Por: Vladimir Juárez @VJ1204 Publicado en ContraRéplica
Nuestro país se encuentra en una reconstrucción democrática producto del agotamiento de su propia cultura política; cultivada durante años por el presidencialismo, los partidos políticos, sus gobernadores, pero también por la práctica social cotidiana de agilizar las cosas, o mejor dicho, de “alentarlas” o sumarle costes.
Ya en los años 70’s Peter Smith describía algunas de las reglas informales que hacían único al sistema político en México. Entre algunas otras, aseguró, que era posible advertir la percepción general de que las reglas son obstáculos que se tienen que superar.
Asimismo, que lo más valioso para el sistema político es premiar la lealtad y no el mérito. Que la actitud de ver, oír y callar es una virtud que garantiza el escalamiento en el uso discrecional del poder y de los recursos públicos. Que nuestro Estado de derecho tiene limitaciones, pero nunca para los políticos, los poderosos, sus cercanos o para toda persona influyente.
Más aún, que siempre habrá formas de negociar la transparencia y, al mismo tiempo, mantener la opacidad bajo el arte de la simulación, pues el escaparate de lo público debe ser siempre lo políticamente correcto.
A pesar de toda advertencia, fuimos un Estado que se ocupó tibiamente de combatir la corrupción. Hasta que nos estalló en el rostro, pues permitimos que los proyectos de infraestructura y equipamiento más importante del país se pagarán a sobreprecios e incluso, permitimos el pago de obras o acciones inexistentes en todos los órdenes de gobierno. Y sin embargo, fue la misma corrupción la que nos dio una bofetada de vulnerabilidad durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Al compás de la transición política que vivimos, México tiene un reto imprescindible e histórico, esto es: construir el combate a la corrupción.
Sin demagogia, se trata de pasar de la simulación hacia un sistema de instituciones independientes pero coordinadas para la contención y el combate eficaz de la corrupción.
Hablo de un nuevo modelo que exige sumar cuatro variables independientes pero imprescindibles: lo primero, un diseño de coordinación institucional inteligente e innovador capaz de aprovechar el boom tecnológico y normativo; lo segundo, la suma de una sociedad civil organizada, madura e independiente y con capacidades para exigir pesos y contrapesos al statu quo; además de acompañarse de un monitoreo constante del periodismo profesional de investigación (Morris, 2019); y, finalmente, una voluntad política permanente.
No hacerlo así, nos condena a perder una oportunidad histórica donde los sistemas anticorrupción local o nacional fracasarán.
•Colaborador de Integridad Ciudadana, A.C. @Integridad_AC @VJ1204