Armando Alfonzo Jiménez / Columna invitada / Opinión El Heraldo de México
Mientras el desarrollo tecnológico avanza a una velocidad galopante, la maldad humana no deja de destruir y de ser amenazante
En la época actual, la dinámica de vida es muy cambiante. Cada día surgen nuevas necesidades y se originan problemáticas inéditas. Mientras el desarrollo tecnológico avanza a una velocidad galopante, la maldad humana no deja de destruir y de ser amenazante.
En el ámbito público no es la excepción. Los gobiernos enfrentan retos de distinta envergadura y las demandas sociales son cada vez más sentidas ante la insuficiencia de resolución.
La expresión “legislador motorizado” fue acuñada por el jurista italiano Gustavo Zagrebelsky en su emblemática obra El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia.
Se tiene la falsa creencia de que mediante reformas constitucionales, modificaciones legales, nuevos ordenamientos legales y reglamentarios se puede transformar la realidad en un santiamén.
Por supuesto que una adecuada elaboración de normas jurídicas puede servir para una debida aplicación de las mismas frente a una circunstancia determinada, pero el mero hecho de expedirlas no basta y no es garantía de su buena ejecución.
Por ejemplo, ante la crisis en los sistemas de seguridad pública, ya desde hace varios años, muchos países han apostado por reducir el crimen a partir del incremento de las penas. Esto no ha solucionado la cuestión. No ha disminuido la delincuencia y se ha incrementado la merma de los derechos de las personas relacionadas en hechos presuntamente ilícitos.
Es claro que el papel del órgano legislativo resulta trascendente para atender los distintos tópicos que son de importancia para el Estado.
Sin embargo, al mecanizar tanto el derecho, en muchas ocasiones no se salvaguardan los valores constitucionales, no se regulan debidamente las prácticas sociales y personales; además, muchos de los ordenamientos jurídicos son complicados de comprender y de instrumentar.
Asimismo, aunado a que el sistema jurídico se ha pulverizado, también en ciertos casos existen contradicciones entre varias de sus normas y hay omisiones legislativas.
De ahí la importancia del papel que hoy desempeñan los tribunales constitucionales: representan la instancia que modera los exabruptos de un órgano legislativo que considera muchas veces el mero hecho de legislar por legislar y que no evalúa el impacto que tendrán sus productos en la comunidad. También cada vez resulta inaplazable que los silencios del legislador sean suplidos por reglas claras que desarrollen los preceptos jurídicos que resuelvan dificultades y den la mejor solución.
La ley fundamental es la que orienta y le da sentido de unidad a un ordenamiento jurídico.
De ahí la relevancia de concretar en el día a día sus valores y principios; de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales; de moderar y controlar a los poderes, sean públicos y privados, así como sustento para impedir que los malhechores se salgan con la suya.
El derecho debe ser asequible para todos. Todas las personas debemos comprenderlo. Conocer nuestros derechos para hacerlos exigibles y saber cuáles son los límites de las autoridades para evitar que cometan abusos.
Más que un legislador motorizado, ocupamos uno que expida normas claras, sencillas, realistas, que no sean muestra de la vanidad y de la soberbia de algunos, así como que ayuden a que los fines de la Constitución se cumplan siempre para el beneficio de la sociedad.
POR ARMANDO ALFONZO JIMÉNEZ / CONSTITUCIONALISTA / @ARMANDOALFONZO