Armando Alfonzo Jiménez / Columna invitada / Opinión El Heraldo de México
Cuando la normalidad prevista en la Constitución se ve afectada, tanto las personas como los órganos del poder público cuentan con mecanismos para hacer frente
Una ley fundamental está diseñada para el buen funcionamiento del gobierno y para el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Es lo que se conoce doctrinalmente como la regularidad constitucional.
Cuando la normalidad prevista en la Constitución se ve afectada, tanto las personas como los órganos del poder público cuentan con mecanismos para hacer frente a esa situación, restaurar el orden constitucional o, en caso de que esto no sea posible, solicitar la sanción correspondiente a quien cometió las violaciones a la Carta Magna.
México, al ser una federación, cuenta con sistemas de justicia que corresponden a ámbitos territoriales: por una parte, el federal y, por otra, los relativos a cada uno de los estados de la República e, incluso en muy pocos casos, los municipales.
Nuestra Constitución General, en su artículo 17, segundo párrafo, caracteriza que la justicia debe ser pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita. En la realidad, esto no es así. Aunado a que quien cuenta con recursos económicos puede lograr una mejor promotoría jurídica y contar con mejores abogados. Hay un desencanto ciudadano por la justicia.
Si bien es cierto que durante años se ha buscado la profesionalización de los impartidores de justicia, también lo es que hace falta mucho por hacer.
El anterior Consejo de la Judicatura Federal fue cuestionado por los pocos resultados en materia de responsabilidades de los encargados de administrar justicia. Asimismo, se puso en tela de juicio el hecho de que el presidente de la Corte era a la vez el titular del Consejo.
En este sentido, la reforma constitucional que estableció en el orden federal, por un lado, un órgano de administración judicial y, por otro, un Tribunal de Disciplina Judicial, abre la pauta para una adecuada administración de los recursos económicos asignados al Poder Judicial Federal, además de mejorar la supervisión de los órganos de justicia, así como la especialización en revisar la actuación de jueces y magistrados.
También se espera que quien acreditadamente cometa irregularidades durante los procesos y resoluciones sea debidamente castigado.
Considero que, más allá de la amenaza punitiva, el Tribunal de Disciplina Judicial debería darle importancia a una efectiva coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus instancias con el objeto de detectar áreas de oportunidad en pos de una mejor profesionalización de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación como alta prioridad, rescatar las mejores prácticas en el proceder de los equipos que integran los órganos jurisdiccionales y reconocer a quien administra justicia de manera ejemplar.
Esto implica también articular buenas estrategias de comunicación social para lograr una verdadera transformación en el ámbito del Poder Judicial de la Federación.
Que así sea por el bien de México.
POR ARMANDO ALFONZO JIMÉNEZ / CONSTITUCIONALISTA / @ARMANDOALFONZO