidente mandó el mensaje de que las reglas las marcará él, aunque quien las oficialice sea el Consejo Nacional de Morena. En ese evento estuvieron presentes Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. A esa lista de los cuatro aspirantes que el presidente identificó como los más visibles en Morena se sumaron los nombres del diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo y el senador Manuel Velasco del Partido Verde.

Las reglas anunciadas para participar en el proceso interno son las siguientes: la renuncia de los aspirantes a sus cargos antes de la primera quincena de junio, la aplicación de 5 encuestas, sin debates entre los aspirantes, solo recorridos por el país entre junio y agosto, los perdedores cerrarán filas en torno al ganador de la encuesta, los funcionarios públicos no podrán hacer pronunciamientos a favor de alguno de los aspirantes, los aspirantes deben evitar difundir sus propuestas en medios críticos a Morena y por último el resultado de la encuesta debe difundirse a más tardar el 6 de septiembre.

Ahora el reto que enfrentará Morena y el presidente en las actividades de promoción de los aspirantes es grande ya que están tratando de asegurar condiciones equitativas de competencia y la unidad al interior del partido. En principio se habla de que las campañas de los aspirantes deben de ser austeras, pero al no ser un proceso regulado por la ley, los aspirantes deben disponer de los recursos propios, aunque el riesgo de que lleguen recursos públicos o privados a las campañas es latente, y no hay una comisión al interior del partido que se encargue de regular ese proceso.

Parte de las reglas incluyen que ni el presidente, los gobernadores y funcionarios públicos, apoyen a alguno de los aspirantes, la posibilidad de proporcionar apoyos por debajo de la mesa también es un riesgo que se podría presentar a lo largo de los dos meses y medio en los que los aspirantes estarán de gira, si en el caso de la pinta de bardas no hubo control, es posible que la situación se salga de control una vez iniciado el proceso, y que la publicidad, los recursos públicos y humanos, fluyan en el proceso sin que ninguna autoridad sea capaz de impedir el desvío de esos recursos.

Por otra parte, es un proceso limitado para que los aspirantes puedan expresar libremente sus ideas, el Consejo anunció que no habrá debates, también pidieron a los aspirantes que no haya descalificaciones entre ellos y que no se difundan sus propuestas en medios críticos a Morena, en ese sentido el más perjudicado sería Marcelo Ebrard ya que él es el que más ha presionado para contrastar trayectorias y proyectos, el rezago que enfrenta en las encuestas frente a Claudia Sheinbaum hace indispensable para el ex canciller ganar protagonismo, pero al final se trata de un proceso en el que el presidente tiene el control y no aceptará que nadie pase por encima de esas reglas.

Otro riesgo que enfrenta el proceso iniciado por Morena es el de los tiempos legales para las campañas, el periodo de precampañas comienza formalmente hasta el mes de noviembre y los aspirantes de Morena están iniciando 5 meses antes del tiempo establecido por la ley, lo que podría generar inconformidad de parte de los partidos opositores y una sanción del árbitro electoral por actos anticipados de campaña.

El reto que ha puesto Morena a las instituciones electorales no es menor, se está adelantando a los tiempos establecidos por la ley, diseñaron un proceso fuera de toda regulación y están sacando una ventaja indebida del proceso electoral, lo que podría viciar la elección presidencial y generar serios cuestionamientos sobre el proceso democrático en México.  Por su parte el presidente López Obrador intenta vender la idea de que con este proceso se termina la práctica del dedazo, pero no lo hace, solo lo transforma, el presidente ha tomado partido por una de las aspirantes y pretende cubrir su decisión con un manto democrático.

Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana. @ivarrcor