Armando Alfonzo Jiménez / Columna invitada / Opinión El Heraldo de México
El gobierno de los municipios es el más cercano a la comunidad y también están expuestos a la cooptación por parte del crimen organizado
Desde hace varios años, uno de los temas más sentidos de la sociedad mexicana es el tema relativo a la seguridad pública. El Estado cuenta con el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza pública. Ninguna persona, por mano propia, puede ejercer violencia.
Luego entonces, el poder público es el responsable de brindarnos la seguridad y la protección debida. En muchas ocasiones, la impunidad, es decir, la falta de sanción a quien transgrede la ley, es uno de los factores que influye para no contar con referencias que fortalezcan nuestro sistema de seguridad pública.
En términos del artículo 21 de la Constitución General de la República la seguridad pública está a cargo de la Federación, de los Estados y de los Municipios, lo que implica una colaboración entre los distintos órdenes de gobierno. Este ha sido un problema histórico.
No sólo por la disparidad en la profesionalización de los elementos policiacos de cada orden de gobierno. La Federación cuenta con varias instituciones que inciden en el ámbito de la seguridad pública y, en muchas ocasiones, media la desconfianza entre esas instancias. Otro problema es el alcance territorial.
El gobierno de los Municipios es el más cercano a la comunidad y también están expuestos a la cooptación por parte del crimen organizado. Lamentablemente en nuestro país no se han tomado las medidas necesarias para combatir a la delincuencia “de cuello alto” y las agrupaciones criminales cuentan con grandes recursos para multiplicar sus negocios.
También, de acuerdo con nuestra Ley Suprema, la seguridad pública comprende la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, así como la sanción a las infracciones administrativas. Sin embargo, esas tareas se complican. Para empezar, México tiene un sistema federal, es decir, cuenta con una distribución de facultades entre la Federación, los Estados y los Municipios, los cuales cuentan con recursos y capacidades distintas.
Además, está el tema de las Fiscalías o Procuradurías con naturaleza jurídica diversa. Ha resultado un gran desafió la coordinación y colaboración entre los distintos organismos encargados de la seguridad pública del país. Asimismo, quienes laboran en ese sector desgraciadamente no son bien vistos por la mayoría de la sociedad.
Existe un descrédito por los escándalos en que algunos de sus miembros se han visto envueltos. Sin duda alguna, contar con una adecuada seguridad pública en México es uno de los principales retos por enfrentar. Por razones obvias, el Gobierno Federal debe encabezar la estrategia general para asegurar la seguridad pública del país.
Uno de los aspectos que deben ser tratados con mayor seriedad y profundidad es la prevención de los ilícitos, no sólo con presencia de policías sino con una campaña cívica contra la violencia. Es urgente fomentar intensamente la cultura a favor de la paz.
POR ARMANDO ALFONZO JIMÉNEZ / CONSTITUCIONALISTA / @ARMANDOALFONZO