Por Manuel Loaiza Núñez. Publicado en ContraRéplica.
Politizar, según el Diccionario de la lengua española, significa dar orientación o contenido político a acciones o pensamientos que regularmente no lo tienen. En palabras de Karl Von Clausewitz, la guerra surge siempre por un motivo político y, por tanto, es un acto político. Así, mientras la guerra constituye la continuación de la política por otros medios, la política, entendida como continuación de la guerra por medios civilizados, implica la vigencia del Estado de derecho. El derecho se erige, entonces, como el instrumento que controla la violencia y transforma el poder bruto en poder civilizado; es también el sustento de la paz y de la cooperación entre las personas y las naciones.
Sin ahondar en la esencia del poder, es indudable que éste tiene su origen en la fuerza bruta y en la capacidad de imponer la voluntad del fuerte sobre el débil. Parafraseando al benemérito Benito Juárez García, así ocurre entre los individuos como entre las naciones. La cooperación entre unos y otros ha dado lugar a la creación de la familia, las organizaciones, las comunidades, las ciudades y los Estados. En ese proceso, el derecho ha sido fuente de certeza y cauce de los intereses de los distintos, al permitirles colaborar en la satisfacción recíproca de sus necesidades.
La vida en sociedad implica interdependencia y cooperación entre todos sus miembros, ya sea a nivel familiar, local, nacional o internacional. La observancia del derecho es, por tanto, garantía de armonía y colaboración entre personas, organizaciones y países, mientras que su inobservancia es fuente de conflicto y descomposición social.
En años recientes, los vaivenes de la política, tanto nacional como internacional, han propiciado el surgimiento de dirigentes políticos, líderes de opinión y gobernantes que asumen el poder recibido como una patente de corso. Con ello imponen su voluntad personal por encima del Estado de derecho, lo que nos conduce nuevamente a la política entendida como guerra por otros medios, es decir, al conflicto, la barbarie y —de persistir en ese camino— a la posible autodestrucción de la especie humana.
Esa actitud es hoy visible en diversos escenarios: la invasión de Rusia a Ucrania sin una declaración formal de guerra; el conflicto entre Hamás e Israel, así como los recientes ataques israelíes a Líbano, Siria, Catar o Yemen, que distan de constituir simples represalias por los actos terroristas perpetrados por milicianos de Hamás en octubre de 2023; los ataques de la flota naval de Estados Unidos en el Caribe sur y el Pacífico contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico; o la política arancelaria errática del gobierno de Donald Trump, aplicada tanto a aliados como a competidores estratégicos.
En el ámbito interno, expresiones similares se observan en las votaciones del Congreso mexicano para aprobar reformas constitucionales —como la judicial—, así como en diversas acciones del gobierno y del partido mayoritario. Se recurre al chantaje político al advertir que, de no votar por sus candidatos, podrían perderse los beneficios de los programas asistenciales, sustituyendo así auténticas políticas públicas de bienestar, por dádivas de corte clientelar y la política como fuente de construcción de acuerdos por el chantaje y la extorsión. Esto resulta especialmente grave en áreas esenciales como salud, educación, seguridad y empleo.
A ello se suma la irracionalidad de la extorsión permanente del crimen organizado hacia productores de bienes y servicios, que paraliza la actividad económica y social del país. Para muchos, resulta más seguro no emprender ni prosperar, pues la visibilidad conlleva el riesgo de ser víctima de extorsión, ya sea por parte de grupos delictivos o de autoridades que, disfrazadas de inspectores o auditores, operan con fines recaudatorios o corruptos.
Es momento de reflexionar y asumir nuestra responsabilidad ciudadana. No debemos dejarnos seducir por el canto de las sirenas del populismo, ni por discursos que disfrazan la coacción de política social. Es imperativo exigir la eliminación de las conductas extorsivas —sean políticas, delictivas o institucionales— y promover, en cambio, políticas públicas orientadas a fortalecer los servicios esenciales y a dignificar la relación entre el Estado y el ciudadano contribuyente.
Manuel Loaiza Núñez. Miembro Fundador de Integridad Ciudadana AC, Licenciado en Derecho por la UNAM y Especialista en Contrataciones Públicas @Integridad_AC