Por Javier Agustín Contreras. Publicado en ContraRéplica.
Desacreditar el proyecto de elección del próximo 1º de junio no significa dar una batalla a favor de la democracia. Por el contrario, es dejar las puertas abiertas para que los dueños del poder impongan su voluntad sin la oposición de ciudadanos organizados. El voto no equivale a legitimar lo ilegítimo del proceso; no votar, en cambio, es darse por vencido sin siquiera levantar la voz.
Hago una pregunta abierta y retórica, para que cada quien la responda en su interior, con un grupo de amigos o en el espacio de su reflexión personal:
¿Es conducente crear una campaña para que la gente no legitime con su voto lo que muchos consideran un fraude, o es mejor promover una gran participación ciudadana que limite la posibilidad de que se impongan jueces, ministros y magistrados a modo?
No se necesita ser especialista en asuntos electorales ni en reformas constitucionales para entender que en México se llevará a cabo, por primera vez, la elección popular de jueces, ministros y magistrados que conformarán el nuevo Poder Judicial. Este proceso es resultado de los cambios constitucionales impulsados por Morena y sus aliados desde el púlpito del poder que les ha otorgado su mayoría legislativa, lo que ha facilitado que el Poder Ejecutivo y el Legislativo intervengan de forma directa en el Judicial.
Desde una perspectiva personal —que coincidirá con muchas personas, y con otras no— espero incidir especialmente en quienes aún están indecisos sobre participar. Primero, debemos preguntarnos: ¿cuáles serían los beneficios de incentivar la no participación y lograr que la gente no acuda a las urnas?
Una abstención masiva podría enviar el mensaje de que la ciudadanía no está de acuerdo con un proceso que considera ilegítimo y manipulado. Sería una forma de resistencia civil pacífica. Sin embargo, esta posición puede descalificarse fácilmente si se asocia al histórico abstencionismo electoral en México, interpretándose como indiferencia habitual y no como protesta consciente. Esto, a su vez, facilitaría el acarreo de votantes leales al poder y cerraría el camino a la crítica efectiva.
Por ello, a mi parecer, lo que debe hacer la sociedad organizada es reforzar y promover la participación ciudadana activa, lo cual favorecerá a los perfiles adecuados: personas con una verdadera carrera judicial y no figuras impuestas por cuotas partidistas o afinidades ideológicas.
Invertir en la difusión y análisis de los perfiles de los candidatos puede generar un impacto positivo. Está en juego nada menos que la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia, cuya función esencial es resolver controversias entre los poderes y garantizar que ninguna ley contravenga los preceptos constitucionales. Participar también permitirá documentar las irregularidades del proceso, construyendo así el sustento para eventuales acciones legales.
Podemos establecer, entonces, que ejercer el voto este próximo 1º de junio es no ceder terreno ante quienes buscan controlar el Poder Judicial con figuras afines. Esta no es una elección común. Es una jugada para capturar a quienes deben ser imparciales. Tengamos presente que la justicia no se vende ni se acomoda a intereses políticos: se defiende y se vota.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC