Por Javier Agustín Contreras Rosales. Publicado en ContraRéplica.
La realidad en la que vivimos en el país es muy distinta a lo que los gobernantes están observando. Día a día, México se acerca a un modelo de Estado hipertrofiado, lo cual limita el desarrollo económico y humano de los ciudadanos, ya que quienes gobiernan están atrapados en una visión de corto plazo electoral, con una visión asistencialista que no incide de forma eficiente en la eliminación de la pobreza de los grupos vulnerables, más sí los mantiene dependientes.
La presidenta está consciente o más bien, debería estarlo, de que se necesita una corrección de rumbo y sacudirse todas las rémoras del poder, ya que es evidente la crisis que se avecina con la lectura que significa el techo de endeudamiento que trae el presupuesto 2026.
México, como nación, necesita un contrato económico y social real que permita un crecimiento con equidad, el cual tenga como base no solo la redistribución, sino la creación de riqueza, con mecanismos que no dejen atrás a los más vulnerables. Esto implica un esfuerzo conjunto entre los sectores productivos y las autoridades, que permita la innovación y el fortalecimiento del Estado de derecho. Es necesario reconocer que, para vislumbrar un futuro promisorio para las siguientes generaciones, se tiene que aceptar la economía de mercado y reconocer sus fallas, para plantear un sistema económico que contenga la creación de riqueza como base fundamental del progresismo social.
La administración pública, en general, debe hacer eficiente el gasto público, dejando atrás el mecanismo de clientelismo político sostenido por una justicia emocional que se difunde, como se ha observado durante los desastres naturales que han sacudido a Veracruz y Guerrero, por mencionar algunos. Esta eficiencia en el gasto no significa empobrecer a los empleados públicos bajo la consigna de la “austeridad franciscana”; lo que se requiere es eliminar subsidios improductivos, redirigir el gasto a sectores con alto retorno social y financiero, evaluando cada peso invertido en proyectos que, al día de hoy, no han generado los beneficios esperados, ni en lo económico ni en lo social (Pemex, Tren Maya, etc.).
El nuevo contrato social y económico debe estar fundado no solo en los votos —ya que esto no es concluyente ni muestra, en México, la voluntad del pueblo—, sino en una sociedad participativa. Esto significa una vinculación real con todos los sectores, y no solo con los aliados del poder, donde los críticos del gobierno puedan presentar su visión y proyectos para enriquecer las políticas públicas.
Que se entienda bien: lo que hoy es un endeudamiento para mantener los proyectos de la administración, mañana serán impuestos o pobreza generalizada de la población, ante la incapacidad de insertar a la economía informal al sector formal productivo.
El gobierno está obligado a ampliar la base fiscal de contribuyentes, garantizando una certeza jurídica que incentive la inversión de los distintos sectores económicos, redefiniendo sus políticas para consolidar el Estado de derecho, lo cual también permitiría una correcta renegociación del T-MEC. Este acuerdo debe ser un ganar-ganar para todos sus miembros, generar empleos bien remunerados, equidad y economía social, que permita atender las necesidades presupuestarias, aumentar el PIB nacional y, a su vez, disminuir el endeudamiento de forma paulatina, en vez de iniciar una sobre fiscalización a los que ya están cautivos.
El 2026 presenta grandes retos, que si no se visualizan de forma real —sin fanatismo ni ideologías partidarias, sino a partir de hechos y resultados con cifras verificables—, solo nos llevarán a una crisis mayor que las vividas en el último cuarto del siglo pasado.
Reflexionemos: los problemas económicos de la población no están solamente en la redistribución de la riqueza, sino en desde dónde el Estado la redistribuye. Si esta se hace a partir de la abundancia productiva, los resultados serán un desarrollo integral de la nación. “Mas si se sigue repartiendo sobre la ilusión sostenida en deuda e inflación, el futuro estará en juego”.
“Hoy el país enfrenta un dilema económico y ético que definirá el futuro próximo, donde tanto sociedad y como gobierno, tienen su responsabilidad”
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC