Por Viviana Islas Mendoza. Publicado en ContraRéplica.
-A los hombres y mujeres valientes que dan su vida por la Nación.-
El día de hoy será presentada oficialmente la tan esperada reforma electoral por parte del ejecutivo federal. En mi entrega pasada hablé sobre la lucha de nuestros pueblos originarios a fin de que el Estado reconozca sus derechos y con ello garanticen su representatividad política.
En esta ocasión compartiré una propuesta a fin de que las medidas afirmativas trasciendan a leyes, que no se queden en simples exhortos o simulaciones y que la población indígena que representa más del 21% de la población total en el país se vea reflejada en la integración del Congreso de la Unión.
En este sentido, en primer lugar, sería redefinir el principio de representación política indígena a partir de un criterio explícito de proporcionalidad poblacional, aplicable a todas las instancias de poder y de toma de decisiones del Estado. Desde esta perspectiva, la representación indígena no debe concebirse como una medida excepcional, transitoria o meramente correctiva, sino como una obligación democrática que deriva directamente de la estructura demográfica del país. Este enfoque permitiría superar el paradigma de las acciones afirmativas mínimas y avanzar hacia un modelo estructural de representación política.
Por ejemplo, partiendo qué población indígena representa el 21.5% de la población, en la Cámara de Diputados 98 escaños deberían ser ocupados por ciudadanos indígenas (43 de representación proporcional y 65 de mayoría relativa), a fin de garantizar la representación demográfica con la representación política.
En segundo lugar, establecer que la selección de las personas indígenas que ocupen cargos de representación en el Congreso se realice a través de los sistemas normativos internos de los propios pueblos y comunidades indígenas, sin la mediación de los partidos políticos. Partiendo de que los partidos políticos han operado como actores que restringen y condicionan el acceso efectivo de la población indígena a los espacios de poder, ya sea mediante la captura de candidaturas, la simulación de la representación o la asignación de posiciones políticamente marginales.
Lo anterior, permitiría fortalecer los principios de autonomía, libre determinación y autogobierno reconocidos constitucionalmente, al tiempo que favorece una representación política más legítima y sustantiva, directamente vinculada con los pueblos y comunidades.
Finalmente, establecer un régimen de responsabilidades y sanciones efectivas para los partidos políticos, coaliciones, candidatas y candidatos que, de manera directa o indirecta, usurpen los espacios de representación política reservados a personas indígenas. La ausencia de consecuencias jurídicas claras frente a estas conductas ha favorecido prácticas de simulación, particularmente mediante la postulación de personas no indígenas, en candidaturas destinadas a personas indígenas, lo que vacía de contenido el derecho colectivo a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas. Ante cientos de ejemplos de casos verídicos, las sanciones deben darse en todas las etapas del proceso electoral, y deben ser desde económicas para los partidos, hasta nulidad de la candidatura e inhabilitación de poder aspirar a un cargo público.
En días pasados se filtró una propuesta de reforma electoral en la que se considera el aumento de número de diputados para la representación de los migrantes, pero los pueblos indígenas nuevamente no están considerados, es lamentable que sólo se utilice el bastón de mando para legitimar pero que en la realidad siguen en la marginalidad, aún hay tiempo para saldar esa deuda.
Viviana Islas Mendoza. Colaboradora de Integridad Ciudadana, Consejera Local del INE Estado de México, Especialista en Administración Pública Municipal, Politóloga por la UAM, con estudios de posgrado en Políticas Públicas y Derecho Parlamentario. @VivianaIslasM @Integridad_AC