Por Mauricio Hernández Aguilar. Publicado en Integridad Ciudadana.
De seguro usted, como yo, tenemos muchas preguntas luego de escuchar los audios en los cuales la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, conversa con una persona a quien le ofrece entregar información sobre la seguridad nacional de México (y a la cual ella tiene acceso por ser una mandataria local), a cambio de que no le cancelen su visa estadounidense, la soliciten en extradición o le finquen responsabilidades penales que pudieran conducirla a quedar prisionera en una cárcel de Estados Unidos.
También es difícil entender la explicación de la gobernadora, en el sentido de que dicha llamada era de carácter privado y que fue grabada ilegalmente. Sin embargo, lo realmente inconcebible es que la presidenta de México respalde ese argumento y minimice lo sucedido, con el pretexto amateur de que Ávila no tenía la certeza de saber con quién hablaba y de que la funcionaria ya había asegurado que no había entregado información que comprometiera la seguridad de nuestro país. ¿Usted lo cree?
¿La soberanía nacional y la secrecía de la información estratégica se defienden siempre o sólo cuando el color del político involucrado no es guinda? No existe justificación para que una persona negocie el recibir un beneficio personal a cambio de compartir información confidencial que conoce en razón de ser funcionario público.
No entraremos a discutir la conducta de la gobernadora en ese audio filtrado a medios, pues resulta evidente que ésta se encuentra al margen de la ley. Conviene utilizar el caso como ejemplo para intentar explicar el añejo debate que existe entre lo que es público y lo que es privado.
Todos tenemos derecho a mantener un espacio de nuestras vidas fuera conocimiento de los demás. Nuestra vida familiar, correspondencia, pensamientos y convicciones no deben sujetarse a que sean revisados por otros individuos. No obstante, cuando la persona es un funcionario, todas las actividades que realice o palabras que pronuncie se sujetan al escrutinio público, ya que todo funcionario, por el hecho de serlo, pierde cierto grado de privacidad y sus actos pueden ser revisados y criticados por la sociedad en general. Estos son los casos en los cuales lo público invade, necesariamente, la esfera privada de una persona.
Un telefonazo entre un papá o mamá con la maestra de su hija, para platicar sobre su conducta en clase o saber qué debe estudiar la niña para mejorar sus notas, es y debe ser un tema estrictamente privado. Pero cuando ese papá o mamá es policía, agente aduanal o gobernadora, y en la llamada le ofrece a la maestra ayudarla a desaparecer la multa de tránsito que le han levantado o a agilizar la obtención del permiso que la maestra está tramitando para abrir una escuela propia, entonces ese padre está actuando con su poder de funcionario para otorgar canonjías a cambio de un beneficio personal: que su hija reciba una mejor calificación en la escuela. En este último caso, el padre de familia está actuando como servidor público y la llamada se vuelve, por naturaleza, información pública.
Marina del Pilar no sostuvo esa llamada como una ciudadana preocupada por cumplir con la ley o deseosa de saber si tiene algún problema con la justicia gringa, sino como una gobernadora que ofrece entregar información que puede comprometer los intereses mexicanos, a cambio de que otro país no le inicie procedimientos penales. Esto podría considerarse tráfico de influencias o cohecho; pero no una llamada privada entre una ciudadana cualquiera y un interlocutor desconocido.
La información de seguridad nacional integra las bases de nuestra soberanía. Quien ofrece revelarla a terceros desconocidos, arriesga la estabilidad política del gobierno y con ello compromete tan mentada soberanía que a diario se defiende desde el ejecutivo federal. Las filtraciones siguen ocurriendo, más políticos están hablando; y mientras tanto, Palacio Nacional continúa malabareando las bombas mediáticas que surgen casi a diario.
Mauricio Hernández Aguilar. Experto en Privacidad de datos, TICs y Derechos Humanos. Colaborador de Integridad Ciudadana, A.C. y Miembro de la BMA. @M_haguilar