Por Vladimir Juárez. Publicado en Atcétera.
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí” Monterroso
A estas alturas del sexenio, queda cada vez más claro que la corrupción en México no se elimina por la voluntad de una sola persona; por más que lo imponga en un discurso, por más que lo piense el presidente, por más que se esfuerce, por más que lo comunique mil veces…
La prevalencia de la corrupción en México, aún a pesar de la pandemia y del cierre de actividades administrativas de manera intermitente durante 2020 y 2021, nos confirma que el fenómeno no es menor y que continúa siendo un lastre para el crecimiento económico y social del país.
Si revisamos los datos oficiales sobre la corrupción en México, como los de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG-21), podríamos llegar a la conclusión de que a la corrupción no le importa el partido que gobierna, ni siquiera si nos encontramos en un estado de emergencia como lo fue el gran confinamiento. Simplemente, la corrupción sucede porque sigue prevaleciendo una alta impunidad.
Incluso hoy es posible observar que la corrupción política ha dado un giro extraordinario en el discurso. Así, por ejemplo, la polarización ha logrado modificar los esquemas de corrupción con los nuevos gobiernos que han propiciado que los procesos y procedimientos habituales de corrupción se vuelvan más “sofisticados” e inclusive han provocado una mayor tolerancia hacia prácticas que antes eran consideradas como inaceptables en la opinión pública.
Tomemos como ejemplo los fenómenos mediáticos como los video escándalos donde se muestra a figuras públicas o funcionarios recibiendo dinero por parte de privados, se miran hoy distintos a como se juzgaban antes. Esto es que, la narrativa de la polarización ha llevado a las audiencias a observar el fenómeno de la corrupción de manera distinta en periodos relativamente cortos en tiempo. Donde dependiendo de los actores políticos, se justifica o se aborrece un mismo acto de corrupción.
La diferencia de impunidad de los video escándalos entre René Bejarano y Carlos Ahumada tuvieron un fin distinto a los observados hoy en los videos de los funcionarios actuales o familiares del presidente de la república, esto por la sencilla razón de que, en el primer caso, los actores videograbados no ostentaban la presidencia de la república o el poder del “presidencialismo” en los medios de comunicación. Luego entonces, las consecuencias de los video escándalos entre unos y otros actores difiere. Dicho de otra manera, el combate a la corrupción en México sigue siendo el arte de la simulación para realizar un ajuste de cuentas entre actores políticos, élites y acuerdos o ganancias rotas.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG-21), que se enfoca en la corrupción en trámites refleja, sin duda alguna, el impacto de la pandemia y la transición de trámites hacia tecnologías de gestión digital. Pero guste o no… el dinosaurio sigue ahí.
#LozoyaGate
A propósito, cómo va don Emilio Lozoya Austin en la presentación de pruebas….
#Datos
De acuerdo con los datos arrojados por la ENCIG, si se hace un balance por estados, “Yucatán le cuesta al país 12 mil 500 pesos por persona afectada, seguido de Oaxaca, con 8 mil 700 pesos por persona; Michoacán, con 5 mil 100 pesos; Veracruz, con 4 mil; Guerrero e Hidalgo, con 3 mil 800 pesos cada uno; Zacatecas, con 3 mil 500; Tamaulipas, con 3 mil; Sonora, con 2 mil 600; Chiapas, con 2 mil 400 pesos, y hasta el final se encuentran Campeche y Morelos con mil 100 y Colima con mil pesos por cada ciudadano afectado por algún acto de corrupción.”
Vladimir Juárez. Analista Político. Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @Integridad_AC @VJ1204