Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en ContraRéplica.
La detención del alcalde de Tequila generó un amplio debate público. Desde el inicio, los hechos quedaron enmarcados por dos interpretaciones opuestas. Por un lado, la narrativa oficial buscó demostrar que no existen intocables y que la ley puede alcanzar incluso a autoridades del mismo partido. Por otro, se instaló la percepción de un sistema que actúa con retraso: una autoridad que interviene solo cuando el problema se vuelve insostenible y que, más que prevenir, termina reaccionando.
Ahí se encuentra la idea central del caso: la distancia entre la acción gubernamental y la oportunidad de esa acción, es decir, entre la capacidad de castigar y la capacidad de evitar que el daño ocurra.
La Secretaría de Seguridad federal informó de la ejecución de una orden de aprehensión contra el alcalde de Morena, Diego Rivera, acusado de extorsionar a comerciantes en el municipio turístico más emblemático de Jalisco y de mantener vínculos con un grupo del crimen organizado. Junto con él fueron detenidos funcionarios clave de la administración municipal: el director de Obras Públicas, el titular de Seguridad Pública y el encargado de Catastro.
Estas acciones se inscriben dentro del Operativo Enjambre, que desde su implementación ha derivado en la detención de más de sesenta funcionarios municipales en distintas entidades del país, incluidos catorce presidentes municipales de diversos partidos. La carta de presentación del operativo es clara: la federación y los estados pueden coordinarse para impedir que autoridades locales coludidas continúen operando. Sin embargo, el propio caso de Tequila abre una pregunta incómoda: si la coordinación existe, ¿por qué la intervención llega cuando el problema ya se ha consolidado?
El municipio de Tequila resulta particularmente sensible por su visibilidad nacional e internacional. No se trata de una comunidad aislada ni de una región marginal. Desde tiempo atrás se habían hecho públicos diversos abusos: el uso del museo municipal como vivienda del alcalde, el encarcelamiento de reporteros, acusaciones de violencia política contra regidoras y conflictos por cobros excesivos a distintas empresas, incluida la tequilera José Cuervo.
Este perfil contrasta con los casos tradicionales de colusión entre autoridades y crimen organizado, que suelen operar con discreción. Aquí ocurrió lo contrario: el ejercicio del poder fue abiertamente visible. Se denunciaron cobros desde 50 pesos a transportistas turísticos por cada visitante que ingresaba al municipio, hasta la pretensión de exigir decenas de millones de pesos a la empresa tequilera
De ahí surge la pregunta inevitable: si los antecedentes eran conocidos, por qué no se actuó antes. La tardanza institucional no solo compromete la eficacia de la justicia, también erosiona la confianza pública. La intervención ocurrió cuando el conflicto alcanzó dimensiones nacionales y cuando afectó a actores económicos de alto impacto, mientras al mismo tiempo se insistía en proyectar al país como destino seguro para la inversión.
La incertidumbre se profundizó con la solución adoptada. Se designó como sustituta a la regidora Lorena Rodríguez, a quien la oposición percibe cercana al alcalde detenido. Además, al asumir el cargo emitió declaraciones en las que minimizó el problema de la extorsión y pidió un juicio justo para su compañero de partido, lo que no contribuye a generar confianza. En consecuencia, el debate dejó de ser únicamente penal para convertirse en un asunto institucional: no basta con sancionar al responsable, también es indispensable asegurar que quien ejerza la autoridad esté libre de vínculos indebidos y cuente con el respaldo necesario para gobernar.
El caso deja varias enseñanzas. Primero, el Estado necesita intervenir de manera temprana; cuando el control criminal se instala en un municipio, la detención del funcionario es solo el final de un proceso que comenzó mucho antes. Segundo, los mecanismos de sustitución de autoridades deben revisarse, porque cambiar personas sin modificar condiciones puede mantener intactas las redes de poder. Tercero, estas situaciones no pueden tratarse como una simple sustitución de personas: requieren responsabilidad compartida entre niveles de gobierno, ya que la seguridad municipal depende de capacidades que superan al propio ayuntamiento.
Finalmente, también hay una lección para los partidos políticos. La selección de candidaturas no puede justificarse únicamente en mediciones de popularidad ni en decisiones heredadas de dirigencias anteriores. Eludir responsabilidades en la postulación de perfiles con antecedentes cuestionables termina trasladando el problema a la sociedad y al sistema de seguridad.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC