Por: Viviana Islas @MendozaI88 Publicado en ContraRéplica
A propósito de los tiempos pandémicos que vivimos la frase de García Márquez “en las ciudades no nos matan con tiros, sino con decretos”, de su novela El amor en los tiempos del cólera, escrita en un contexto histórico de la Colombia de por lo menos hace 100 años, hoy cobra sentido en la realidad mexicana.
A dos meses de publicarse el primer acuerdo relativo a las medidas preventivas del Covid-19, por el Diario Oficial de la Federación hemos visto de todo. Las sacudidas han venido del gobierno federal, bajo principios de austeridad se han publicado controvertidos decretos como acciones para hacerle frente a los estragos del coronavirus y otros bajo las facultades de la rectoría del Estado.
El 2 de abril, por decreto presidencial se ordenó la extinción de todos los fideicomisos públicos federales sin estructura orgánica. El presidente declaró que los recursos obtenidos serían utilizados para: fortalecer los programas sociales; infraestructura; inyectarle recursos a Pemex y para sufragar la deuda. El costo la preservación de la cultura y la ciencia. Especialistas han señalado la ilegalidad y prevén varios amparos. Hay quienes bajo el argumento del uso discrecional de los recursos no sólo lo defendieron, sino la convirtieron en iniciativa de ley, que de aprobarse varios sectores quedarían desprotegidos ante una emergencia.
Días después, se publicó un decreto que dicta las medidas de austeridad que deberá acatar la Administración Pública Federal. El cual fue criticado por su ilegalidad, ambigüedad y contradicciones. El acuerdo violenta derechos de los servidores públicos, elimina la prestación legal del aguinaldo a partir de subdirectores y reduce su salario; adicional modifica y reasigna el presupuesto cuando son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.
El 11 de mayo mientras se celebraba el fallo de la Suprema Corte sobre la Ley Bonilla, se daba a conocer el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada para llevar a cabo tareas de seguridad pública. Además de ponerse en duda su constitucionalidad, mucho se ha debatido sobre los riesgos de militarizar el país.
Las crisis ponen a prueba los liderazgos. Quien dirige el país debiera construir alternativas viables e incluyentes. Los recursos que se obtendrán de los decretos publicados son insuficientes, en cambio abonan al conflicto político y social. El riesgo es que el gobierno sea rebasado no sólo por las consecuencias de la pandemia, sino por una inconformidad social que cada día crece.
