Por Armando Alfonso Jiménez. Publicado en El Heraldo de México.
El ejercicio del gobierno requiere, además de buena organización, de la formulación de un plan, de programas con objetivos, metas y estrategias
El ejercicio del gobierno requiere, además de buena organización, de la formulación de un plan, de programas con objetivos, metas y estrategias, así como mecanismos de seguimiento de acciones y de evaluación de resultados.
Todo viaje ocupa de una hoja de ruta para que el trayecto se realice de la mejor forma y se llegue al rumbo deseado.
Dentro de los significados de la palabra “Plan” destaca el relativo a “Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla”.
Es oportuno recordar que fue la Unión Soviética el primer lugar donde se adoptó un plan que comprendía los 5 años del período gubernamental respectivo.
En México, la planeación ha cobrado relevancia en las últimas décadas: con la expedición del Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y después con los Planes Nacionales de Desarrollo.
La planeación se encuentra dentro del llamado “Contenido económico de la Constitución” y está prevista en el apartado A, del artículo 26. Su reglamentación se ubica en la Ley de Planeación que data de 1983.
Las características de la planeación en México de acuerdo con el texto constitucional son las siguientes:
· Sistemática, porque comprende un conjunto de reglas y principios articulados que buscan alcanzar la culminación de ciertas finalidades para el desarrollo nacional.
· Democrática, por virtud de que se incluyen los puntos de vista y las aspiraciones y las demandas de los sectores público, privado y social, los cuales tienen la oportunidad de hacer valer su voz en foros de consulta previos a la formulación del Plan.
· Nacional, debido a que recoge las necesidades más sentidas de la población de todas las regiones y todos los estados de la República.
También resulta interesante mencionar las cuatro etapas que abarca el proceso de planeación: formulación, instrumentación, control y evaluación.
Es el Poder Ejecutivo el responsable de conducir ese proceso y esto obedece principalmente a que el Plan Nacional de Desarrollo es obligatorio para la administración pública federal y, por tanto, sus dependencias y entidades tienen el imperativo de efectuar todo lo contemplado en dicho plan.
Una vez formulado el Plan, el Ejecutivo Federal lo remite a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación. El Congreso de la Unión, dentro de las facultades de auditoría y control, considera como parámetro de fiscalización, de manera muy importante, el contenido del Plan Nacional de Desarrollo.
En un país como México, donde hay mucha pobreza que combatir en todo su territorio, es crucial tener una visión federalista: tomar muy en cuenta la voz y los requerimientos de las entidades federativas, de los municipios y de los pueblos indígenas.
En la medida que nuestro país cumpla cabalmente los propósitos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas especiales que se derivan de este valioso instrumento, estaremos más próximos a un mejor y promisorio porvenir.
POR ARMANDO ALFONZO JIMÉNEZ / CONSTITUCIONALISTA / @ARMANDOALFONZO