Por Javier Agustín Contreras. Publicado en ContraRéplica.
Desde el 2018, con la llegada de Morena al poder, México ha vivido una serie de reformas institucionales y recodos políticos que han modificado el funcionamiento del Estado y de sus principales contrapesos.
Entre los cambios más relevantes se encuentran las transformaciones en órganos clave como el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha abierto el debate sobre si estas reformas fortalecen la gobernabilidad o representan una tendencia hacia la centralización del poder en el Ejecutivo, y todo apunta a que se trata de lo segundo.
En paralelo, se han producido movimientos internos dentro del propio partido y del gobierno federal. Figuras como Citlalli Hernández y Luisa María Alcalde han sido parte de reacomodos políticos que, según podemos observar, responden tanto a dinámicas de organización interna como a estrategias de cohesión del proyecto en el poder; ya que fue evidente la falta de pericia de Alcalde, al no lograr coincidencias con el PT y el Verde y la necesidad de Sheinbaum de no dejarla que transite libremente, al incluirla en su gabinete.
Y esto viene de leer entre líneas lo expresado de forma clara, por el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar durante su intervención en el noticiario de MVS el día de ayer; la salida de Luisa María Alcalde permitirá una relación de respeto y acuerdos, en la que tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo puedan aportar y generar un ganar-ganar para la coalición.
La llegada de Citlalli Hernández se presenta como un factor clave para la integración de la coalición de Morena y sus aliados o mínimo para controlar los daños que ya fisuraron la relación entre los partidos que la conforman.
Mientras, legisladores y actores políticos del partido oficial como Alfonso Ramírez Cuéllar y Olga Sánchez Cordero, están planteando ajustes importantes en la reforma judicial, incluyendo propuestas para modificar el calendario electoral, pasando las elecciones del Poder Judicial del 2027 a 2028, reducir candidaturas y reorganizar funciones dentro del sistema judicial.
Estas propuestas son resultado de un análisis que deja ver, en mi opinión, el reconocimiento; por parte de dos de los miembros sobresalientes del movimiento;de la existencia de problemas estructurales en función del Poder Judicial y la necesidad de crear un proceso más alineado a las capacidades de los futuros juzgadores, con énfasis en la imparcialidad, la experiencia técnica y la trayectoria judicial. Esto apunta a atender un modelo cuyos resultados han sido ampliamente debatidos ya que son el resultado de un capricho político y de la improvisación.
Así mismo, debemos entender que, en términos de resultados, persiste un debate nacional sobre los efectos de las políticas implementadas por la llamada Cuarta Transformación. Mientras algunos destacan avances en materia social mediante programas que implican un alto costo económico para la Hacienda Pública, pero con un impacto positivo en lo político electoral y de reorganización institucional, otros observamos una tendencia hacia la concentración de poder y la falta de mejoras sustantivas ampliamente reconocidas en problemas estructurales, como la corrupción o la eficiencia gubernamental y el valor del botín político electoral de los programas sociales, al no tener un estándar de medición que responda a la necesidad de quienes se benefician de ellos.
Los cambios que observamos, y como bien lo ha señalado la Presidente, para muchos representa una continuidad política dentro del mismo proyecto; para otros, abre interrogante sobre el grado de autonomía del nuevo Gobierno frente a su antecesor. Esto, por ahora, no puede afirmarse con certeza y solo el tiempo permitirá clarificarlo y en su caso mostrar que no estamos ante un nuevo Maximato.
En este contexto, y ante el reacomodo político que se observa a nivel nacional no solo en Morena, sino también en los distintos partidos que conforman la oposición, donde las renuncias de sus militantes es el pan de cada día, como la recienterenuncia de la presidente municipal de León, que hasta el día de ayer era militante del PAN, o la de Carolina Monroy del Mazo en el estado de México,anteriormente vinculada al PRI, la pregunta es qué papel está jugando hoy la oposición frente a su propio desgaste interno y cuál es su estrategia real para reconstruir cohesión, relevancia política y capacidad de competir en el escenario nacional actual.
La respuesta, nos guste o no, solo apunta a una oposición fragmentada, donde las tensiones internas y la competencia entre liderazgos, han dificultado la construcción de un proyecto común. Esta dinámica ha contribuido a debilitar su capacidad de articulación política, al tiempo que abre espacio a otras fuerzas emergentes dentro del sistema nacional de partidos.
En este reacomodo, actores como un Movimiento Ciudadano y el Partido Verde han ganado presencia en distintos espacios políticos y electorales, especialmente en entidades de alta densidad electoral como el estado de México, donde diversas figuras han buscado reposicionarse dentro de las nuevas estructuras partidistas, generando un distanciamiento progresivo de los ciudadanos respecto a la política cotidiana del país, y relegándolos a un papel de simples espectadores ante la falta de actores que realmente los representen.
La pregunta ya no es si debemos reaccionar, sino cuándo decidiremos dejar solode observar. Porque sin una ciudadanía activa, cualquier reacomodo termina por convertirse en concentración de poder.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC