Por Javier Agustín Contreras. Publicado en ContraRéplica.
El fin de semana pasado se realizaron una serie de encuestas para conocer el sentimiento de los mexicanos sobre la impartición de justicia, basándose en la experiencia o el conocimiento. En nuestro país siempre tenemos algo que opinar; si no nos sucedió a nosotros, le sucedió al primo de un amigo, lo cual es casi lo mismo e igual de válido.
Las dos primeras preguntas, como era de esperarse, fueron claras y precisas para lograr el objetivo planteado. Estas se contestaron sin mayor destaque, ya que, según los resultados obtenidos, solo el 51% de los encuestados conocían la propuesta impulsada por la Presidenta Electa y el Presidente, quienes la han promovido de forma constante en los últimos meses.
Sin embargo, la pregunta que genera suspicacias es la cuarta, ya que está vinculada con la creación de un órgano autónomo que vigile la actuación del Poder Judicial de la Federación. Esto contrasta con la propuesta del ejecutivo de eliminar órganos autónomos y reguladores como el INAI, IFT o MEJOREDU, los cuales cumplen funciones desde la transparencia y rendición de cuentas hasta garantizar el derecho a una educación de calidad. Esta pregunta tuvo la mayor aceptación, con un 87% de los encuestados a favor de la creación del órgano autónomo que vigile y garantice el correcto funcionamiento de la actividad judicial, una tarea que ya realiza el Consejo de la Judicatura Federal. La creación de este nuevo órgano autónomo contradeciría el espíritu que impulsa la desaparición de otros órganos autónomos de la administración pública federal.
Por lo tanto, será importante la interpretación que le dé la próxima legislatura, ya que tendrá que contrastar las acciones que legitimen su actuar ante ambas propuestas, que por el momento son disonantes entre sí, al tener la misma naturaleza pero un trato diferenciado. Siendo objetivos, la ciudadanía que participó ha avalado la existencia de órganos autónomos de vigilancia y control al apoyar plenamente la creación del órgano propuesto en la reciente encuesta de DEMOTECNIA, avalada por Morena.
Los legisladores actuales y los de la próxima legislatura tienen el compromiso de delinear las normas de forma congruente e imparcial, buscando que estas se orienten al desarrollo nacional. De no ser así, se estaría creando una controversia que finalmente repercutirá en las modificaciones constitucionales planteadas.
Como ciudadanos y sociedad organizada, debemos buscar la interacción con los representantes del poder legislativo para proponer e impulsar acciones que permitan a los mexicanos avanzar de forma firme hacia la transición de un nuevo modelo de estado, donde se garantice el Estado de Derecho y la Democracia, a través de la participación de todos los sectores de la sociedad, asegurando un desarrollo sustentable.
Lo que permitirá ir construyendo una nueva sociedad altamente participativa y un gobierno que cumpla con sus funciones de forma cabal.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC