Por Viviana Islas Mendoza. Publicado en ContraRéplica.
Para mi querida Anabel, no sólo por darnos insumos
sino por senbilizarnos de lo que poco se habla.
La historia de México no puede entenderse sin reconocer que los pueblos indígenas y sus comunidades, desde la conquista y hasta nuestros días, han sido discriminados, despojados de sus tierras, violentados y marginados de la vida política, social y económica de la nación.
El Estado mexicano está jurídicamente obligado y políticamente comprometido en el discurso a asegurar el pleno ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de sus culturas, no como una concesión, sino como un mandato constitucional y un acto de justicia histórica. En este sentido, en vísperas de una reforma electoral, en esta primera entrega a manera de antecedentes haré una remembranza de la lucha de nuestros pueblos originarios para que se garanticen su representatividad política.
El 16 de febrero de 1996, el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional suscribieron los Acuerdos de San Andrés, en los cuales se establecieron las bases para una transformación profunda del Estado y de sus relaciones con los pueblos indígenas, uno de los compromisos fue construir un nuevo marco jurídico que reconociera a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho, dotados de libre determinación y autonomía.
En 2001, se reactivó la agenda indígena en el poder legislativo, en la cual emano una reforma constitucional al artículo 2°en donde se reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación y autonomía.
La reciente reforma de 2024, reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas como sujetos de derecho público. En este sentido, la reforma de 2001 y 2024 contienen exactamente el mismo enunciado sobre la representación política indígena. Se establece como un ejercicio de autonomía, en la fracción III del inciso A, el derecho a “…acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados…”.
No obstante, los pueblos indígenas requieren no sólo del reconocimiento de sus derechos sino también de los mecanismos y garantías para ejercerlos.
Ante la ausencia de un marco jurídico constitucional y legal que garantice la representación política de los pueblos indígenas, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, han recurrido a medidas para garantizar su representación. En 2004 el Instituto Federal Electoral (IFE), llevó a cabo una redistritación electoral con el propósito, entre otros, de dar cumplimiento al artículotercero transitorio de la reforma al artículo 2° constitucional de 2001. En este sentido elIFE aprobó la nueva demarcación electoral de los 300 distritos uninominales. Dentro de estos creó 28 distritos indígenas con una población indígena de 40 % o más respecto de la población total del distrito correspondiente. Dicha estrategia fue implementada en los procesos electorales de 2006, 2009, 2012 y 2015.
En 2017, ante la persistente omisión legislativa, las autoridades electorales establecieron que un distrito indígena debía concentrar al menos el 60% de población indígena con respecto al total de la población del distrito electoral correspondiente, aumentaron a 13 distritos indígenas, en los que los partidos políticos debían postular de manera obligatoria únicamente personas indígenas, entre otras.
En los procesos electorales subsecuentes, el INE implementó acciones afirmativas de carácter progresivo: incrementó, mediante la redistritación, el número de distritos electorales con alta concentración de población indígena; estableció medidas que obligaron a los partidos políticos y a las coaliciones a postular un mayor número de fórmulas de candidaturas indígenas por ambos principios y, en el proceso electoral más reciente, incorporó por primera vez una acción afirmativa orientada a promover la representación indígena en el Senado.
El Ejecutivo Federal está por presentar una iniciativa para la reforma electoral, la clase política tendrá una gran oportunidad para garantizar el derecho a la representación política de pueblos y comunidades indígenas, conforme a sus referentes culturales y subsanar esta gran deuda histórica. La propuesta en la siguiente entrega.
Viviana Islas Mendoza Colaboradora de Integridad Ciudadana, Consejera Local del INE Estado de México, Especialista en Administración Pública Municipal, Politóloga por la UAM, con estudios de posgrado en Políticas Públicas y Derecho Parlamentario. @VivianaIslasM @Integridad_AC