Por Javier Santiago Castillo. Publicado en La Silla Rota.
La detención del ex Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero, fabricación y distribución de drogas es realmente delicado para el país. Cotidianamente las noticias sobre el atraco o complicidades de funcionarios en el saqueo de los recursos públicos o ligados al crimen organizado nos impactan negativamente.
Ni duda cabe que la corrupción en nuestro país es un flagelo, porque afecta directa o indirectamente a la población. Directamente, por los afinados mecanismos de la extorsión realizada en el espacio de la corrupción en pequeña escala, implementada por servidores públicos de bajo rango, como policías o personal encargado de realizar trámites cotidianos. Por otro lado, está la corrupción en gran escala, que al final de cuentas afecta indirectamente a la población, porque el Estado ve mermados sus recursos financieros presentes o futuros que podrían aplicarse en beneficio social.
Las revelaciones sobre actos que han atentado contra los recursos del erario, por su magnitud, son desconcertantes, porque desde la percepción social tiempo ha que es firme la convicción de la amplia extensión de la corrupción en los ámbitos público y privado.
En el combate a la corrupción es de trascendental importancia desmantelar las redes de complicidades tejidas alrededor de la impunidad que se puede ver en las investigaciones ministeriales y en el ámbito judicial federal. En la ruta de contención de la corrupción están las medidas preventivas que encuentran su cauce natural en los mecanismos, que van de la mano, de la transparencia, los archivos y la protección de los datos personales.
En la coyuntura actual la transparencia en el acceso a la información pública enfrenta una paradoja expresada por un problema dual: Por un lado, la visión gubernamental de la poca utilidad de una institución como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y; por el otro la ausencia de una actitud proactiva y de visión estratégica por parte del órgano garante.
La incomprensión gubernamental no considera que el INAI sea una institución que encauza demandas sociales legitimas al presionar a las autoridades a actuar con eficiencia por la vía institucional y no por una ruta disruptiva. Al hacerlo contribuye a la Gobernanza, que a su vez desemboca en la legitimidad del sistema entero. Por otro lado, al mantener vía las solicitudes de información una vigilancia cotidiana del desempeño de los funcionarios juega un papel en la prevención de conductas ilegales o que mermen los recursos públicos. Para ello es indispensable que no existan islotes de opacidad.
La transparencia debe de ser total, ningún ente obligado debe de quedar al margen, ni siquiera parcialmente. La detención y enjuiciamiento de García Luna y de Salvador Cienfuegos revela amargamente la existencia de fallas graves en los órganos internos de control al omitir dar seguimiento al incremento del patrimonio de altos funcionarios. En el caso del General Cienfuegos se ha hecho público que recibió una donación de una camioneta Hummer con valor de 33 mil 431 pesos. Una donación es un regalo y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente desde 2017, se establece la obligación de los servidores públicos para abstenerse de recibir regalos.
Regresando al punto de la ausencia de proactividad del INAI. Si bien es cierto que la pandemia suspendió la actividad de atención al público de todas las instancias gubernamentales, eso no limita la acción del INAI, para proponer una agenda de los grandes temas a los que deben de poner atención las autoridades, las organizaciones civiles, la población y el propio Instituto.
En primer lugar, está el tema de la Salud y no sólo los gastos, sino la operación de programas importantes (por ejemplo, en este momento existe desinformación sobre la campaña de vacunación contra la influenza). Los otros grandes temas pueden ser la Seguridad Pública, las grandes obras de infraestructura, los programas sociales, las grandes adquisiciones y los fideicomisos del ejército.
Para lograr lo anterior es indispensable construir una sinergia institucional y social por la transparencia y la protección de los datos personales para contener preventivamente el embate de las tentaciones del dinero fácil desde las responsabilidades públicas, porque parece que se está confirmando el dicho de las abuelas “en arca abierta, hasta el más santo peca”.
Javier Santiago Castillo
Profesor UAM-I / @jsc_santiago / www.javiersantiagocastillo.com
Profesor UAM-Iztapalapa. Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral 2014-2017. Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal 1999-2006 y colaborador invitado de Integridad Ciudadana A.C.