Por Iván Arrazola Cortés. Publicado en ContraRéplica.
“Legislar no es sólo escribir leyes.” Así reza uno de los anuncios institucionales de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los hechos recientes en el Congreso mexicano parecen contradecir por completo esa afirmación. En apenas nueve días, el Poder Legislativo aprobó 16 reformas de gran calado, sin ofrecer un debate amplio, profundo ni técnicamente informado.
Aunque la ley contempla un periodo ordinario de tres meses para discutir y aprobar reformas, este resultó insuficiente para abordar los temas en agenda. Por ello, el oficialismo optó por convocar un periodo extraordinario de apenas poco más de una semana, durante el cual se tomaron decisiones que modificarán de forma estructural el marco jurídico y social del país. Este apresurado proceso legislativo refleja que, en la práctica, legislar se ha reducido a votar con rapidez, dejando de lado la deliberación responsable, el análisis técnico y el debate democrático.
Lejos de un ejercicio de deliberación democrática, el proceso fue acelerado, desordenado y altamente cuestionado. Por ejemplo, la llamada Ley de Ciberseguridad otorga amplias facultades al Estado para rastrear dispositivos, acceder a comunicaciones e intervenir redes sin mecanismos de vigilancia ciudadana efectivos. Si bien se justifica bajo la narrativa del combate al crimen organizado y la autorización previa de un juez, diversos colectivos han advertido que puede derivar en violaciones sistemáticas a la privacidad y al derecho a la libre expresión.
Asimismo, se aprobó la creación de la Agencia Nacional de Transformación Digital, una instancia con atribuciones para regular los contenidos digitales, revisar medios electrónicos y establecer lineamientos para redes sociales y plataformas de streaming. Aunque se argumenta que esto busca proteger los derechos de las audiencias, organizaciones como Artículo 19 y Red por la Libertad de Expresión han alertado sobre los riesgos de censura indirecta y control gubernamental del discurso público.
La aprobación de la Ley de Geolocalización faculta al gobierno para ubicar en tiempo real a cualquier persona, bajo el argumento de combatir la delincuencia. Sin embargo, persiste el debate sobre si esta medida debe estar condicionada a una orden judicial previa. En caso de no requerirse dicha autorización, la normativa podría contravenir los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el plano de telecomunicaciones, la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones le confiere facultades para suspender de manera precautoria transmisiones de medios que presuntamente violen los derechos de las audiencias. Aunque se ha aclarado que esto ocurrirá tras un apercibimiento, el hecho de que los criterios no estén claramente definidos abre la puerta a decisiones discrecionales o motivadas políticamente.
El titular de la Agencia de Transformación Digital ha buscado destacar el lado positivo de estas reformas: mayor conectividad, fortalecimiento de radios comunitarias y acceso a internet para 16 millones de personas.
También persisten serias dudas en torno a la implementación de la CURP biométrica. Si bien se argumenta que esta herramienta permitirá una identificación más eficaz de las personas —especialmente en casos de búsqueda de personas desaparecidas—, diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupaciones legítimas.
Entre ellas destacan los recientes hackeos a bases de datos gubernamentales, el riesgo de robo de identidad y la posible vulneración del derecho a la privacidad. Aunque la finalidad declarada de la ley es humanitaria, el temor de que esta información pueda ser utilizada de forma indebida continúa latente.
Ante este panorama, surgen preguntas clave: ¿cuánto tiempo tomará implementar estos cambios?, ¿a qué se comprometen específicamente las autoridades?, ¿cuándo se verán resultados?, ¿qué mecanismos de control existirán para evitar que estas herramientas se usen en contra de la ciudadanía?
Resulta preocupante que, en un sistema político con fuertes tendencias al centralismo, estos cambios legislativos no estén acompañados de una corresponsabilidad clara con los gobiernos estatales, muchos de los cuales enfrentan las mayores carencias en infraestructura, seguridad y gobernabilidad.
Finalmente, el peor escenario es aquel en el que, a pesar de las transformaciones legales, la violencia persista, la impunidad continúe y las instituciones pierdan legitimidad. Porque si los resultados no llegan, pero el poder del Estado se fortalece sin contrapesos, se corre el riesgo de construir un aparato autoritario con herramientas tecnológicas al servicio del control, más que de la justicia.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC