Por: Laura Enriquez @lauraenriquezr Publicado en Mexican Times
En medio de toda la parafernalia mediática del ambiente electoral, me es inevitable pensar en una de las víctimas silenciosas del fuego cruzado entre los partidos y candidatos a las elecciones 2018: las instituciones.
Y es que, elección tras elección, las instituciones no sólo son sujetas del descrédito y “mágicamente causantes” de casi todos los problemas, sino que además son objeto de la parálisis que las aguerridas negociaciones políticas provocan.
Se trata de la moneda de cambio perfecta cuando las mareas electorales están en su cúspide; las instituciones se han vuelto rehenes políticos por excelencia elección tras elección, retenidas como garantía para obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones[1].
Como a muchos de ustedes, a mi también me “llama la atención” que, por un lado, el combate a la corrupción y la transparencia sean prioridad en el discurso, y que, por otro lado, los tomadores de decisiones (entre ellos el Congreso de la Unión) no materialicen la integración de las instituciones que los salvaguardan.
La reciente designación de David Colmenares Páramo como Auditor Superior de la Federación (ASF) por parte de la Cámara de Diputados, dicen algunos, es una señal de avance en el trabajo legislativo rezagado; yo en cambio no soy tan optimista, considero que su tropezada designación (desde Diciembre 2017) es tan sólo un ejemplo del “estire y afloje” al que los partidos políticos han sometido a las instituciones.
Y es que, aunque se buscaba el consenso en la designación del Auditor, a final de cuentas no hubo tal, el método de selección fue por voto secreto, y todo parece indicar que el PAN y el PRD no lograron alinear a todos sus diputados.
La LXIII Legislatura del Congreso de la Unión tiene una pila de pendientes legislativos acumulados, entre ellos el nombramiento de decenas de servidores públicos de alto nivel.
En principio resta designar a titulares de los Órganos Internos de Control (OIC), se trata nada más y nada menos que de los órganos que, entre otras funciones, tienen la finalidad de prevenir, detectar y abatir actos de corrupción, así como promover la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos. Entre los titulares de OIC que resta por designar se encuentra el INAI, vacante desde 2015; la COFECE y el IFT.
En este mismo tenor, habría que considerar que desde 2014 resta designar al Fiscal Anticorrupción, a los magistrados anticorrupción, y al Fiscal General de la República. Y siguiendo con la línea del Poder Judicial, falta también designar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Ahora bien, el próximo 31 de marzo se sumarán a la lista de pendientes los espacios que dejarán las aún Comisionadas del Pleno del INAI, Lic. Areli Cano Guadiana y la Dra. Ximena Puente de la Mora. Y si bien, la convocatoria para cubrir esas vacantes la lanzó el Senado de la República el pasado 6 de marzo, todo parece indicar que éste será uno más de los procesos que se verá empantanado y estancado por la coyuntura electoral, lo que, en caso extremo, podría llevar a la institución a operar con 5 de sus 7 integrantes de Pleno.
No olvidemos que la operación de instituciones incompletas se ha vuelto práctica común, basta recordar casos como el del INE que hacia 2013 operaba con 4 de los 9 consejeros que originalmente integraban el Consejo General; o el de los integrantes de la Sala Superior del TEPJF, en el que se amplió el periodo a algunos magistrados trastocando así el modelo de escalonamiento que preveía la legislación. Y como ejemplo actual, tenemos a la Comisión de Atención a Víctimas que opera con 2 de 7 comisionados desde hace casi dos años.
A todo esto, debemos sumar las armonizaciones legislativas y designaciones pendientes en los Estados de la República, todos ellos indispensables para que la máquina por lo menos avance. Y como ejemplo, valga tan sólo tener presente a la Ciudad de México que éste año también tendrá elecciones presuntamente muy reñidas. En el medio, como rehén, están pendientes más de 170 designaciones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre sustitutos a los 10 de 16 delegados que a la fecha han pedido licencia; espacios del Sistema Local Anticorrupción; el Fiscal Anticorrupción; Comisionados del Instituto de Transparencia (hoy InfoDF), el Auditor Superior, magistrados de Salas Ordinarias y de la Sala Superior, y decenas de OIC.
La razón por la que las designaciones pendientes de todas estas instituciones me parecen tan relevantes, es porque resulta que sencillamente todas ellas fueron creadas para hacer contrapeso al ejercicio del poder, algunas específicamente para vigilar la actuación de los servidores públicos y evitar el abuso del poder, otras para propiciar la transparencia y evitar la corrupción. Éstas son precisamente las instituciones que hoy son rehenes del sistema, de los vaivenes políticos y de la coyuntura electoral.
La mayoría de los nombramientos pendientes a nivel federal tendrán lugar en el Senado de la República, y necesitarán el voto de dos terceras partes de los presentes para lograr transitar; ¿por cuánto tiempo más tendrán paralizados estos espacios? ¿qué estarán dispuestos a ceder a cambio? Es posible que en siguientes meses veamos la apresurada designación de cargos clave, posiblemente con deficiencias y falta de transparencia en el proceso, mientras que quizá el poder legislativo aplace algunas otras designaciones hasta después de las elecciones.
En tanto algo de lo anterior suceda, las manos que se pretende actúen en contra de la corrupción están atadas por un cúmulo de intereses condicionados por una elección en la que se disputa la mayor cantidad de puestos políticos en la historia, y por una contienda muy cerrada que dificulta los acuerdos políticos.
La exigencia ciudadana debe encaminarse a que el Poder Legislativo debe cumplir con los plazos que le establece la ley en materia de designaciones, que inicie a la brevedad los procesos pendientes y a que haga designaciones responsables, transparentes y bajo el principio de parlamento abierto.
Hagamos nuestra parte.
[1] Retomando la definición que la Real Academia Española le da a “rehén”.
Fuentes:
https://libertador.mx/gppes-exhorta-resolver-las-designaciones-pendientes/
https://www.animalpolitico.com/2018/02/inai-comisionadas-pendiente-congreso/
https://www.animalpolitico.com/blogueros-candidata/2017/11/22/senado-designaciones-pendientes/
https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20180306/282638918091183
Laura Enríquez es colaboradora de Integridad Ciudadana AC. Especialista en relaciones gubernamentales y Poder Legislativo, se ha desempeñado como Directora de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); como Coordinadora Técnica de Consejería, en el INE; Secretaria Técnica en la Cámara de Diputados y en el Instituto Mexicano de la Juventud; y como asesora para la Reforma Política del Distrito Federal en la Asamblea Legislativa. Ha sido conferencista y autora de publicaciones editoriales en materia de transparencia, sistema electoral mexicano, partidos políticos y Poder Legislativo. Twitter: @lauraenriquezr