Por Manuel Cifuentes Vargas. Publicado en Integridad Ciudadana.
4. Sanciones a partidos políticos por violaciones normativas de candidatos.
Después de concluidos los procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral sanciona por lo general a los partidos políticos, y excepcionalmente a los candidatos que infringieron la normativa electoral. En el terreno de las multas, normalmente aplica la totalidad de éstas a dichos institutos políticos, y cuando lo llega a hacer también a los candidatos, lo hace únicamente con un porcentaje del total de la multa y el resto al partido político que lo postuló para el cargo de elección popular.
Sobre el particular, surgen algunas interrogantes. ¿Por qué tiene que multarse a los partidos políticos y no a los candidatos? Ciertamente los partidos políticos los abanderan; pero estos órganos políticos no son los directamente responsables política ni financieramente de las campañas político-electorales que llevan a cabo los candidatos en busca del voto. ¿Por qué tienen que pagar los partidos políticos las consecuencias normativamente negativas de los candidatos, si estos entes políticos no violaron las normas, ni son los culpables de la transgresión de éstas por parte de los candidatos? Los que cometieron las infracciones a la norma son los candidatos. Luego entonces, si ellos son los desobedientes, pues a ellos son a los que se les debe sancionar.
De momento, me parece que es la única forma de hacerlos entender; comprender; que tomen conciencia y tengan en cuenta las consecuencias del no respetar la normativa, dice la voz popular, “para meterlos al redil”, al saber que ellos serán los que cargarán con las multas que se produzcan por su campaña, por lo que deben estar obligados a respetar las normas.
Me parece correcto que se sancione a los partidos políticos cuando éstos son los que cometieron las faltas a las normas, como es el caso del ejercicio del gasto ordinario de su operación; pero considero incorrecto que se les multe a los partidos cuando los que cometen las infracciones son directamente los candidatos.
Ciertamente los partidos los postulan como sus candidatos, y aunque con las directrices políticas generales de los partidos, son los candidatos los que integran y organizan su equipo de campaña, planean, programan, elaboran sus estrategias, tácticas, formulan sus agendas, contratan los bienes propagandísticos, servicios y demás apoyos que necesitan para realizar su trabajo y llevan a cabo sus campañas político-electorales, las cuales quedan bajo su total responsabilidad, solo con el respaldo, orientación y apoyo que les brindan los partidos políticos.
Muchas de las veces los candidatos se confían en que los partidos políticos serán los que pagarán las multas por sus faltas normativas, y por eso no les preocupa ni importa el violentar las normas durante sus campañas, ya que los que “pagarán los platos rotos” son los partidos políticos, y por eso lo hacen. Incluso en ocasiones los candidatos preguntan que si hacen u omiten algo que probablemente no encaje bien en la normativa, ¿a quién pueden sancionar?, y como saben o les dicen que a los partidos políticos, pue como indica el dicho popular, pues “se avientan” a hacerlo, aún a sabiendas del riesgo y con la esperanza de que no sea detectado el acto o evento, y total, si es observado, pues ni modo, que lo asuma el partido político.
Y al terminar las campañas, hayan ganado o no, ellos se quedan tranquilos y se lavan las manos, dejando a los partidos políticos, como dice la voz popular, “colgados de la brocha”, cargando en sus hombros con todas las multas y, por si esto fuera poco, además con el deterioro de su imagen, al momento en que el INE determina y da a conocer las multas, al presentarlos como violadores de la norma y, por lo tanto, acreedores a las cuantiosas multas.
También se dan casos en que los candidatos nombran a sus representantes financieros porque lo exige la norma, pero en la práctica ni en cuenta, pues solo son tomados en consideración para hacer los contratos y/o convenios correspondientes, llevar el registro contable, rendir los informes de campaña y atender las observaciones del órgano electoral, pero hasta ahí; y los hay que en la práctica incluso ni administran los dineros de las campañas de los candidatos; porque en los demás temas de la campaña ni son tomados en cuenta; ni siquiera para formular las agendas correspondientes, a fin de que lo que se vaya a realizar esté dentro de la normatividad de la fiscalización.
Muchas de las veces se acuden a ellos, dice el refrán popular, “a toro pasado”, ya que se hicieron o dejaron de hacer las cosas, para que vean la forma de justificarlo. Algunos llegan a decir que ellos están para hacer política dentro de su campaña, no para atender la fiscalización, y que ahí se las arreglen los representantes financieros y sus áreas administrativas. Pero se les olvida que, por descuidar la observancia de esta normativa, además de multas, también hay sanciones políticas por incumplir con esta normativa de fiscalización que, aún ganando la elección, se las pueden quitar, y hay varios ejemplos de ello.
Es la razón por la que, por lo general, los representantes financieros se quejan y lamentan de los candidatos, porque los ignoran, en sus recomendaciones normativas, cuando que debería ser una figura importante dentro de la estructura y organización de los equipos de las campañas electorales de los candidatos.
Lo anterior sucede en la práctica, no obstante que hay partidos políticos que, viendo a futuro y con el fin de evitar el desaseo normativo y hacer el esfuerzo por realizar las mejores campañas limpias posibles, porque se proponen no tener sanciones, ya que éstas los afectan, preventivamente dan los cursos de capacitación destinados a los candidatos y a su equipo de trabajo, pero muchos de los candidatos ni asisten a estos cursos, mandando solo a su gente a tomarlos.
Con este criterio de aplicar las multas a los partidos políticos, a los que afectan directamente es a estos institutos en su imagen y en sus finanzas al tener que asumir la carga de las sanciones, que ya de por sí varios de ellos andan sufriendo por el dinero, pues les repercute en su operación y trabajo político. Y es que a menudo quedan más empobrecidos financieramente después de las campañas, y todavía tienen que cargar con las multas de los candidatos. Y, como expresa la vox populi, “para acabarla de amolar”, el órgano electoral a veces se las hace efectivas y descuenta, sin avisarles, de la ministración mensual que les corresponde, dejándolos en el sufrimiento financiero por lo menos durante el mes en que les aplicó el descuento para cumplir con sus obligaciones presupuestales ya comprometidas. Por ello, estimamos conveniente y saludable que se les informe con buena anticipación los descuentos por concepto de multas, a efecto de que tomen las previsiones financieras del caso.
Manuel Cifuentes Vargas, Doctorante en Derecho por la Facultad de Derecho. UNAM. Miembro fundador de Integridad Ciudadana, A. C.