Por Javier Agustín Contreras Rosales. Publicado en ContraRéplica.
En este país donde todo se confunde y poco se aclara, los últimos días nos han dejado una cadena de hechos que retratan con precisión el momento político que vive México, inmerso en sus propias contradicciones.
Por un lado, tenemos una presidenta que opta por asistir a la clausura del Mundial 2026 en Nueva Jersey, por invitación de Donald Trump bajo el argumento de un acto diplomático, sin haber asistido a la apertura en el ex-Azteca para apoyar a su selección; y por el otro, la pérdida de tiempo que representa que la misma presidenta, de forma personal, trate de desacreditar a tiktokers incómodos, como lo es Natalia Torres.
La reflexión de la catedrática recupera una preocupación del antiguo como la propia democracia; pensadores como Sócrates advirtieron sobre los riesgos de una ciudadanía que decide sin información ni formación cívica, pues una democracia sin ciudadanos críticos puede quedarse a merced de los demagogos y oportunistas, lo realmente importante es poner en el debate público la importancia de fortalecer la educación cívica para que cada decisión electoral sea producto de información y reflexión, sin que esto constituya una limitación para ejercer el voto.
Dentro de estas contradicciones, lo que es verdaderamente trascendental, no es el viaje, sino la manera en que hoy se está ejerciendo el poder y la forma selectiva de escoger lo temas a discutir en las mañaneras. Y para muestra un botón: lo podemos ver con lo sucedido hace apenas unos días, cuando fue detenido el exgobernador de Baja California Sur, Ernesto Ruffo Appel por hechos relacionados con el huachicol fiscal; a simple vista, cualquiera podría pensar que se trata de una acción que merece reconocimiento hacia la autoridad que logro su aprehensión; pero cuando se observa el contexto completo, la realidad parece distinta.
Si hacemos un análisis crítico; sin querer exculpar a nadie, cuestionando la imparcialidad del ejercicio de la justicia; el hecho que uno de los detenidos sea precisamente una de las figuras históricas del Partido Acción Nacional, no deja de llamar la atención ya que su triunfo en 1989 marcó el fin del totalitarismo priista, aunado a que actualmente es integrante de la dirigencia del naciente partido Somos México, lo cual como diría de forma coloquial Santiago Creel, esto genera «sospechosismo» y permite fortalecer el debate inevitable sobre la imparcialidad con la que hoy se imparte justicia en nuestro país, que se refuerza si vemos la forma inusual con la que se gestionó la integración de su nombre en la lista de supuestos implicados, donde un juez de carrera en primera instancia negó su integración y fue solo a través de solicitar a una juez de elección popular que otorgara la orden de captura en tan solo un día.
Sin embargo, mientras un integrante de la oposición es detenido, otros personajes señalados, denunciados e incluso requeridos por autoridades de los Estados Unidos hasta ahora no han enfrentado procesos similares, dejando que los ciudadanos perciban que están siendo protegidos por el gobierno. Esa es la realidad. Y esa realidad debería preocuparnos a todos; ya que no podemos pasar de largo que mucho antes de Ruffo Appel, fueron implicados y denunciados por sus supuestos vínculos con las redes del huachicol, miembros relevantes del actual gobierno como lo son Rocha Moya, Inzunza y el exsecretario de gobernación y actual Senador de la República, Adan Agusto.
Vale la pena preguntarnos: ¿Dónde está la justicia? ¿En qué momento dejamos de aplicar la ley para comenzar a aplicarla según la conveniencia política? ¿Quién decide quién es culpable y quién merece protección? ¿La ley o los intereses del partido en el poder?
Porque cuando la justicia deja de ser imparcial, deja de ser justicia y cuando los tres poderes responden a los intereses de un grupo, deja de existir la democracia donde uno de sus principios es el sistema de pesos y contrapesos que equilibran el poder.
Mucho cuidado. La historia latinoamericana nos ha enseñado que los retrocesos democráticos nunca llegan de un día para otro. Se construyen poco a poco, normalizando los excesos del poder y justificando cada decisión con un supuesto bien mayor, donde se glorifica y el sistema productivo se condena, mientras la riqueza pasa a la nueva elite partidista del Estado.
No vayamos a terminar como Venezuela. O peor aún, como Nicaragua, donde Daniel Ortega ha terminado por consolidar un régimen en el que las elecciones han sido suspendidas indefinidamente ya que los procesos electorales ponen en riesgo el control del oficialismo, sepultando la posibilidad de la alternancia democrática.
Por eso la pregunta es inevitable: ¿estamos a tiempo de corregir el rumbo este 2027? o simplemente ya aprendimos a normalizar aquello que antes nos indignaba, pero ahora aplaudimos.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC