Recompensa y legado en el gobierno de AMLO


Por: Iván Arrazola Cortés @ivarrcor Publicado en ContraRéplica


La literatura politológica ha identificado dos incentivos por las que las personas quieren ganar la presidencia de un país: las recompensas del cargo y el legado de su mandato. La recompensa se puede entender como los recursos económicos que puede obtener un mandatario, los presupuestos para sus proyectos insignia, los puestos de gobierno que reparte entre su equipo, la influencia que puede tener en otros sectores como el empresarial o el social, en términos de inversión o apoyo se sus políticas. Por otra parte, el legado se puede entender como lo que la historia dirá acerca de su gestión, cómo será recordado y por supuesto, la evaluación sobre los aciertos y errores de su gestión. Analicemos como estos elementos han funcionado en la gestión de López Obrador.

Al hacer una evaluación del tema de la recompensa, la administración federal actual ha sido sumamente efectiva en poder asignar los recursos económicos necesarios para desarrollar los proyectos prioritarios, esto se debe al control de las dos cámaras del Congreso que le han permitido aprobar presupuestos tal como el ejecutivo los ha solicitado. Respecto a los perfiles que el presidente ha designado en las principales carteras, también ha sido efectivo al designar a las personas que él ha querido con independencia de la experiencia o de la reputación para poder desempeñar el cargo, pero que son afines a su ideología.

En la parte del legado es donde la actual administración no parece tener control sobre lo que el juicio de la historia dirá sobre su desempeño, aunque la construcción de la narrativa se ha empeñado en señalar el cambio acontecido a partir de la llegada de la nueva administración, la realidad de los datos muestra que varios de los problemas persisten en el país como la inseguridad o la corrupción y algunos se han agravado como es el tema de la salud o el desempleo

Con el anuncio del acuerdo por parte del gobierno federal publicado en el DOF en el que “se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, se abre un capítulo particularmente delicado en la historia del país en materia de transparencia y respeto a la democracia y que puede marcar el legado del actual presidente de México.

La decisión, aunque el gobierno la ha tratado de justificar como una medida para cumplir en tiempo con la entrega de las obras, parece una respuesta a las investigaciones periodísticas que han hecho sobre adjudicaciones directas y asignación de contratos poco clara por parte del Sedena en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.

Evidentemente la medida es preocupante por dos cuestiones: por un lado, en un régimen democrático la ciudadanía cuenta con instrumentos legales que le permiten solicitar información o ampararse ante las decisiones de la autoridad gubernamental, por otra parte, con el acuerdo publicado por el gobierno pareciera querer ocultar información sobre las obras que se están construyendo, al considerarlos proyectos de seguridad nacional, por lo que puede reservar información sobre cuánto se ha gastado y a quién se le han asignado contratos.

Con dicho acuerdo, la administración federal parece ponerse en una posición altamente cuestionable en términos de legado, implica que el presidente con el mayor número de votos de la historia reciente y con el mayor margen de victoria en una contienda electoral está dispuesto a sacrificar su legado en aras de concluir sus proyectos, a costa de lo que sea, incluida la propia ley, proyectos que además han generado serias dudas sobre su viabilidad financiera y operativa en el largo plazo. El presidente más popular de la historia reciente parece estar perdiendo la oportunidad de construir un gran acuerdo social y con las decisiones recientes su legado puede estar marcado por la imposición y la opacidad.

Iván Arrazola. Colaborador de Integridad Ciudadana, Doctor en estudios Científico-Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO. México). Especialista en participación ciudadana, cultura de paz, democracia subnacional y gobierno abierto.