Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en ContraRéplica.
En un entorno donde la información circula a velocidad vertiginosa, pretender responder a todo —y hacerlo desde el control absoluto del discurso— no solo resulta inviable, sino políticamente costoso. La sobreexposición comunicativa, lejos de fortalecer el liderazgo, puede terminar por exhibir contradicciones, debilidades y tensiones internas del poder. En este contexto, la presidenta enfrenta el desafío de conciliar el ejercicio del gobierno con una narrativa ideológica que busca mantenerse como pilar identitario, aun cuando diversas decisiones parecen ir en sentido contrario.
El primer episodio que ilustra esta tensión es el aterrizaje, en días recientes, de un avión del Ejército de Estados Unidos en un aeropuerto mexicano. El hecho, por su naturaleza, generó especulación inmediata, pues evoca implicaciones sensibles relacionadas con soberanía y cooperación en materia de seguridad. La presidenta explicó que se trató de un vuelo autorizado desde octubre del año pasado, vinculado exclusivamente a actividades de capacitación, y subrayó que no implicó la presencia de tropas ni operativos conjuntos.
Sin embargo, la controversia se intensificó cuando se cuestionó por qué no se solicitó autorización del Senado. La respuesta presidencial fue tajante: no existía obligación alguna, dado que no se trataba del ingreso de fuerzas militares extranjeras. Aun así, el contexto regional complejiza el asunto. En semanas recientes, desde Estados Unidos se ha insistido en la posibilidad de realizar acciones más directas contra grupos del crimen organizado, incluso mediante operativos en territorio extranjero. Aunque la presidenta ha negado de manera reiterada cualquier posibilidad de presencia militar estadounidense en México, el mensaje externo coloca al discurso soberanista bajo permanente escrutinio.
Un segundo caso refuerza esta percepción de disonancia. La entrega a autoridades estadounidenses del ex atleta olímpico Ryan Wedding, acusado de vínculos con el crimen organizado, fue presentada por el gobierno mexicano como una entrega voluntaria. No obstante, versiones del abogado defensor y de medios estadounidenses apuntan a que el deportista fue capturado y que en el operativo habrían participado fuerzas de seguridad de Estados Unidos. La presidenta volvió a negar de forma categórica dicha intervención, reiterando que no permitiría acciones de ese tipo en territorio nacional. El problema, sin embargo, no es solo el hecho en sí, sino la coexistencia de narrativas contrapuestas que erosionan la consistencia del discurso oficial.
El tercer episodio se relaciona con los envíos de petróleo a Cuba, una práctica cuestionada por la opinión pública. En un primer momento, la presidenta señaló que cualquier decisión correspondía exclusivamente a Pemex. Un día después, matizó su postura al afirmar que la ayuda humanitaria a Cuba continuaría, como parte de una tradición solidaria de México, aunque aclaró que dependería de una solicitud formal del gobierno cubano y de la determinación final de la empresa productiva del Estado. Posteriormente, trascendió que la decisión mexicana estuvo influida por la advertencia del gobierno estadounidense de imponer aranceles a quienes continuaran suministrando petróleo a la isla.
Estos episodios, analizados en conjunto, revelan un patrón: el esfuerzo por sostener una narrativa de soberanía e independencia convive con decisiones condicionadas por presiones externas, particularmente de Estados Unidos. Desde una lógica política, la legitimidad del poder no solo se construye a partir del discurso, sino de la congruencia entre palabras y acciones. Cuando esa congruencia se rompe, el relato pierde eficacia y se convierte en un factor de desgaste.
Las conferencias matutinas, que durante años funcionaron como un mecanismo eficaz de control de agenda y movilización simbólica, comienzan a transformarse en un espacio donde las contradicciones se hacen visibles. Más que fortalecer la autoridad presidencial, la exposición cotidiana termina por colocar a la presidenta como el principal pararrayos de decisiones que deberían ser explicadas por las instancias responsables, particularmente en materia de seguridad y política exterior.
Ante este escenario, el gobierno enfrenta una disyuntiva clara: o bien redistribuye los costos políticos, permitiendo que los responsables directos expliquen y asuman las decisiones, o bien reduce la sobreexposición presidencial en ejercicios que hoy amplifican la presión de la agenda informativa. Insistir en un control rígido de la narrativa, cuando los hechos desbordan al discurso, puede resultar contraproducente.
El problema central no es la defensa de la soberanía como principio, sino su uso discursivo cuando, en la práctica, las decisiones revelan márgenes de maniobra cada vez más estrechos. La paradoja es evidente: en el intento por preservar legitimidad mediante el control del relato, el poder termina erosionándola. Para cualquier gobierno, pero especialmente para una presidencia que busca afirmarse, el desafío no está en decirlo todo, sino en decir menos, decir mejor y, sobre todo, decirlo con coherencia.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC