Por: Magdiel Gómez Muñiz @magdielgmg Publicado en ContraRéplica
Para todos aquellos que hemos nacido en el Mundo Occidental, hay dos conceptos esenciales en nuestro ideario político: la democracia y la libertad. Sin estas dos características –según nos han dicho– ninguna sociedad puede llamarse civilizada y menos hacerse acreedora del respeto de la comunidad internacional. Por ello, todos los esfuerzos de las naciones modernas van encaminados en dicho sentido bajo la premisa fundamental de que la democracia por antonomasia genera libertad, es decir, las naciones libres son naciones democráticas y viceversa.
Se entendería por tanto que, todas estas naciones deberían de conceptualizar a la democracia como un conjunto de libertades que hacen que los ciudadanos obtengan una serie de derechos civiles, políticos y sociales que les garanticen ser elementos activos del cambio social para de este modo generar un cambio duradero y sobre todo impulsado desde las bases a la cúspide, es decir, la democracia vista desde la perspectiva de inclusión plena y máxima participación.
No obstante, la visión dominante en el mundo – y de la cual México no es ajeno – es aquella que aprecia al proceso democrático como un simple proceso por medio del cual se consiguen decisiones aplicables administrativamente, es decir, la masa de votantes solamente define cuál de las élites en contienda ha de gobernar, una democracia de élites.
En este orden de ideas es cuando surgen algunas cuestiones de índole fundamental: ¿Qué es realmente la libertad para los demócratas?, ¿nuestra libertad solamente se limita a escoger entre una limitada opción de élites gobernantes?, ¿nuestra libertad solo se ejerce cada 3 o 6 años, o es un ejercicio constante mediante el cual debemos obtener más y mejores derechos?
Desde la perspectiva procedimental de la democracia, esta es un proceso “legitimador” a través del cual los ciudadanos pueden expresar su aprobación al status quo sin obtener un beneficio más tangible o de gran arraigo social, es decir, las grandes reformas de Estado y de Nación se dejan fuera de la órbita del procedimiento democrático.
Estas dinámicas de democracia procedimental dejan de lado la esencia del concepto de ciudadanía, que tiene como base mínima la igualdad en la posesión y ejercicio de los derechos que está asociada a la pertenencia de una comunidad es decir, se habla de derechos y obligaciones de lo que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado. Más aún la ciudadanía como elemento político está compuesto por tres dimensiones: 1) dimensión política, que aglutina todos los derechos políticos del individuo (votar y ser votado, participar en las decisiones políticas, etc.) esta esfera es quizás la más vinculada a lo procedimental; 2) dimensión civil, que implica la libertad de tránsito, derecho a la individualidad, a la justicia y a la propiedad; 3) dimensión social que tiene como premisa la garantía de que toda persona tiene derecho al empleo, la educación, la vivienda y todo tipo de derechos que requieren ayuda estatal.
Como se puede apreciar, nuestras democracias de baja intensidad y por tanto de ciudadanía débil, se han concentrado más bien en garantizar la esfera política dejando de lado en la ecuación aspectos fundamentales que legitiman a cualquier forma de gobierno.
Por ello, en tanto la democracia no deje de plantearse como un simple método jamás se conseguirá que ésta realmente sea “el elixir de la libertad” ya que tal como dice Marcos Roitman “cuanto más se predica vivir en sociedades democráticas (bajo el orden minimalista) más se degrada la condición humana” (Roitman, Marcos, 2007). Al tiempo.
