Por Javier Agustín Contreras Rosales. Publicado en ContraRéplica.
Creo que ha llegado el momento de que la sociedad civil realice un análisis serio y objetivo de lo que está sucediendo en México, e impulse acciones legales contra todos aquellos que han vulnerado el estado de derecho y contribuído al deterioro del país mediante políticas públicas, cuyo costos, consecuencias y posibles irregularidades no han sido suficientemente esclarecidos.
Los escándalos relacionados con el huachicol Segalmex, así como los problemas de desabasto de medicamentos, se suman a los enormes costos que los mexicanos hemos tenido que pagar a través del gasto público por las principales obras del sexenio anterior. Proyectos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, han requerido inversiones multimillonarias, que a mi juicio todavía deben de demostrar plenamente su responsabilidad social y económica, así como sus beneficios concretos para los mexicanos y la nación.
El gasto ha sido inmenso y su insostenibilidad financiera merece un análisis riguroso. Una muestra de las presiones que enfrenta el Estado mexicano puede observarse en el presupuesto de ingresos de la Federación para el 2027 y en las modificaciones aprobadas por los diputados; donde por decreto, todas las empresas que tengan ingresos superiores a 50 millones, tendrán como mínimo un 3.33% de utilidad como base de cálculo de los impuestos y la reducción del límite para deducir intereses netos del 30 al 20% encareciendo el financiamiento; aunado a los aumentos previstos para la Ley Federal de Derechos.
Con el propósito de incrementar la recaudación, el gobierno ha planteado una estrategia fiscal agresiva, que desincentiva la inversión, aun cuando crea un programa de regularización que incluye a los grandes contribuyentes. Y no nos equivoquemos: ésto no es un acto de buena fe, sino una excelente estrategia recaudatoria que puede beneficiar a ambas partes.
Seamos claros, aunque algunos de estos cobros se dirijan a sectores específicos, sus efectos no necesariamente se limitan a quienes deben de pagarlos de manera directa; las empresas y las personas físicas que enfrentan mayores costos; parte se traslada al precio de bienes y servicios que ofrecen, siendo el ciudadano de a pie quien terminar pagando los platos rotos.
La autollamada Cuarta Transformación y sus principales dirigentes, han sostenido que su objetivo es apoyar a los sectores más vulnerables. Sin embargo; la política social no puede basarse únicamente por la cantidad de recursos que se distribuyen, ni por el número de beneficiarios; sino en la existencia de las condiciones económicas para sostener esos programas de forma universal a largo plazo.
No se trata de jugar al Robin Hood moderno: quitarle recursos a los que los producen para dispendiar en los proyectos de baja rentabilidad y programas sin resultados medibles. La justicia social no es una licencia para gastar sin justificar.
Es importante estar claros, todo programa social que no esté acompañado de una estrategia de desarrollo económico, fortalecimiento de la productividad y generación de empleos formales, corre el riesgo de volverse financieramente insostenible. Cuando el gasto permanente crece, sin que aumenten proporcionalmente los ingresos sostenibles del Estado, el gobierno termina enfrentando decisiones difíciles, elevar los impuestos y los derechos; recortar otros gastos o recurrir a un mayor endeudamiento, tal cual está planteado en la Ley de ingresos 2027, que contempla un tope de endeudamiento de 1.7 billones de pesos. Cualquiera de estas opciones puede trasladar sus consecuencias a las siguientes generaciones.
Estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero debemos hacerlo con responsabilidad, argumentos y participación ciudadana. No basta con señalar los errores del gobierno. También es necesario exigir el regreso de Transparencia para evaluar los resultados de las políticas públicas y ver alternativas viables.
En otros países como España y Francia, los debates sobre los derechos sociales, la sostenibilidad y los sistemas de bienestar, la productividad y las obligaciones del Estado han generado importantes tensiones políticas sociales y manifestaciones.
La defensa de los derechos sociales es legítima, pero también debemos discutir cómo financiarlos, cómo incrementar la productividad y cómo garantizar que las oportunidades de la responsabilidad se distribuyan de manera justa.
Es momento de abrir el debate público y entender que disentir del gobierno, no nos convierte en enemigos del Estado. Por el contrario, cuestionar las decisiones del Poder es nuestra responsabilidad. Por eso llamo a todos aquellos que están con el movimiento de la 4T: deténganse, analicen la realidad sin fanatismo y antepongan el interés nacional a los de su partido; la lealtad a un partido político no exime a nadie de la obligación de analizar críticamente sus decisiones y mucho menos si se es legislador.
Desde esta perspectiva, 2027 representa una oportunidad importante para que los mexicanos reflexionamos sobre el equilibrio de poderes y la necesidad de contar con contrapesos, institucionales y efectivos.
Se requieren tribunales independientes, un poder legislativo capaz de fiscalizar al Ejecutivo. Organismos de Vigilancia eficaces y ciudadanos que puedan expresar su desacuerdo sin ser estigmatizados.
Participar y votar para equilibrar el poder, sí marcará un nuevo camino.
No se trata de defender a un partido por encima de otro. Se trata de defender a los ciudadanos frente a cualquier abuso de poder, porque; independientemente de quién gobierne; las consecuencias de las malas decisiones se reflejan en los servicios públicos, en el costo de la vida, en las oportunidades de empleo, en la seguridad, y en el futuro de nuestras familias.
Es tiempo de actuar y pasar de la indignación a la participación.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC