Un fracaso autollamado “Ciudadano”

Por: Vladimir Juárez @VJ1204 Publicado en ContraRéplica

“La gente que elige políticos corruptos, impostores, ladrones y traidores no son sus víctimas, sino sus cómplices” G. Orwell

Es de reconocer que la Ciudad de México ha venido construyendo una narrativa más “sobria” en comparación con el gobierno federal en torno a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Con sus claros obscuros, y bajo la lupa de un antes y un después de la tragedia del Metro y el manejo político que se le dio por parte de la “Transformación”; el gobierno de la ciudad ha demostrado cierta efectividad para llevar ante la justicia a funcionarios ligados a la administración pública anterior, ello a diferencia de lo que sucede a nivel federal.

Tal vez otro contraste entre estas dos formas distintas de gobernar es la relación que sostienen con sus respectivos sistemas anticorrupción, es decir, por lo menos públicamente, el gobierno de la ciudad se muestra “institucional”. A diferencia del gobierno federal, quien públicamente ha rechazado al sistema nacional anticorrupción, al grado de considerarlo una institución creada para justificar y administrar la corrupción del régimen anterior.

Esto no quiere decir que no sea distinto en los pasillos del poder de la ciudad innovadora y de derechos, pero sí que los planteamientos de la jefa de gobierno se conducen con ciertas formas, a diferencia de las confrontaciones “espontáneas” del presidente de la república y vocero único de la ciudad para la tragedia citada líneas arriba.

Lo anterior cobra relevancia porque el día de ayer, finalmente, quedó integrado el sistema local anticorrupción con la designación de su nuevo secretario técnico, al cual se le desea éxito en esta laboriosa tarea.

Digamos que, hasta aquí, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, nada nuevo de esperarse del ejercicio del poder y los distintos estilos de gobernar, y de cualquier partido político.

Sin embargo, lo que es una tragedia “ciudadana” en torno a todo este escaparate de la lucha contra la corrupción, es que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México, no tenga la integridad y los tamaños suficientes para denunciar y hacer público, que su participación no carece de bloqueos por parte de funcionarios públicos ligados a la jefa de gobierno, de la falta de apoyo y recursos materiales, presupuestales y tecnológicos de todo tipo, de exigencias ajenas a su misión y de una alta injerencia del gobierno de la ciudad que raya en la subordinación “simulada” para influir en sus decisiones estructurales, como lo fue la designación del nuevo secretario técnico del sistema anticorrupción, con lo cual no solo merma su integridad y su capacidad ciudadana de incidir en la consolidación de políticas y acciones para un control efectivo de la corrupción y evitar la impunidad en una administración pública de la que se espera que las cosas sean distintas a la administración anterior; para decirlo claro, que el actual CPC no asuma el reto con peso y desafío ante las injerencias del poder los hace “epibionte” de “las zonas de silencio” en las que las burocracias no son similares, si no las mismas, aunque estas se jacten de ser diferentes en sus formas.

Y no, no es exigirles a los miembros del CPC que pasen a ser temerarios o sensacionalistas, pero si exigirles que asuman su responsabilidad con miras; su buena voluntad es necesaria pero no suficiente, pues al paso que van terminarán registrando sus propios datos: es decir, 1) afirmando que ante la corrupción “La solución somos todos” (López Portillo), y 2, que la corrupción se eliminó desde que ellos fueron erigidos como ciudadanos integrantes del sistema local anticorrupción.

Otros datos… ENCRIGE 2020

El día de ayer el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE 2020), la cual arroja información estadística referente a las experiencias y percepción de las empresas al realizar trámites y solicitar servicios públicos; así como sobre la percepción de los marcos regulatorios bajo los cuales se rigen. Ergo, es la opinión del sector empresarial y su proximidad con la corrupción gubernamental.

En este sentido, los resultados de la encuesta sobre este sector arrojan que, durante el año de la pandemia, la percepción a nivel nacional de la corrupción bajó de 82 a 71 porciento, siendo Jalisco el estado que presenta una disminución “inquietante”, pues pasó de 88% en 2016 a un 31% en 2020: la entidad que se percibe con mayor corrupción es el Estado de México con un 94%, seguido de la CDMX con un 88%.

Los empresarios perciben en un 72.6% que la principal causa de la corrupción se da en la agilización de trámites, seguido de un 37.9% en la evasión de multas o sanciones, así como ante la clausura de establecimientos con un 36.4%: cabe decir, son los microempresarios los que más sufren este flagelo en comparación con los pequeños, medianos o grandes empresarios.