Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en Integridad Ciudadana.
El límite institucional de las campañas anticipadas
Las evidencias de las campañas anticipadas se multiplican en todo el país. Bardas pintadas, espectaculares, reportajes o informes de labores que en realidad son instrumentos de promoción personal, entrevistas y declaraciones públicas en las que distintos actores políticos reconocen abiertamente su intención de competir por una candidatura forman parte de una estrategia que, aunque formalmente se presenta como un proceso interno de los partidos, en los hechos constituye un mecanismo de posicionamiento anticipado frente al electorado.
Los nombres cambian según la fuerza política, pero la lógica es la misma. Morena y sus aliados designan a sus aspirantes como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional; el PAN los presenta como coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad; mientras que el PRI los denomina defensores de México. La denominación resulta secundaria. Lo verdaderamente relevante es que estas figuras permiten desarrollar actividades de promoción política muchos meses antes del inicio formal de las precampañas y campañas.
Este modelo fue impulsado originalmente por Morena para seleccionar a sus candidaturas a gubernaturas y a la Presidencia de la República mediante encuestas realizadas con amplia anticipación al calendario electoral. En la práctica, dichas encuestas definían quién sería el candidato, mientras que las etapas oficiales de precampaña y campaña terminaban convirtiéndose en un procedimiento de ratificación de una decisión previamente tomada. Con el paso del tiempo, esta estrategia fue replicada por otras fuerzas políticas, dando lugar a una nueva competencia en la que prácticamente todos los partidos buscan posicionar anticipadamente a sus aspirantes.
Las consecuencias son evidentes. Quienes resultan favorecidos en esos procesos internos adquieren una ventaja política considerable, pues pueden recorrer el territorio, aparecer en medios de comunicación, participar en eventos públicos y construir reconocimiento entre el electorado con la certeza de que, salvo circunstancias extraordinarias, serán quienes finalmente aparezcan en la boleta electoral. Mientras tanto, otros posibles contendientes permanecen en una situación de evidente desventaja.
Frente a esta realidad, el Instituto Nacional Electoral ha mostrado posiciones encontradas. Un sector minoritario del Consejo General, encabezado por el consejero Arturo Castillo, ha propuesto que los recursos destinados a estos procesos internos sean fiscalizados y, en su caso, contabilizados como gastos de campaña para evitar ventajas indebidas.
En contraste, la posición mayoritaria en el INE ha sostenido que dichas erogaciones deberían de formar parte del financiamiento ordinario de los partidos políticos, estableciendo únicamente un límite aproximado de tres millones de pesos por aspirante para este tipo de actividades. A ello se suma otra interpretación jurídica según la cual el INE carece de atribuciones para regular estos procesos internos, ya que hacerlo implicaría legislar sobre una materia que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.
Las limitaciones institucionales no terminan ahí. El propio Tribunal Electoral ha establecido que, para acreditar un acto anticipado de campaña, debe existir un llamado expreso e inequívoco al voto. En consecuencia, mientras los aspirantes eviten solicitar directamente el respaldo electoral, la mayoría de sus actividades de promoción difícilmente pueden ser sancionadas, aun cuando su finalidad evidente sea posicionar su imagen frente al electorado.
El resultado es un marco normativo que ha quedado rebasado por la innovación política de los partidos. Las campañas anticipadas se desarrollan a plena vista de todos, pero dentro de un espacio de incertidumbre jurídica donde las autoridades electorales encuentran serias dificultades para intervenir. El problema ya no consiste únicamente en determinar si existe promoción anticipada, sino en garantizar condiciones equitativas de competencia y transparentar el origen de los recursos que financian estas actividades.
En un país donde la infiltración de recursos de origen ilícito en la política representa una preocupación permanente, la ausencia de controles efectivos sobre estos procesos constituye un riesgo para la integridad del sistema democrático. El dinero que ingresa sin mecanismos adecuados de supervisión puede traducirse posteriormente en compromisos políticos, decisiones de gobierno o redes de influencia difíciles de desarticular. No se trata únicamente de un problema electoral, sino de uno de calidad democrática y de fortalecimiento institucional.
La discusión, por tanto, trasciende la conveniencia de prohibir o permitir estos mecanismos de selección interna. El verdadero desafío consiste en actualizar el marco legal para que los procesos partidistas no se conviertan en campañas paralelas sin controles efectivos. Mientras ello no ocurra, las autoridades electorales continuarán enfrentando límites jurídicos para actuar y los partidos políticos seguirán aprovechando una regulación insuficiente que, hasta ahora, ha beneficiado a quienes tienen mayores recursos, mayor exposición pública y mejores condiciones para anticipar la competencia electoral.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC