Por: Viviana Islas @MendozaI88 Publicado en ContraRéplica
La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información se han convertido en elementos centrales de toda democracia como mecanismos de control gubernamental y de otorgamiento de derechos ciudadanos. En nuestro país, el primer derecho en establecerse fue el acceso a la información. Actualmente, el artículo 6º constitucional establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información pública, así como de buscar y difundir información e ideas de manera libre.
En este sentido, y a propósito del marco del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, mencionaré algunos avances y retos que tiene México en la materia.
Lo primero en señalar, es que México cuenta con un andamiaje normativo integral y de vanguardia, con instituciones garantes a nivel nacional y local que integran un Sistema Nacional, a fin de coordinar políticas públicas transversales. A nivel nacional, el responsable es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y por cierto, el Senado tiene pendiente el nombramiento de dos de sus comisionados.
Dentro de las facultades del INAI se encuentran promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la información, capacitar a los funcionarios y garantizar condiciones de accesibilidad, pero qué dicen las cifras:
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019, el 54% de los entrevistados manifestó tener conocimiento sobre la existencia de una institución encargada de garantizar el derecho a la información pública, de los cuales el 46% mencionó al INAI; el 35% señaló las páginas de internet oficiales como medio para obtener información del gobierno, en contraste sólo el 0.5% dijo utilizar las solicitudes de información y de las que es responsable el INAI.
Hablar de democracia es también hablar de elecciones y de la satisfacción de los ciudadanos sobre la información que se les proporciona, si bien la encuesta no habla del Instituto Nacional Electoral o de las autoridades electorales, los datos no son alentadores: el 58% desconfía en la información brindada sobre las elecciones y el 20% considera que se oculta información.
Una vez más, las cifras señalan que las leyes sin políticas públicas concretas que se pongan en servicio de la ciudadanía no cobran valía. La democracia no sólo es otorgar derechos sino garantizarlos y en materia de acceso a la información como mecanismo de transparencia el camino aún es largo.
