Por Manuel Cifuentes Vargas. Publicado en Integridad Ciudadana.

3. Ampliar aportantes a los partidos políticos.

Dentro del mismo marco de repensar el ensanchar las vetas para el financiamiento privado a los partidos políticos, igualmente se propone permitir que personas morales nacionales; residentes del país en el extranjero; personas físicas y morales extranjeras, y organismos internacionales, hagan aportaciones al sistema de partidos políticos para relanzar y fortalecer la democracia. 

Seguramente habrá a quienes abrir completamente la llave en este sentido les pueda provocar cierto escozor, por lo que, en todo caso, si se quiere, para no “hacerlo de golpe y porrazo”, como exclama el dicho popular, otra opción podría ser hacerlo de manera sosegada; esto es, en etapas para, en todo caso, ir experimentando y aprendiendo sobre la marcha al respecto. Me parece que lo importante, es ir adquiriendo experiencia en esta línea, aunque de momento tenga que aperturarse una especie de financiamiento privado progresivo a partidos políticos.

Ciertamente la gente pide destinar menos recursos públicos a los partidos políticos por la desilusión que tiene sobre ellos, pero también es cierto que, como sociedad debemos ser muy prudentes y cuidadosos de que la disminución de la prerrogativa pública no debilite y menos que, en la práctica, conlleve el declive y ocaso de los partidos políticos por falta de recursos económicos suficientes para atender su tarea, ya que esto sería muy peligroso para la estabilidad política y social del país. Nos agraden o no, lo cierto es que los partidos políticos hoy representan un tema de seguridad nacional que no se puede hacer a un lado.

Hacerlo, nos ubicaría nuevamente en aquel lejano escenario ya superado de nuestra historia político electoral que vivimos hasta el año de 1977, tiempo en el que  existía un partido hegemónico que, tomado de la mano en amigable acompañamiento con el gobierno, de alguna manera inhibían la participación y el crecimiento de las fuerzas minoritarias de oposición, con lo que, en un lenguaje coloquial, prácticamente se secuestraba la participación y contribución ciudadana para inducir una directriz institucional.

Y, por otro lado, justamente también por eso se instituyeron en los poderes legislativos las llamadas “cláusulas de gobernabilidad” y otras fórmulas en las que hubiera pesos y contrapesos; es decir, de equilibrios para oxigenar su funcionamiento, con el objeto de evitar el gobierno y dominio de uno solo; esto es, de un partido político en los órganos legislativos, con el fin de hacer más real, viable y funcional la democracia, ya que su razón, valor, esencia, misión y carácter, es la pluralidad. Los desequilibrios políticos generan tentaciones mayestáticas de poder, al grado que llegan a constituirse en autócratas.

Luego entonces, debemos suplir la reducción del financiamiento público, en el que tanto se insiste trayendo y ondeando como bandera la tan llevada y traída austeridad, por el incremento del financiamiento privado, para bajar el gasto público. 

Pero a la par, debemos generar condiciones para que los partidos políticos puedan subsistir saludablemente y seguir operando con normalidad financiera-política-electoral, a fin de que estén en condiciones de cumplir con sus razón, esencia y misión, justamente en un sistema de competencia de partidos políticos. 

Por lo anterior, se propone aumentar los límites de financiamiento privado global, abriendo la gama de aportantes, así como elevando a su vez los límites de aportes de militantes, simpatizantes, precandidatos y candidatos. Para esto, se sugieren dos rutas:  

A. En el terreno nacional.

  • La posibilidad de que los nacionales residentes en el extranjero aporten al sistema de partidos en México, hecho que es congruente con el derecho que tienen a votar estos residentes mexicanos en el exterior, por lo general, por un partido político o coalición de éstos y de sus candidatos.  Consideramos que, así como los ciudadanos en el extranjero tienen derecho al voto, también los partidos deben tener derecho a recibir aportaciones de ellos. No se pueden tener sólo derechos, y no deberes libres para con el partido con el que simpatizan. Los partidos políticos tienen derechos y obligaciones, y uno de esos derechos debe ser que se les permita aceptar y captar una mayor contribución de sus militantes y simpatizantes, así como de personas colectivas. 
  • Valorar que las personas morales puedan realizar aportaciones a los partidos políticos, y que dichos apoyos pudieran ser deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta, con un límite que pudiera ser hasta de un 5% de sus ingresos fiscales o menos, según sea el tamaño económico del aportante.
  • Que los congresos de las entidades federativas puedan homologar las disposiciones normativas, para que las personas morales puedan aportar a los partidos políticos locales. 

B. En la esfera extranjera.

  • De igual forma, también se propone permitir que las personas físicas y morales extranjeras, así como los organismos internacionales, realicen participaciones al sistema de partidos políticos con el fin de oxigenar y vigorizar la democracia.

Para este rubro en especial, y a efecto de anular la posibilidad de que dichas contribuciones provenientes de extranjeros beneficien solo a un partido político y a su  candidato en particular, se plantea que se instituya un fondo común administrado por el INE, con la participación de los partidos políticos, en el que se concentre este tipo de colaboraciones, y que dicha bolsa se distribuya anualmente de manera igualitaria entre todos los partidos políticos con registro nacional por parte del Instituto Nacional Electoral.

En el supuesto de que se llegaran a aceptar estas sugerencias, y que transitaran favorablemente superando el umbral político actual, se podría aprovechar que está en curso en el Poder Legislativo Federal la Iniciativa de Reforma Electoral, para hacer las adecuaciones constitucionales y legales procedentes y, posteriormente, en su momento, renovar el cuerpo normativo administrativo por parte del INE.

En resumen, la propuesta consiste en el amplificar el universo de aportantes económicos, ya sea en dinero o en especie, o en ambas formas a los partidos políticos, permitiendo que estas personas morales y físicas, puedan hacer contribuciones para apuntalar y avanzar en el circuito del mejoramiento y fortalecimiento de la calidad de la democracia.

Ya en la segunda parte de este artículo me permití proponer la distribuir de la prerrogativa en un 70% igualitario y el 30% restante de manera proporcional entre los partidos políticos. Solo para redondear la sugerencia de este tipo de financiamiento, se podría ir más allá. Aunque sé que esto se va a considerar como una ilusión, pues en la real politik no va a suceder, porque los intereses en el pragmatismo político impone otras cosas; en el caso de que no se reconvierta la actual fórmula de la distribución del financiamiento público para los partidos políticos; no quiero dejar de aventurar una propuesta que todavía vaya más allá, pues total, si deberás se quiere a la democracia; si deberás se quiere democracia y si deberás se es demócrata, entonces que la totalidad del monto del financiamiento destinado a estos institutos se distribuya de manera igualitaria entre todos los partidos políticos con registro nacional en el INE. 

Así, por lo menos en el terreno financiero, que de suyo es muy importante, se les estaría dando el mismo trato a todos los partidos y se estaría aplanando el terreno para dejarlo totalmente parejo para todos los partidos políticos participantes y competidores en los procesos electorales. Esto es, a la manera de una carrera olímpica figurada, partirían todos de la misma posición al meta político electoral al mismo tiempo y en las mismas condiciones de igualdad, sin ventajas para nadie. Esto sí sería lo más razonable e igualitario y, por lo tanto, lo más justo para que todos tengan el mismo piso.

Manuel Cifuentes Vargas, Doctorante en Derecho por la Facultad de Derecho. UNAM. Miembro fundador de Integridad Ciudadana, A. C.