Hay que reconocer que una situación de emergencia o desastre como el ocurrido en México en el mes de septiembre de 2017 o hace algunos días en Guatemala, eventos naturales que convulsionan ciudades enteras, son acontecimientos impredecibles de los que hay que aprender lecciones valiosas como sociedad. Hoy nos referiremos al tratamiento de datos personales en casos de emergencia.
En principio, la lección ante estas o cualquier eventualidad de magnitud natural es que hay que registrar que durante cualquier contingencia natural las diversas categorías de datos personales: los sensibles, los de identificación, los patrimoniales, los académicos, entre otros, tendrán una afectación sin precedentes, ya que la prioridad es salvaguardar las vidas humanas.
También aprendimos que el derecho a la protección de datos personales es un derecho nuevo. Un derecho que no es conocido por la mayoría de la ciudadanía y que está lejos de ser un derecho cercano a la vida cotidiana de quienes hoy lo ostentan.
Esta afirmación es posible tras observar que en su mayoría los ciudadanos desconocen cómo garantizar la debida protección de sus datos personales, ya que, no se encuentran informados del valor y la importancia que estos tienen, sobre todo en situaciones como esta. Lo que no les permite tomar medidas preventivas para evitar ser víctimas de una situación perjudicial por el mal uso de sus datos personales, como pudiera ser el robo de identidad o la discriminación para acceder a apoyos y beneficios generados con motivo de la catástrofe.
En este sentido, una lección más sobre los acontecimientos ocurridos en México después del sismo en materia de datos personales es que tanto autoridades como ciudadanía requieren del intercambio de información necesaria (datos personales sensibles y de identificación) para atender puntualmente la emergencia. Y que los costos generados por la falta de los mismos son incuantificables en términos de vidas humanas y de la atención de prioridades.
No es ocioso señalar que en estos casos puede ser complicado exigir a los afectados la existencia de documentos soporte en físico. Por lo que una lección más es la necesaria concientización de mantener copias de documentación relevante en otros sitios debidamente resguardados, así como medidas para mantener la información protegida para evitar su destrucción o pérdida. Una opción viable pudieran ser los documentos electrónicos y su validez, siempre y cuando se cumplan con las reglas para garantizar la integridad de su identidad, contenido y conservación.
Ahora bien, también fue posible observar que después del sismo existen altos riesgos en materia de protección de datos personales, los cuales se manifiestan por el mal uso de la información personal, como lo son: los robos de identidad, chantajes, fraudes, engaños, la negación o acceso a pólizas de seguros, créditos o financiamientos, entre otros.
Prácticamente todas estas lecciones pueden ser prevenidas mediante la comunicación y la difusión de campañas que permitan persuadir a la ciudadanía y las instituciones gubernamentales sobre la prevención que se debe considerar ante un suceso de contingencia.
En otras palabras, es sumamente necesario promover la actualización de procedimientos y políticas al interior de las instituciones para ser garantes del buen uso y conservación de las bases de datos producto de la contingencia.
Hoy por hoy, las personas servidoras públicas encargadas del tratamiento de datos personales no cuentan con los conocimientos suficientes para otorgar a la sociedad una adecuada protección de su información personal, además de que la legislación no prevé protocolos de seguridad ante una situación de tal magnitud.
Sin embargo, a nueve meses del 19S lamentablemente en nuestro país no se vislumbra una campaña de concientización en la sociedad, que les permita salvaguardar de formas diversas, la integridad de sus datos personales, como son: los datos sensibles, los de identificación, los patrimoniales, los académicos, ni tampoco la actuación de protocolos institucionales que permitan claridad sobre qué hacer a las instituciones públicas. Al tiempo.
Por estas razones, Integridad Ciudadana AC hace un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil y autoridades, a no esperar un nuevo desastre para promover este derecho fundamental. Es vital para cualquier persona tener certeza jurídica, integridad y transparencia en el uso de sus datos personales en zonas de desastre.