Por Dr. Stephen D. Morris. Publicado en La Silla Rota.

“México, la Corte, la corrupción y el caso emblema de Yazoo en EE.UU”

Con el fallo de la SCJN dando luz verde a la consulta pública para investigar y, en su caso, sancionar a actores políticos (los ex presidentes), surge la cuestión y los dilemas sobre cuales actos y actores investigarán. En esta coyuntura, el caso de Fletcher v. Peck (1810), un caso emblemático en la lucha contra la corrupción en EE.UU., y el escándalo Yazoo tienen cierta relevancia hoy para México.

En esencia, ocurrió que especuladores de las tierras Yazoo (tierras adquiridas a los indígenas en el tratado de Paris) sobornaron a los legisladores en el estado de Georgia para comprar los terrenos a muy bajos precios. En muchos casos, los pagos realizados a los legisladores se dieron con acciones en las compañías compradoras de los terrenos. Al descubrir la gran corrupción, el público, indignado, votó para remover a los legisladores, instalando un nuevo congreso local que primero, investigó las “transas”, y luego declaró nula e inválida las ventas de las tierras Yazoo. Mientras tanto, la compañía culpable de sobornar a los legisladores seguía vendiendo los terrenos a terceros.

Al llegar el caso a la Corte Suprema de los EE.UU., los magistrados enfrentaron dos cuestiones: si el primer acto del gobierno de Georgia fue nulo por la existencia de corrupción (los sobornos) y, dos, si tenía validez el segundo acto del nuevo Congreso al nulificar el primer acto. En su decisión – la cual marcó un rumbo para definir de forma extremadamente estrecha de la corrupción – la Corte Suprema se auto declaró incapaz de determinar si hubo corrupción del gobierno o no, y que una vez que vendieron los terrenos – sea como sea – ya eran considerados como contratos legales que la Corte tiene que reconocer y defender. Por lo tanto, aunque el primer acto ocurrió a raíz de la corrupción, el segundo acto de nulificar el primero fue inconstitucional. Lo importante del caso de Fletcher es que, a pesar de la corrupción, las decisiones gubernamentales que resulten de ello tienen validez.

Esta reflexión histórica se relaciona con la situación actual en México. A pesar de la posible corrupción y fraude durante los gobiernos de los cinco ex presidentes, los resultados, según este punto constitucionalista, se tienen que aceptar como legales. Es decir, los múltiples fraudes electorales no invalidan todas las acciones y decisiones tomadas por los gobiernos que llegaron al poder como resultado del dinero y gastos ilegales a las campanas, la manipulación del voto o la violencia. Lo mismo pasará para los contratos firmados a raíz de sobornos o favores, como los casos de Pemex, es decir, tampoco hacen nulos los contratos que firmó el gobierno. Quizá debería, pero no.

Por un lado, este dilema cristaliza las consecuencias perniciosas de la corrupción: Así por ejemplo, afecta a la sociedad en varios sentidos: primero, sufre la corrupción directamente en términos del desvío de fondos, su impacto en el presupuesto y su costo de oportunidad (de las cosas que ya no puedan conseguir con estos fondos); segundo, sufre las consecuencias de las políticas malas determinadas en función de un arreglo corrupto en vez del criterio del interés del público; y tercero, sufre todas las consecuencias de la instalación de un gobierno que llegara al poder por medio del fraude electoral y no el voto dentro de un sistema competitivo y justo. En resumen, es una muestra no solo de los amplios costos de la corrupción, sino también de lo difícil de recuperar los daños que van más allá que dinero. Exponer la corrupción e incluso encarcelar a los corruptos no hace nada para revertir todas las consecuencias.

El caso del Etileno XXI es emblemático y provoca las memorias históricas del caso Yazoo. Esto es, que el contrato de Pemex firmado para favorecer a una empresa privada durante el gobierno de Calderón ha tenido un costo muy amplio a través de los años. Mientras el gobierno no podía cumplir con la entrega mensual de Etileno contratado con la empresa filial a Odebrect (ni podían cumplir en ese momento), obligaba al pagar una multa al gobierno mexicano cada año, la cual ha pagado por más de 12 años. Peor aún, de querer salir de este mal arreglo, como indica el gobierno actual porque fue un contrato firmado a raíz de la corrupción, enfrenta la obligación legal de comprar la empresa. Como el caso de la venta de tierras de Yazoo hace dos siglos; a pesar de la corrupción a raíz del contrato, el gobierno tal vez tiene la obligación de cumplir con el contrato mal determinado. Aunque descubrimos quiénes son los responsables de romper los platos, la sociedad tiene que seguir pagando por esas decisiones elaboradas por unos cuantos políticos en la corrupción. Los que rompieron los platos nunca pagan por todos los platos y algunos salen beneficiados.

Dr. Stephen D. Morris

Investigador y Coordinador del Laboratorio de la Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, UNAM, y Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @sdmorris4 @integridad_AC http://www.integridadciudadana.org.mx/ 

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