Por: Vladimir Juárez@VJ1204 Publicado en ContraRéplica
Para muchos es nuevo, para unos cuantos más, se trata de un discurso cíclico sobre uno de los males que aquejan al Estado.
El combate a la corrupción será siempre un buen preámbulo que evoque propuestas progresistas y golpes de timón que den rumbo a cambios “estructurales” para salvar a la democracia como sistema político, para llegar a la verdad y, sin duda, para hacer justicia.
Probablemente, la corrupción represente significativamente al kitsch de las sociedades modernas, pues en ellas la “moral política” se asume como estética absoluta de la democracia y antítesis de la “mierda”; en sentido literal y figurado, de lo que significa ser, por acción y omisión, parte de la corrupción sistemática del Estado.
En sociedades como la mexicana, la corrupción puede ser tan amplia y extensa que en ella logran convivir “variadas morales” entrelazadas como redes tejidas por políticos, empresarios, legisladores, intelectuales, funcionarios, militares, sindicatos, líderes, maestros, sacerdotes y ciudadanía en general; donde todos la repudian, la niegan, la persiguen; otros tantos la estudian, la miden, la diagnostican e incluso la denuncian, pero nadie de ese todo está dispuesto a perder sus privilegios.
La corrupción puede trascender gobiernos, políticas públicas, juicios exhaustivos y éticos, y por qué no, a las sociedades mismas. En este sentido, la corrupción es un mercado que se detona por incentivos tan perversos como “justificables”, bien puede ser por los usos y las costumbres del poder o simplemente por la optimización de un cálculo costo-beneficio. Su velo —la impunidad— le garantiza que, al igual que “las leyes y las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes cómo están hechas”; pero todos alguna vez han comido una o la han deseado.
Combatir la corrupción también puede ser usada tanto para perseguir y enjuiciar a rivales políticos, como para castigar a desleales y someter a los “no alineados”: pues solo basta con que el mandatario en turno realice un señalamiento de corrupción para evocar linchamientos públicos, ya que la sola existencia de la corrupción en las instituciones públicas o en sus representantes es esencialmente inaceptable.
Durante décadas, el sistema político mexicano impuso un modus operandi infalible para permear la corrupción y premiar la impunidad, esto es: un Estado de derecho cuasi acabado, estable pero laxo, operado por funcionarios que administran a las instituciones y sus recursos bajo criterios de redes colaborativas; lo mismo promueven, regulan o niegan derechos, bienes o servicios en todas las actividades económicas, políticas o sociales de los ciudadanos. Instando con ello a que los individuos que no son parte del “sistema”, se vean obligados a “colaborar”: Un ciclo casi perfecto.
