Por Iván Arrazola. Publicado en ContraRéplica.
Morena logró lo que ninguna otra fuerza política había conseguido en un periodo corto, en menos de seis años, se consolidó en el poder, alcanzando la presidencia de la República. Este resultado no se puede entender sin el vasto capital político acumulado por López Obrador desde su época como líder opositor. Desde 2015, cuando participó en su primera elección federal, era evidente que Morena experimentaría un crecimiento vertiginoso, impulsado por el deterioro de la oposición en México.
El discurso de López Obrador durante la campaña de 2018 fue moderado, alejado de las posturas más radicales que había adoptado en 2006 y 2012. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue que, tras asumir el poder, su gobierno adoptó una postura que varios han calificado como desleal.
En la literatura politológica existe un término llamado ‘oposición leal’, que se refiere a aquella oposición que se caracteriza por adherirse a las leyes y normas establecidas. Busca el cambio a través de los mecanismos institucionales, como el Congreso, las elecciones y el debate público, sin recurrir a tácticas antidemocráticas o ilegales. Esta forma de oposición, aunque crítica con el gobierno, tiene como objetivo mejorar las políticas públicas en lugar de desestabilizar el sistema. Sus críticas están basadas en hechos y en propuestas alternativas viables, más que en ataques personales o en la deslegitimación del proceso democrático.
La oposición leal evita generar conflictos sociales o disturbios. No busca la polarización extrema ni fomentar la violencia, sino que promueve un ambiente de diálogo y respeto entre diferentes posturas políticas. Un ejemplo clásico de este tipo de oposición es el PAN, que durante la época del partido hegemónico participaba en los procesos electorales a pesar de la clara desventaja, ya que las elecciones eran controladas por el Estado y las posibilidades de triunfo para la oposición eran mínimas. Sin embargo, su papel de oposición leal y los cambios en las condiciones de competencia permitieron al PAN ganar la presidencia en el año 2000.
En 2018, Morena y su líder, Andrés Manuel López Obrador, introdujeron un cambio radical en la toma de decisiones gubernamentales incluso antes de asumir formalmente el cargo. La cancelación del Aeropuerto de Texcoco fue la primera medida de López Obrador en la que desafió directamente al poder económico. Con una consulta apresurada, el presidente electo detuvo la construcción del proyecto, justificando la decisión con el argumento de que había corrupción en la obra. Desde ese momento, quedó claro que el presidente no se vería limitado por intereses económicos ni por contratos establecidos por administraciones anteriores. Su famosa frase «no seré florero» simbolizó su disposición a modificar políticas que, aunque beneficiaban a amplios sectores de la población, como el Seguro Popular y las Estancias Infantiles, fueron eliminadas por razones más políticas que técnicas.
Una vez en el poder, surgieron nuevas propuestas, como las reformas electorales para reducir la estructura del INE, los cambios en la Guardia Nacional y la reforma eléctrica. Aunque todas estas iniciativas fueron declaradas inconstitucionales por no cumplir con el procedimiento legislativo, en cada una subyace un cambio profundo. La propuesta de colocar la Guardia Nacional bajo control militar contradice el principio de que la seguridad pública debe estar en manos civiles. La reducción de la estructura del INE socava la certeza con la que se deben llevar a cabo los procesos electorales, y la reforma eléctrica vulnera el principio de competencia en el sector. En conjunto, estas reformas ponen sobre la mesa una serie de principios que han regido al país: la competencia y el libre mercado, la democracia y un tema complejo como lo es la seguridad pública en mandos civiles.
La medida que sin duda transformará de manera más profunda al sistema político es la reforma judicial. Desde el proceso de transición a la democracia, se trabajó para crear instituciones independientes y autónomas, con el objetivo de evitar que una sola fuerza política pudiera dominarlas, como ocurrió durante el periodo del partido hegemónico. Sin embargo, esta reforma rompe con el principio de independencia en instituciones clave, lo que compromete la viabilidad del sistema a largo plazo.
De cualquier forma, Morena ha optado por desmontar las bases del sistema de pluralismo democrático para instaurar uno que se ajuste a sus intereses en ese sentido se le puede denominar como un gobierno desleal ya que ha decidido romper con toda la estructura institucional generada a partir de la transición democrática. Con la decisión de imponer su mayoría para aprobar la reforma judicial, se rompe el consenso fundamental de contar con instituciones independientes que medien entre los diferentes grupos de poder. Esto podría dar lugar a que, antes de que el nuevo sistema se institucionalice, surjan más voces que cuestionen el manejo del poder. Si esas demandas no son atendidas, podría derivar en un escenario de confrontación entre los distintos grupos, creando una situación de caos y conflicto social, lo que sin duda no es deseable, de ahí la necesidad de contar con reglas y consensos básicos.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_ AC