Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en ContraRéplica.
La corrupción en México ya no es un fenómeno oculto: hoy es visible, recurrente y, pese a ello, persistentemente impune. El actual gobierno ha exhibido más casos en la esfera pública —como el huachicol fiscal o la red conocida como “La Barredora”, donde incluso aparecen involucrados liderazgos del propio movimiento gobernante—; sin embargo, esa mayor exposición no se ha traducido en mejores resultados. El discurso oficial sostiene que no hay intocables, pero los hechos parecen indicar lo contrario. A pesar de la narrativa de combate frontal, el país continúa estancado en su lucha contra la corrupción.
Los datos internacionales refuerzan esa percepción. En el índice de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 141 de 182 países, con una calificación de 27 sobre 100 puntos posibles. Es decir, prácticamente se ha mantenido en la misma posición durante los últimos tres años, lo que confirma un desempeño deficiente en la materia.
Algunos ejemplos ayudan a entender el problema. Esto ocurre a pesar de los intentos institucionales por reforzar la lucha anticorrupción. Uno de los casos más emblemáticos es el del huachicol fiscal, en el que están involucrados miembros de la Marina, entre ellos dos sobrinos del exsecretario de la institución, el almirante Rafael Ojeda. La red habría obtenido ganancias cercanas a 600 millones de pesos. A pesar de que hubo detenciones —seis elementos involucrados, cuatro detenidos y dos prófugos— el número de detenciones parece menor frente al tamaño de la operación.
La situación se vuelve aún más delicada por la difusión de audios en los que se informa directamente al secretario de Marina del gobierno de López Obrador sobre la existencia de la red de huachicol fiscal dentro de la propia institución. En dichos audios el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar le expone el caso y el secretario Ojeda le solicita que presente la denuncia por escrito. En la conversación, el propio secretario plantea abiertamente el dilema: “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”.
Posteriormente, el contralmirante Guerrero sostuvo una reunión con el actual secretario para informarle sobre el caso, Raymundo Pedro Morales. Semanas después de ese encuentro, Guerrero fue asesinado en Manzanillo.
Al preguntarse si habría investigaciones tras la revelación de los audios, la presidenta señaló que no existían líneas de investigación contra el exsecretario ni el actual secretario y que la indagatoria se concentraba en la red de huachicol fiscal. Además, afirmó que el propio almirante Ojeda había denunciado los hechos en su momento.
Sin embargo, estas revelaciones al menos debieron abrir la posibilidad de no descartar ninguna línea de investigación y llegar hasta las últimas consecuencias, lo que incluiría revisar la responsabilidad de los mandos que tenían la obligación de proteger la vida de quien denunció. La respuesta institucional se limitó a acotar el alcance del caso.
No es el único episodio. Un proceder similar se observó en Tabasco con el caso de Hernán Bermúdez: la eventual responsabilidad política del gobernador, Adán Augusto López, que lo nombró fue descartada al señalarse que no existían investigaciones en su contra.
Otro ejemplo surge con el libro recientemente publicado por Julio Scherer, en el que se denuncian presuntos vínculos entre el jefe de asesores de la presidenta y el llamado “rey del huachicol”, Sergio Carmona. La presidenta declaró que no leería el libro y sostuvo que debía ser consecuente porque representa a un movimiento. A su vez, la Secretaría Anticorrupción pidió al autor presentar denuncias formales, argumentando que la institución no investiga “narrativas”.
Libros y literatura
El problema es particularmente grave porque se pide a los ciudadanos denunciar la corrupción cuando, como mostró el caso del contralmirante Guerrero, hacerlo puede implicar riesgos personales en un sistema que no protege eficazmente a los denunciantes. Así, la lucha anticorrupción queda atrapada en una paradoja: se exhorta a denunciar, pero no se generan condiciones de seguridad ni consecuencias institucionales claras.
Tal vez ahí radique la dimensión más preocupante del caso mexicano. No se trata únicamente de la existencia de corrupción —un fenómeno histórico— sino de la incapacidad institucional para investigarla hasta el fondo cuando alcanza a figuras relevantes. Cuando las investigaciones se detienen en los niveles intermedios y no ascienden en la cadena de responsabilidad, la sanción pierde efecto y la legalidad se vuelve selectiva. El resultado es una regresión institucional: estructuras públicas incapaces de castigar la corrupción de manera consistente y, por ello, cada estrategia termina produciendo el mismo resultado.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC