Opiniones

La crisis del TEPJF


Por: Iván Arrazola Cortés @ivarrcor Publicado en ContraRéplica


Las instituciones electorales se han convertido en el objeto de atención durante las últimas semanas, no sólo por el tema de la consulta popular que se puede evaluar desde diferentes ángulos, la semana pasada estalló una crisis sin precedentes dentro del máximo órgano en materia electoral. La decisión de 5 magistrados de remover al actual presidente del tribunal, parece ser el último capítulo de una historia en la que se debate si las instituciones electorales deben obedecer a los deseos y presiones del partido en el poder o cumplir con sus funciones con independencia de las presiones partidistas.

El nacimiento del tribunal se da en medio de una coyuntura en la que era necesario dotar de mayor legitimidad e imparcialidad al proceso electoral en su conjunto. Hay que recordar que previo a las reformas electorales que se dieron en la década de los noventa, la instancia encargada de calificar la legalidad de la elección presidencial era el Congreso de la Unión, que se convertía en colegio electoral, dado que un partido predominaba en dicho órgano, la revisión objetiva de las elecciones era imposible de llevar a cabo, ante dicha situación se decidió crear un órgano independiente y autónomo que fuera el encargado de calificar las elecciones.

A partir de la llegada de Morena en 2018 se comenzaron a registrar una serie de movimientos que llamaron la atención, el primero de ellos fue la renuncia de la presidenta en ese momento, Janine Otalara, su renuncia señaló la presidenta la presentaba para facilitar el proceso de transición dentro del tribunal, pero también se interpretó como parte de la presión que ejerció el partido en el poder y uno de los miembros del tribunal, en aquel momento el magistrado José Luis Vargas que presentó un proyecto para anular la elección de Puebla, propuesta que el tribunal rechazó en una votación muy cerrada, definida por un voto de diferencia, de este episodio se derivó la renuncia de Otalora.

En la sesión del 4 de agosto 5 magistrados votaron para remover al presidente del tribunal José Luis Vargas, dicha decisión se toma a partir de la actuación del presidente del tribunal durante su mandato, determinando de manera unilateral los asuntos a tratar en el pleno y presionando al resto de los integrantes para votar de acuerdo con el interés del magistrado presidente, como en el caso de la candidatura de Félix Salgado, donde fue el único magistrado que votó a favor de no retirarle la candidatura.

El episodio ha dividido a la clase política, el presidente López Obrador mencionó que hay una descomposición tanto en el TEPJF como en el INE y que por lo tanto todos los magistrados del tribunal deberían de renunciar. La oposición se pronunció por respetar la decisión de la mayoría colegiada y porque se regule su funcionamiento. Por su parte el ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar mencionó que no hay condiciones para que el presidente se mantenga en el cargo y debería de dar un paso a un lado para retomar el canal institucional. De esta forma los actores políticos han preferido tomar en parte en el conflicto antes que tratar de encontrar puntos de acuerdo, en el caso del gobierno le apuestan a poner a quitar a los miembros actuales para poner personas afines a su movimiento.

La principal problemática que rodea este caso es que la renuncia a la presidencia del tribunal se presenta de acuerdo con la ley orgánica del tribunal cuando: se presenta de forma voluntaria o bien que sea removido del cargo por las autoridades competentes. Ninguna de las dos situaciones se ha dado, el presidente del tribunal no pretende renunciar y los magistrados no cuentan con facultades para removerlo del cargo, por lo que parece que la crisis se agudizará ya que no hay mecanismos legales que respalden la decisión de los magistrados.

Lo que este episodio parece dejar en claro es la necesidad de contar con reglas flexibles que permitan desactivar conflictos internos, la legitimidad no se obtiene únicamente ante la sociedad, el trabajo colegiado también requiere buscar este principio; por otro lado, la transparencia con la que actúen las autoridades electorales debe de ser la norma y no la excepción, la actuación de la presidencia del tribunal ha resultado cuestionable por actuar a favor de los intereses del gobierno, además de las investigaciones por enriquecimiento ilícito que hay en contra del presidente, la crisis en el tribunal y las investigaciones en su contra deberían ser suficientes elementos para que el presidente del tribunal se separe del cargo pero no lo hará, ante dicho escenario no queda más que apelar a la responsabilidad y el compromiso de los funcionarios.

Iván Arrazola. Colaborador de Integridad Ciudadana, Doctor en estudios Científico-Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO. México). Especialista en participación ciudadana, cultura de paz, democracia subnacional y gobierno abierto @ivarrcor @Integridad_AC