Por Javier Agustín Contreras Rosales. Publicado en ContraRéplica.
La presidenta Claudia Sheinbaum puede realizar propuestas de ley, conformar grupos de consulta y desarrollar actividades como lo está haciendo actualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Constitución. Sin embargo, parece olvidar algo muy importante: la diferencia entre lo legal y lo legítimo.
En días recientes, la presidenta ha expresado que todo tipo de personas podrán participar en los debates y foros de consulta para la reforma del Instituto Nacional Electoral. No obstante, ha dejado en claro que, aunque los partidos políticos, los miembros de la academia y otros sectores sociales podrán opinar, solo los integrantes de la comisión podrán votar y delinear el contenido de la propuesta de reforma.
La mandataria pasa por alto que, para que una reforma resulte verdaderamente positiva para el país, ésta debe ser plural. Por lo tanto, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral debe ser encabezada por organismos autónomos.
Por esta razón, levanto la voz, no para descalificar, sino para proponer una comisión que realmente cuente con las herramientas necesarias para el estudio, análisis y debate de la reforma electoral que México necesita.
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Se propone que la comisión esté compuesta por una mesa directiva encabezada por la UNAM, con el acompañamiento del CIDE y del INEGI, instituciones de las que muchos hemos egresado. Esta mesa estaría apoyada por una co-coordinación conformada por el IPN, el ITAM, la UAM y otros centros de investigación especializados, como El Colegio de México (COLMEX). Esta estructura permitiría trabajar de manera directa con jóvenes, académicos e investigadores, fortaleciendo el debate y enriqueciendo las propuestas.
Es igualmente importante integrar un cuerpo de asesores técnicos que acompañen todo el proceso y sirvan de puente vinculante con el Congreso de la Unión. Este cuerpo podría incluir al Centro de Estudios Belisario Domínguez, al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que incluso podría proyectar el costo de implementación de la reforma electoral.
Los tiempos son cortos: se plantea que, durante el mes de enero de 2026, se presenten las conclusiones de los trabajos a la Presidenta y que, a partir de ahí, la propuesta de iniciativa de reforma sea presentada a inicios de febrero de ese mismo año, con un solo objetivo: que el proceso electoral de 2027 se rija bajo nuevas normas.
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Es importante señalar que, si bien las personas designadas hasta el momento para realizar los trabajos cuentan con una trayectoria y son reconocidas, también es evidente que no cuentan con plena autonomía y mucho menos, con libertad de juicio, ya que son simpatizantes de MORENA y funcionarios públicos subordinados jerárquicamente al Ejecutivo, en este caso, la presidenta.
Por ello, es imprescindible incorporar a las organizaciones de la sociedad civil, a los representantes de pueblos nativos, centros empresariales y, sobre todo, a los partidos que representan a las minorías. Solo así se generará un consenso nacional y se legitimará el proceso, fortaleciendo la democracia.
Solo incluyendo a todos los sectores que conforman la sociedad mexicana, otorgándoles voz y voto reales para validar los trabajos, se podrá afirmar que estamos en un proceso democrático de transformación. De lo contrario, lo que sucederá no será una reforma, sino el retorno de una neohegemonía del poder, todo bajo un solo partido y sus aliados.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC